El Consell de Mallorca hace autocrítica por los 16 casos de explotación sexual infantil detectados en la isla

«Comparezco hoy aquí para dar explicaciones de unos hechos que son muy graves , sí, unos hechos que no han sido provocados por la institución que yo presido, pero de los que tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad, como institución protectora que somos», ha afirmado De Juan. «Todos los que me conocen, saben que yo dimitiría ahora mismo si se acabase la problemática de los abusos sexuales infantiles», ha recalcado. Tras recordar la labor realizada por el IMAS en los últimos años para «paliar el problema», con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía, ha añadido que «está claro que todos tenemos que poner una mayor intensidad para combatir esta lacra». Antes de su comparecencia, han intervenido representantes de diversas entidades sociales.

De Juan también ha indicado que hay menores que en muchas ocasiones se pueden exponer «de forma voluntaria» a situaciones de riesgo, sin que el IMAS pueda encontrar una fórmula de «protección absoluta» que no atente contra su libertad individual y la realización de un proyecto vital normalizado. «Muchos de estos jóvenes ni siquiera son conscientes de que están siendo abusados o explotados», ha señalado, para añadir: «Muchos de nuestros profesionales no tienen las herramientas para detectar estos casos, porque es básico que en los servicios sociales comunitarios, en los servicios de salud y en el entorno escolar se puedan detectar este tipo de casos».

En el Consell de Mallorca gobierna en la presente legislatura, al igual que en el pasado mandato, un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia hoy de la socialista Catalina Cladera. Por lo que respeta a la oposición, está conformada por el PP, Vox, Cs y Proposta per les Illes (PI). Los representantes de dichos partidos se han mostrado este viernes muy críticos con la gestión llevada a cabo en el IMAS . Así ha ocurrido tanto en el primer pleno como en el segundo, que se ha celebrado justo después. Días atrás, ya habían exigido la creación de una comisión de investigación en la institución insular, que en principio fue aceptada por el PSOE. Los socialistas quieren, sin embargo, que se investigue también la época en que el Consell de Mallorca estuvo gobernado por el PP y antes por Unió Mallorquina, formación hoy ya extinta.

Los centros de acogida o tutelados son distintos de los centros de internamiento, tanto por lo que respecta a sus funciones como por lo que afecta a su gestión. En los centros de acogida, su régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados —24 privados y seis públicos—, que, como se ha indicado, son gestionados por el Consell de Mallorca a través del IMAS. En la actualidad, residen en dichos centros un total de 359 menores, si bien el IMAS también tutela a los 700 menores que viven con familias de acogida. Por lo que respecta a los centros de internamiento, son de régimen cerrado para menores con antecedentes. Los tres que existen en Mallorca son gestionados por el Gobierno balear.

La actual polémica en torno a los centros de protección de menores de Mallorca se inició tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. El informe de la doctora que atendió a la niña horas después de la violación señaló que sus lesiones eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. La investigación de este caso continúa aún abierta.

En los dos plenos extraordinarios celebrados este viernes se ha hecho referencia a dicho caso y a otros de abusos o de explotación sexual infantil conocidos estos días. En el segundo pleno, que había sido pedido por el PP y Vox, la presidenta del Consell de Mallorca ha mostrado su apoyo al responsable del IMAS. «Tiene el apoyo de todo el equipo de gobierno y de la presidenta», ha afirmado Cladera. Por su parte, tanto el portavoz del PP en la institución insular, Llorenç Galmés, como el diputado insular de Vox Toni Gili han pedido el cese inmediato de De Juan, al considerar que su gestión estaría siendo muy deficiente.

En este contexto, cabe recordar que la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno balear, Fina Santiago, de MÉS, compareció el pasado martes ante la Diputación Permanente del Parlamento balear, a petición del PP, tras la controversia generada en las últimas semanas por la presunta inacción institucional que habría existido en el Consell de Mallorca y también en el Govern en relación a los casos de explotación sexual infantil y de abusos detectados en el último lustro en Mallorca. Dichos casos sólo se han hecho públicos ahora, a lo largo de este mes de enero.

Durante su intervención, Santiago confirmó que desde 2016 su departamento ha despedido a cinco trabajadores —cuatro mujeres y un hombre— de los centros que gestiona por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. Asimismo, afirmó que el Govern que preside la socialista Francina Armengol habría actuado siempre con la «máxima diligencia» ante situaciones de ese tipo. Por su parte, la oposición exigió la dimisión inmediata de la consejera, quien replicó que no veía necesaria ninguna renuncia.

Paralelamente, los sindicatos policiales SUP, CEP, SPP y UFP expresaron su malestar por algunas afirmaciones hechas por Santiago durante su comparecencia. En un momento de su intervención, Santiago pareció cuestionar la implicación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía en la lucha contra la explotación sexual infantil, si bien al día siguiente la consejera matizó sus palabras y reconoció su labor. Con posterioridad, este jueves, la Fiscalía de Baleares propuso que la Policía y la Guardia Civil pasen a ocuparse de la seguridad en los centros de internamiento, en sustitución de los vigilantes de seguridad privados. Dicha idea fue valorada positivamente por Santiago.

Por su parte, el fiscal coordinador de Menores de Baleares, José Díaz Cappa, ha defendido este viernes que «todo se investiga», en relación a los casos de presunta explotación sexual o de presuntos abusos que se han detectado en estos últimos años. Asimismo, ha destacado que la mayor parte de las investigaciones relacionadas con menores en situación de prostitución están judicializadas.