El forense dice a la juez del 8-M que la «hecatombe sanitaria» se veía venir desde febrero

«Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, un terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque a posteriori es más fácil analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros productivos y no es algo imprevisible, no lo es», zanja el informe.

En esta ampliación del trabajo sobre el impacto de las manifestaciones en los contagios que le requirió la juez Carmen Rodríguez-Medel, el forense, tras analizar la cronología de los hechos y la documentación generada por el Gobierno concluye que «la situación era conocida a la perfección por todos los intervinientes, tanto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa: como por la directora General de Salud Pública, Pilar Azcárraga, el responsable del CCAES Fernando Simón y el propio José Manuel Franco», así como por la Comunidad de Madrid .

Recuerda que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades «lo advirtió claramente» ya el 2 de marzo. «Que hiciéramos planes de pandemia, que el peligro era grande e inminente, que adoptáramos las medidas de distanciamiento social (evitar concentraciones masivas de personas) en ese mismo momento y con independencia de los escenarios epidemiológicos en que nos encontrábamos».

Al hilo de esta afirmación, analiza el documento técnico sobre «medidas no farmacológicas para la contención» del coronavirus elaborado en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón y dice que si en un principio figura que las concentraciones masivas estaban prohibidas en el escenario 2 (transmisión esporádica), en una segunda versión y en la tercera emitida el 28 de febrero lo restringe «sólo» a las zonas alrededor de donde se están dando los casos.

«Es decir, se ha 'abierto la mano', se ha ido en plena expansión de la epidemia, en un momento de gran peligro epidemiológico a una mayor laxitud en el momento de aplicar una medida fundamental, una medida no farmacológica sin la cual la población queda indefensa. Es sorprendente (…) No quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentos en pro de la no cancelación », plantea.

En su opinión, «habría que suspender no sólo esa sino todas las demás convocadas, pero si suspendían las demás no habría argumentos para celebrar esa del 8 de marzo que, precisamente, era mucho más masiva».

De hecho, llama la atención sobre el hecho de que si bien se dio información a los trabajadores para que se protegieran frente a los contagios, «no consta que en ni una sola de las muchas solicitudes de manifestación» recibidas por la Delegación del Gobierno en aquellos primeros días de marzo «se hiciera ni la más mínima mención al riesgo y la seguridad». «No es porque no lo supieran, pues desde el 28 de febrero había información y medidas para la Delegación », afirma.

Respecto al riesgo en sí de contagio en estos eventos, insiste, en línea con lo ya expresado en el primer informe que aportó a la juez, en que «el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí, pues pueden haberse contagiado en cualquier otro lugar, en el transporte público, en un establecimiento o por la calle».

No obstante, advierte de que en estos contextos, «el contagio es grande, aunque sea al aire libre, por el mecanismo de transmisión» del coronavirus. «No por casualidad un número indeterminado de las personas que allí estuvieron, me refiero a ministras y demás personajes públicos, contrajeron la enfermedad », apostilla.

Se refiere además a que en el Gobierno, conocedores del «tsunami que se avecinaba» tomaron la «inteligente» medida de «intentar preservar a los sanitarios, primero retirándoles los permisos para asistir a congresos o cursos de formación», porque «se les quería en sus puestos para cuando llegara la emergencia» y «que estuvieran en perfectas condiciones, sanos, para dar la vatalla».

«Llama la atención que se hiciera esa previsión sanitaria y se continuara permitiendo actividades que a ciencia cierta, provocan difusión de la enfermedad y por ende infectados, enfermos y fallecidos».

«Después de todo lo estudiado, tengo la impresión de que a finales de enero de 2020 había un adecuado conocimiento de la situación y quizá se minimizara el riesgo que el coronavirus entrañaba creyendo o diciendo que era como una gripe », añade, para centrarse en el peritaje sobre el papel que jugó la Delegación del Gobierno: «Si tiene potestad para suspender las manifestaciones, y creo que sí, debería haber suspendido las convocadas y no haber autorizado las nuevas desde el 28 de febrero para dar a los ciudadanos la misma oportunidad de preservar su salud tanto como a los trabajadores ».