«No había ningún elemento para prohibir un derecho fundamental el 8-M»

Fuentes presentes en el interrogatorio explicaron a su término que dentro de la sala Franco mantuvo una posición similar. Se prestó a responder a cuanto le preguntaron la juez, Carmen Rodríguez-Medel , la Fiscalía, su defensa que ejerce la abogada del Estado Rosa María Seoane y las acusaciones populares desplegadas por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. Durante el interrogatorio, que arrancó puntualmente a las tres y media de la tarde y acabó en torno a las cinco, abordó el modo de proceder a la hora de autorizar o denegar manifestaciones, la información disponible en cada momento o las directrices que pudieran existir.

En concreto, la juez le preguntó si había recibido alguna orden o instrucción de alguna autoridad sanitaria o política tanto de permitir la manifestación del 8-M como de prohibirla, dado que el objeto de la imputación es prevaricación, es decir, una acción u omisión deliberada. De acuerdo a las mismas fuentes, Franco negó taxativamente haber tenido indicación alguna, ni en un sentido ni en otro, es decir, favorable ni contraria, a celebrar la manifestación del Día de la Mujer.

No salió a colación el informe del forense que sitúa en febrero el punto a partir del cual en su departamento ya conocían el riesgo que entrañaba el coronavirus , pero sí han profundizado en la cuestión de la cronología. Según el delegado del Gobierno, la investigación está equivocada cuando dice que el 2 de marzo ya debía tener conocimiento del peligro porque se difundió en Delegación del Gobierno un correo elaborado por la sección de Prevención de Riesgos Laborales con indicaciones de seguridad frente al contagio. Sin embargo, Franco ha afirmado que no recibió aquella información en esas fechas, abriendo la puerta a que hubiese algún tipo de incidencia en su distribución, y que cuando empezó a ser verdaderamente conocedor del peligro fue a partir del 9 ó 10 de marz o al ver las cifras de incremento de contagios.

A partir del día siguiente, el 11, funcionarios del área de Seguridad Ciudadana comenzaron a llamar a convocantes de manifestaciones autorizadas para disuadirles de celebrarlas por motivos sanitarios. Les instaban a cancelar el evento por iniciativa propia y notificarlo a la Delegación, que no los prohibí a, tal y como expusieron los propios involucrados en sus testificales ante la Guardia Civil . Sobre este asunto tampoco se ha profundizado en el interrogatorio, de acuerdo a las fuentes consultadas, dado que será materia de la testifical que ofrezcan los responsables de aquellas llamadas.

En línea con esta posición, Franco afirmó ante los medios que si bien «eventualmente se puede prohibir» un evento, en el caso objeto de la investigación judicial no se daban las circunstancias para hacerlo. «No había ninguna recomendación en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de manifestación», aseguró.

En este sentido, tanto los atestados de la Guardia Civil como el informe del forense concluyen que sí existían esas recomendaciones, que eran conocidas por el Ministerio de Sanidad y estaban igualmente al alcance de la Delegación del Gobierno, pero se omitieron. Fiscalía mantiene en relación a este asunto que efectivamente había información, pero eran eso, «recomendaciones», y por tanto no se puede atribuir a Franco la vulneración de un mandato o una resolución vinculante.

Preguntado por el contenido de esos informes de la Guardia Civil, Franco adoptó una posición de cautela frente a los micros. «Desde el respeto que tengo a la institución, que es muy grande, no puedo estar de acuerdo lógicamente con el informe que han hecho, pero es una valoración ya muy subjetiva» , apostilló. Dentro de la Sala, centró la argumentación en rebatir sus afirmaciones especialmente en lo relativo a las fechas en que tuvo o no conocimiento de los riesgos.

En todo caso, uno de los puntos en los que hizo hincapié ante la juez el delegado del Gobierno es en que no tenía ni tiene competencias en materia sanitaria, argumento esgrimido igualmente por el Ministerio Público. Se trata de un asunto controvertido. La acusación que ejerce la Unión de Oficiales de la Guardia Civil considera que teniendo potestad para obra en materia de orden público, Franco la tiene igualmente para tomar medidas por razones de salud.

Para el Delegado del Gobierno, «se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento decían los expertos sanitarios que se podía hacer». Ante la prensa, destacó que en todo caso, «no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 (de marzo) tuviesen que ver con la manifestación del día 8, entre otros motivos, porque los técnicos y los expertos sanitarios saben que el contagio tarda en manifestarse catorce días».

En esa breve comparecencia frente a los medios, Franco mantuvo ayer una posición más suave a la hora de referirse al procedimiento que la que viene desplegando en su nombre la Abogacía del Estado. La tesis de Seoane es que la juez ha emprendido una «causa general» contra el Gobierno, acometiendo una investigación «prospectiva» en una búsqueda «voraz» de unos indicios de delito de los que en su opinión, adolecía ya la primera denuncia que se presentó ante su juzgado. Preguntado por la primera consideración, el delegado ha rebajado el tono. «No quiero ser tan duro en esa apreciación, me gusta ser cauto y como estamos todavía inmersos en el proceso judicial, me reservo lo de que pueda ser una causa», comentó.

Después de Franco, han testificado el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera ; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz , y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas , que han aportado detalles más técnicos sobre la gestión en este organismo. Hoy se esperan otras 15 testificales.