ERC alimenta la inestabilidad del Gobierno y busca abolir la Ley de Seguridad Nacional

Así, recién incorporado a la comisión de secretos oficiales, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, considera que la actual Ley de Seguridad Nacional «conlleva inseguridad jurídica», «efectos devastadores» para las competencias autonómicas y resulta «innecesaria» además de «omnicomprensiva». Argumenta que bajo el concepto de seguridad nacional «se pueden incluir todas las conductas, actos y acciones que pueden desarrollarse en un Estado de derecho» y que la ley otorga al Gobierno «facultades exorbitantes» y la capacidad de actuar «con carácter arbitrario y discrecional». También carga contra la composición del Consejo de Seguridad Nacional por ser «absolutamente estatalista» al no contar con «ningún tipo de representación autonómica». En esta línea, habla de «expolio competencial» y de «menoscabo a la autonomía política» de Cataluña y el País Vasco. Para repeler este ataque de su socio a una ley que es clave para el Estado, los socialistas esperan contar con el PP.

ERC necesitará más votos a favor que en contra para aprobar la derogación de la ley actual, lo que está descartado gracias al rechazo del bloque liberal-conservador. Pero el no frontal de ERC a que España cuente con un texto para proteger la seguridad nacional, obligará al Gobierno a buscar apoyos fuera del bloque de investidura para reformar la ley actual. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el enamorado que deshoja la margarita, vuelve a depender de los vaivenes y cambios de postura de los republicanos, uno de sus principales socios parlamentarios y el preferido (junto a Bildu) por Unidas Podemos.

En este escenario, el distanciamiento creciente de ERC, ahora por Pegasus, puede poner en duda la agenda legislativa. Y en esa agenda destaca la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que Moncloa pretende impulsar para acabar con la llamada «ley mordaza» del PP. Se trata de una norma enormemente simbólica para la izquierda, que llegó a hacer de su supresión uno de sus principales 'leitmotiv' en las últimas campañas. También para ERC, que consciente de su importancia, congeló esta semana las negociaciones con el PSOE hasta recibir explicaciones satisfactorias sobre Pegasus. Si de aquí a finales de 2023, cuando terminará la legislatura si no hay adelanto electoral, esa emblemática reforma no hubiese sido acometida, sería un argumento de peso para los partidos a la izquierda del PSOE, e incluso, para los socios parlamentarios como ERC, Bildu o el PNV contra Podemos, al que podrían reprochar no haber llevado a cabo una de sus grandes promesas.

Pero además, otras normas pueden quedar en el alero por la nueva actitud de ERC. Es el caso de la Ley de Memoria Democrática, en la que los independentistas catalanes ponen por delante reivindicaciones como el fin de la Ley de Amnistía de 1977, a la que el PSOE ha puesto freno en varias ocasiones. Sería el caso también de la llamada Ley de la Libertad de Expresión, con la que Podemos pretende despenalizar, por ejemplo, las injurias a la Corona. O incluso, aunque su tramitación está más avanzada, la Ley de Vivienda, que solo tras un acuerdo in extremis precisamente con ERC pudo salvar el mes pasado su primera criba en las Cortes, al rechazar las enmiendas a la totalidad de la oposición. De las competencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tampoco hay que perder de vista la reforma fiscal aún pendiente, o la reforma del sistema de financiación autonómica, en la que el partido que posee el Gobierno de Cataluña, como es habitual, tendrá mucho que decir. Una travesía difícil para Sánchez, al que hasta ahora, y aun con votaciones decididas a última hora, le ha sonreído la fortuna.

Los independentistas catalanes, que comenzaron poniendo la «mesa de diálogo» entre Gobierno y Generalitat como elemento imprescindible para que hubiese legislatura, han pasado por varias fases en su relación con Moncloa, influida por las tensas relaciones con su socio en el gobierno autonómico, Junts, mucho más beligerante en sus postulados separatistas. Así, la formación de Pere Aragonès ha pasado de la abstención en la investidura de Sánchez a su no a las últimas prórrogas del estado de alarma; luego a su primer sí a los Presupuestos en 2020, repetido en 2021, y, más recientemente, al sonoro no a la reforma laboral en febrero, que enconó su relación con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un camino en permanente zigzag que suma el rechazo de esta semana al decreto de medidas anticrisis, que el Gobierno sacó adelante el jueves gracias a Bildu.