Moncloa traspasa un impuesto a las CC.AA. por la puerta de atrás para contentar a ERC

El nuevo impuesto estatal se aprobó a finales de marzo, dentro de la nueva ley de residuos, con los republicanos votando en contra, muy enfadados y acusando al Gobierno de robar a Cataluña una competencia que la Generalitat venía ejerciendo (y recaudando) bajo el nombre de canon catalán de residuos. Los socialistas intentaron, sin éxito, aplacar los ánimos de sus socios aceptando que el nuevo impuesto fuera gestionado por las comunidades. Pero tras un periodo transitorio en manos del Estado que comenzaría el 1 de enero de 2023 y sin fecha fijada de fin.

Ahora, el Ejecutivo regala una nueva cesión a su socio y reformará la ley de financiación autonómica de forma urgente para ceder a las comunidades la gestión del impuesto de residuos y la regulación de su tipo impositivo desde el primer minuto (el 1 de enero de 2023). Es decir, eliminando el periodo transitorio durante el que el Estado controlaría la nueva tasa.

Para el Ejecutivo esta reforma supone una importante cesión, aceptada muy a regañadientes por el Ministerio de Hacienda ya que el objetivo de María Jesús Montero era crear un impuesto homogéneo para todo el territorio, como había solicitado la Comisión Europea. Esta petición, la de un impuesto armonizado para el conjunto del Estado, figura en dos informes de alerta temprana publicados por Bruselas, recuerda el PSOE.

Ahora, al permitir que las autonomías regulen el tipo impositivo desde el primer minuto, existe el riesgo de que haya territorios que decidan subirlo y no se logre el objetivo de poner fin al viaje de residuos entre comunidades. Este llamado turismo de desechos es una realidad en nuestro país, donde existen unas diez autonomías que cuentan con esta tasa mientras el resto carece de ella.

Así, tan solo dos meses después de haberse aprobado el nuevo impuesto estatal, el Gobierno ejecuta una reforma para convertirlo en autonómico. Y lo hace, además, por la puerta de atrás. El PSOE ha propuesto la reforma de la ley de financiación autonómica como enmiendas a una ley del Ministerio de Interior con la que nada tiene que ver: la referente a las nuevas normas para facilitar el uso de información financiera para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar infracciones penales.

El Gobierno ha escogido colar el cambio en este texto porque se está tramitando por vía urgente, se encuentra bastante avanzado y quedará aprobado con seguridad antes del 1 de enero del año que viene. Lo jurídicamente apropiado sería que esta cesión se llevara a cabo mediante un proyecto de reforma de la ley de financiación autonómica que, además, está pendiente. Pero esta vía tendría una tramitación mucho más larga, además de que la reforma se expondría a consulta pública, sería objeto de análisis por parte de los órganos consultivos, y el escrutinio de la oposición sería mucho mayor al tener que someterse el texto varias veces a debate y trámite de enmiendas. A ello se añade que el Gobierno no quiere abrir aún el melón de la reforma de la financiación autonómica.

A pesar del esfuerzo del Gobierno, y como le suele suceder cuando negocia con ERC, esta cesión lima asperezas, pero no resulta suficiente. Fuentes de esta formación indican que su aspiración es tener la «competencia plena» sobre el impuesto de residuos y no solo su gestión. Añaden que se trata de un tema «muy sensible» para ellos porque una de las consejerías que ostentan en el Gobierno catalán es la de Acción Climática, de la que depende la gestión de residuos.

El resto de partidos catalanes también pide más al Gobierno. Fuentes del PDECat, socio de Sánchez, señalan que la maniobra de Moncloa «es un paso adelante», pero advierten de que no es lo que les gustaría. «Nos parecería más útil que las autonomías mantuvieran toda la capacidad normativa». Y Junts, socio de ERC en la Generalitat, también aprieta. «No es suficiente. Nosotros entendíamos que se podía modificar la ley de financiación autonómica para mantener la titularidad de Cataluña en el impuesto» , atizan. El Gobierno necesita encauzar su relación con ERC para no ver frenada su agenda legislativa. La semana pasada, no remitió ninguna iniciativa al Congreso.