Más de veinte años de clientelismo político bajo la lupa de la Justicia

En este descarnado archivo sonoro, dos directivos de la empresa pública de abastos exigen a dos empresarios sevillanos 450.000 euros como contrapartida a la concesión de una subvención autonómica para montar una escuela de hostelería. En sus conversaciones aparece el primer intruso, un dirigente del PSOE de Baeza prejubilado en una empresa donde nunca había trabajado. Se intuye ya la red de favores montada con las ayudas para formar a desempleados. Se menciona a Juan Lanzas, el conseguidor de ayudas que acumuló tantos billetes que podía «asar una vaca» con ellos. Pero por encima de todo retumba una frase que es santo y seña de un modelo de entender y ejercer la política durante décadas: «La Junta colabora con quien colabora».

La transcripción de las cintas -que ABC avanzó en exclusiva el 31 de marzo y publicó el 22 de abril de 2009- muestra como un libro abierto la desahogada impunidad con la que el aparato de poder manejaba los fondos públicos para comprar voluntades, financiar favores y fidelizar el voto. Con esta argamasa el PSOE fue edificando sus sólidas mayorías absolutas desde 1990. No parece casual que José Luis Rodríguez Zapatero forzara la dimisión de Chaves con la promesa de una vicepresidencia solo tres meses después de que las cintas fueran depositadas en la Fiscalía de Sevilla por un subordinado del exconsejero Gaspar Zarrías.

El auto del juez Álvaro Martín que cierra la investigación de la rama política de los ERE avala la tesis de Alaya de que la cúpula de la Junta creó una partida ilegal con el exclusivo fin de burlar los controles de la Intervención y favorecer a determinadas empresas y personas cercanas al PSOE .

Las grabaciones dieron pie al caso Mercasevilla. Fueron el origen de los ERE y el punto de partida de un interminable goteo de escándalos que han devenido en complejos sumarios: el fraude de los cursos de formación, el banco público de favores de Invercaria, la trama de las facturas falsas de UGT, el agujero de los avales a empresas, las irregularidades en la gestión de los fondos europeos Jeremie, y así hasta sumar una decena de casos. Treinta juzgados andaluces tratan de averiguar el uso de unos 4.300 millones de euros de fondos públicos sin que ningún juez haya podido determinar todavía a cuánto asciende el quebranto .

Todos los supuestos fraudes son hijos del mismo sistema que va a sentarse en el banquillo. Alaya lo dejó escrito en la exposición razonada que envió en agosto de 2014 al Tribunal Supremo: a lo largo de diez años «bajo la publicitada finalidad de la paz social, en función de una política discrecional de favores», se enmascaraba «una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo».

Este modelo se asentó sobre dos pilares: un férreo control político y un acentuado proteccionismo que asegura la «paz social» amenazada por el desmantelamiento de industrias y le garantizaba la tranquilidad institucional al PSOE a base de distribuir millones a discreción que lo mismo servían para subvencionar despidos que para colocar ascensores, sin que tan millonaria derrama de subsidios y ayudas haya conseguido sacar a Andalucía de su secular postración económica. Hay al menos cinco hilos que unen todos los escándalos:

La sensación de impunidad continuada en la que se instaló la hegemonía del PSOE favoreció que se desvirtuaran los mecanismos administrativos de control. De otro modo no puede explicarse que durante más de una década existiera una partida como la de los ERE, oculta a la lupa preventiva de los interventores, que año tras año era alimentada con cargo a los presupuestos autonómicos. Entre 2000 y 2011, el «fondo de reptiles», como lo denominó el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, movió 854,8 millones de euros.

La Junta creó una inmensa burocracia deshabitada de funcionarios , una red de agencias y empresas satélites a las que transfería fondos para repartirlos entre una legión de sociedades, intermediarios, ayuntamientos y comisionistas seleccionados a su antojo. Mediante esta «desconexión», como la denomina el instructor del caso ERE, el Gobierno eludía los requisitos de la ley de subvenciones y escapaba a los filtros que debe pasar el dinero gastado directamente por las consejerías. Este papel lo encarnó la agencia IDEA en la trama de los ERE y en el caso de los avales, la empresa pública de capital riesgo Invercaria o la Fundación Faffe, un coladero de cargos afines al PSOE que gestionó ayudas para cursos.

La gigantesca trama de malversación estructural de los ERE pudo detenerse, pero los máximos responsables de la Junta no movieron un dedo para evitarlo. Lo dice el juez que ha procesado a 26 ex altos cargos. Las alertas saltaron a través de contundentes informes de la Intervención que cuestionaban el procedimiento. Los escritos remitidos a tres consejeros no provocaron reacción alguna en sus destinatarios. Tampoco fueron atendidas las advertencias de los interventores sobre el riesgo de prescripción del derecho a reclamar subvenciones para formación hasta que el escándalo abrió los telediarios.

Parte de los 3.100 millones repartidos entre sindicatos, fundaciones, entidades públicas, patronales y empresas privadas para dar cursos desde 2002 a 2011 no llegaron donde tenían que llegar. De hecho, la Junta tramita expedientes de reintegro por importe de 141. Los gobiernos andaluces fueron tejiendo una «red de clientelismo político», según apuntó Alaya. Una fábrica de «compra de votos» , en palabras de la Policía, que llevó a cabo la operación Edu contra el fraude de la formación, con diligencias abiertas en 18 juzgados. El clientelismo es el motor que propulsa la acción política: no hay sector de actividad que haya quedado al margen del patrocinio de la Junta, la mayor empresa de Andalucía, ni agente social o económico que no haya estado cautivo de su presupuesto. No en vano, cuando los fondos empezaron a escasear por la crisis, UGT, CC.OO. o la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tuvieron que abordar traumáticos despidos.

Chaves implantó en 1993 los llamados acuerdos de concertación que garantizaban a los dos sindicatos de clase y a la patronal un acceso preferente a subvenciones excepcionales para impartir cursos, asesorar a parados o insuflar liquidez a empresas en crisis. Hasta 2011, los sucesivos gobiernos autonómicos se aseguraron la complicidad de los agentes sociales a cambio de entregarles cientos de millones con el objetivo de crear empleo en la Comunidad con mayor paro per cápita de España. Lejos de resolverse, el problema laboral se agravó. Tiempo después se supo que con estos fondos se pagaron charangas, mariscadas, barras libres en la Feria o la apertura de sucursales sindicales en el Caribe.