Irene Montero ignora los protocolos policiales contra agresiones sexuales de hace una década

Montero ha demostrado que ignora -deliberadamente o no- los estrictos protocolos coordinados entre los organismos que se ocupan de las agresiones sexuales y también la formación especializada que reciben los agentes encargados de investigarlas, encuadrados en la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) en Policía Nacional y en los EMUME (Equipos de Mujer y Menor) en Guardia Civil. No dependen de su Ministerio, sino del de Interior, pero tendrá que trabajar de forma armonizada con unos y otros.

En 2010 ya se firmó un riguroso protocolo de actuación en materia de agresiones sexuales en Madrid, que sigue vigente y que se amplió en 2013. Lo suscribió, entre otros, su compañera de Gobierno, la actual ministra de Defensa Margarita Robles, entonces como vocal del Consejo General del Poder Judicial, y ha servido de guía para elaborar otros posteriores.

«Estamos aquí para ayudarte. Tómate el tiempo que necesites. Tú eres nuestra joya a la que vamos a mimar». Palabras similares son frecuentes cuando una mujer se presenta en una dependencia policial y denuncia que ha sufrido una violación, según uno de los agentes fundadores de los grupos especializados. El citado protocolo -que no mereció la atención de Montero- se activa de inmediato. El objeto es la mejor atención personal y sanitaria de la víctima; la obtención del mayor número de pruebas posibles para identificar y detener al autor; preservar la cadena de custodia de las pruebas recogidas y que el violador acabe sentado en el banquillo. «Si le preguntamos por la ropa que llevaba es por si hay restos biológicos del agresor. Claro que preguntamos, la aportamos para que se analice y la describimos en el atestado», señalan fuentes policiales a ABC.

Cuando Montero habló el viernes de la denuncia y la minifalda, la periodista la interrumpió: «Eso gracias a Dios ya no ocurre en la Policía española». Y ella replicó: «Claro que ocurre. Desgraciadamente está ocurriendo en nuestro sistema judicial que falta muchísima perspectiva de género. Nos lo están diciendo los organismos internacionales».

El SUP aconsejó a la ministra que se informe y que dote a los agentes de más medios. La Unión Federal de Policía (UFP) se refirió a la «ignorancia, el discurso rancio y el desconocimiento absoluto» de Montero y pidió al ministro Grande-Marlaska que la corrija. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) calificó de «mentira» lo dicho por la titular de Igualdad y exigió una rectificación inmediata. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) animó a Montero a denunciar los casos de los que habla.

Será difícil porque la referencia a la dichosa minifalda en relación a una agresión sexual en una dependencia policial solo debe de conocerla Montero. Lo más parecido se recoge en una sentencia de la Audiencia de Lérida de 1989, ya muy cuestionada entonces, en la que se afirmaba que la víctima de abusos «pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario por su vestimenta». Han pasado 31 años.

Pese al notable enfado de policías y guardias civiles, la ministra insistió ayer ante la Comisión de Igualdad en que se sigue culpabilizando a las mujeres cuando «se les pregunta qué estaría haciendo» o «si iban borrachas o vestidas de determinada manera», informa Erika Montañés. PP y Cs le reprocharon sus palabras, pero Montero persistió. «La justicia española tiene sesgos de género y deficiencias serias a la hora de denunciar muchos casos de violencias machistas», dijo. Admitió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son esenciales en la lucha contra la violencia machista. Son quienes tramitan las valoraciones del riesgo al que está expuesta la víctima. «Y las acompañamos en todo el proceso», insisten los agentes. Igual que a las mujeres violadas. Primero se las ayuda y luego se les pregunta, pero no por la ropa.