El País Vasco no cede en exigir más competencias: ahora, la Seguridad Social

Fuentes de la Consejería de Autogobierno confirmaron a ABC que las dos administraciones ya están trabajando en el traspaso de la gestión de los trenes de Cercanías . El Gobierno vasco envió sus alegaciones a la propuesta que previamente había hecho el Ejecutivo central y está a la espera de recibir una respuesta. También es probable que pronto empiecen a hablar de las competencias de Meteorología, de la gestión del litoral o de los fondos cinematográficos. Lo habitual suele ser que los traspasos surjan tras una propuesta de la administración central, pero desde la consejería confirman que han decidido «saltarse el orden» para tratar de «agilizar» el proceso.

Y es que, cuanto antes termine la discusión acerca de esas competencias, antes podrán sentarse a hablar de la Seguridad Social. Este es, probablemente, el traspaso que se considera más importante en el Gobierno vasco en estos momentos. Se trata, de hecho, de un viejo anhelo del PNV, que ya en 2016 aprobó un documento en el que defendía la creación de un Sistema Propio de Seguridad Social y Pensiones. Por eso, a nadie sorprendió que dos días después de que se oficializara el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, el vicelendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, destacara públicamente el «valor simbólico» que tenía la transferencia por demostrar, a su juicio, que la Seguridad Social no es un bloque «monolítico» o «indisoluble».

También lo apuntaba la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, al recordar la «importancia» que tiene el traspaso de este pago, que en otras comunidades gestiona la Seguridad Social. Considera que representa «un gran paso» en la descentralización de esta administración. «Demuestra que nada es intocable y que en la protección social hay espacios compartidos para la gestión integral», aseguraba la consejera. De hecho, fuentes de su departamento recuerdan que ya desde la década de los años 80 del siglo pasado las diputaciones vascas gestionan otras prestaciones económicas no contributivas, como son las de jubilación o invalidez.

Ninguna comunidad autónoma tiene las competencias sobre la Seguridad Social. Su cesión podría chocar frontalmente con la Constitución , al romper el concepto de caja única y el papel exclusivo del Estado en fijar la cuantía y las cotizaciones a abonar a los ciudadanos.

Puntualizan, en todo momento, que lo que se está debatiendo es el traspaso de la gestión de la Seguridad Social y no de la administración en sí. Se trata además de una transferencia que no ven con malos ojos los socialistas vascos, socios de Urkullu en el Ejecutivo autonómico. Idoia Mendia, vicelendakari y hasta este otoño máxima dirigente del PSE, ha asegurado varias veces en público que esta transferencia no es sino «cumplir la ley» y que por eso habría que asumirlo con «normalidad». Además, la vicelendakari siempre ha sostenido que en ningún caso estaría en juego la ruptura de la caja única, porque aunque la gestión se haga en el País Vasco, las pensiones las seguirá «pagando» el Gobierno de España.

Este afán por acelerar traspasos de transferencias responde, en gran medida, a un cierto clima de insatisfacción en el Gobierno vasco . Poco después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, en febrero de 2020, los dos Ejecutivos pactaron un calendario de transferencias que culminaba a finales de este 2022 con el inicio de las negociaciones para el traspaso de la Seguridad Social. Sin embargo, la pandemia se interpuso y, tras acumular numerosos retrasos, a finales de 2021 Urkullu solo había conseguido atraer cuatro de las 33 materias que se habían establecido. De todas ellas, la única realmente de peso era el traspaso de las políticas penitenciarias.

Fuentes del Ejecutivo vasco siguen sin ser excesivamente optimistas al respecto. «Es un tema complejo» , reconocen. La previsión era que en mayo o junio de este año se pudiera iniciar el estudio de este traspaso, pero aseguran que existen serias dudas de que se pueda cumplir con el calendario. De hecho, el traspaso de la gestión de las prisiones, otra competencia peliaguda, debería haberse culminado en marzo de 2021. Sin embargo, ha sido en enero de 2022 cuando el Ejecutivo autonómico ha podido empezar a implantar su hoja de ruta propia en los centros penitenciarios del País Vasco.

No es descartable que con esta transferencia se repita la suerte de calvario que ya han vivido los nacionalistas vascos para hacerse con la gestión del Ingreso Mínimo Vital. La Moncloa se comprometió a transferirlo a finales de 2020. La sorpresa llegó cuando, después de varios retrasos, el ministro José Luis Escrivá sorprendía proponiendo una cesión temporal que no tardó en enfurecer al PNV. Llegaron a decirle a Pedro Sánchez que «estaba en riesgo» el final de la legislatura . Los nacionalistas volvieron a utilizarlo como moneda de cambio en los últimos Presupuestos Generales del Estado y finalmente tuvieron que amagar con una enmienda a la totalidad de la Ley Audiovisual, que retiraron una hora antes de oficializar el acuerdo. Finalmente el traspaso se ha valorado en 187 millones de euros, que el Gobierno vasco restará del cupo anual que paga al Gobierno central.

Ahora que la pandemia ha quedado relegada a un segundo plano, todo apunta a que la intención de Urkullu pasa por utilizar la segunda mitad de la legislatura para ahondar en las reformas y presionar con unas transferencias que los nacionalistas insisten en que son las «incluidas» en el Estatuto de Autonomía. Y en esa presión a Madrid, sigue dando una de cal y una de arena. Hace unos días Iñigo Urkullu se felicitaba por los últimos acuerdos, esperanzado en que la suerte de «montaña rusa» que ha sido su relación con Sánchez durante la pandemia «encuentre un cauce positivo de cara al futuro». Sin embargo, horas después, su consejera Olatz Garamendi recordaba que existe todavía «un inventario de traspasos aún pendientes».