Pablo Iglesias y su exasesora descartan «conflicto de interés» en el caso Villarejo

El escrito, al que ha tenido acceso ABC, trae cuenta de una providencia del juez Manuel García Castellón en el que avisaba a las acusaciones y defensas de que a la luz del giro de los acontecimientos , con el Estatuto de la Víctima en la mano, que compartiesen letrada suponía un conflicto de interés. Según obra en las actuaciones, Iglesias podría haber cometido un delito de revelación de secretos y otro de destrucción de dispositivos informáticos en perjuicio de Bousselham.

Para la defensa de ambos, en esa resolución el instructor «realiza valoraciones ajenas sobre posibles e inexistentes intereses contrapuestos» y lo «más sorprendente aún» es que para evaluar este asunto «se da traslado no sólo al Ministerio Fiscal, sino a las partes que están en el procedimiento como investigados» como «supuesto de garantía de la víctima«.

«Es decir, la providencia sobre supuestos intereses contrapuestos entre las dos personas a las que se les ha ofrecido el ejercicio de acciones y a resultas de dicho ofrecimiento, se han personado como víctimas, viene a dar traslado como supuesto garantía de la víctima a quienes por su obvia posición procesal tienen intereses contradictorios con ésta», señala.

Entiende su letrada que dar así la palabra para que puedan evacuar alegaciones sobre este asunto a «quienes ha venido actuando desde posiciones procesales contrarias, obviamente, excede al meritado Estatuto de la víctima y a cualquier actuación judicial en favor de la víctima».

« Los intereses no sólo no son supuestamente contrapuestos, pues nunca me he dirigido frente a dicha persona, ni ésta frente a mi, sino que somos igualmente perjudicados», dice el recurso, que está parcialmente escrito en primera persona.

Las actuaciones se siguen en la pieza separada número 10 de la macrocausa Tándem, conocida como Dina, que investiga por qué el contenido del móvil que fue robado a la asesora de Iglesias en noviembre de 2015 apareció en la revista Interviú en 2016, fue publicado parcialmente en otro medio de comunicación y después, se encontró en los archivos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo .

A lo largo de un año de investigación, se ha puesto de manifiesto que Iglesias tuvo la tarjeta de memoria de aquel móvil en su poder sin decirle nada a su propietaria y a sabiendas de su contenido durante una horquilla de entre 5 y 36 meses.

Hay controversia sobre el estado en que se encontraba el dispositivo cuando por fin, se lo devolvió . Ella declaró dos veces ante el juez que ya estaba roto y un informe pericias acreditó que su estado era «parcialmente quemado». Al apreciar el juez un posible delito de daños informáticos además de otro de revelación de secretos, Bousselham presentó un escrito matizando su declaración: dijo que al recibir la tarjeta sí funcionaba pero luego se estropeó .

El juez dio instrucciones a la Unidad de Asuntos Internos que trabaja en esta causa para profundizar en el recorrido que pudo tener la tarjeta desde el robo, así como libró providencia para intentar esclarecer el origen y el motivo de los daños de la tarjeta después de que se acreditase, como adelantó ABC, que fue enviada a un servicio técnico donde se le pudo infligir la quemadura parcial que presenta al examinarla.

Mientras, Iglesias ha sido expulsado del procedimiento porque ha quedado constancia de que Bousselham hacía pantallazos de conversaciones en grupos de Telegram y los compartía. Entre esas capturas de pantalla están las de los chats donde Iglesias quedaba en mal lugar y que fueron publicados por un medio digital. Así las cosas, se disipa la fuente: No tuvo por qué ser el comisario Villarejo, cuya presunta intervención fue la que le valió entrar en la causa como perjudicado.