El cerco judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha

Los políticos investigados, algunos por varios sumarios a la vez, ya no ocupan la primera línea. Ninguno de ellos ha sido juzgado. Pero los andaluces han pagado una factura incalculable. Desde hace más de un año, la Junta ha impuesto un apagón informativo sobre el dinero recuperado porque no hay nada que cuantificar. Sólo en 2014 la Comunidad a la cabeza de paro en la Unión Europea tuvo que devolverle al Estado 227 millones en fondos para combatir el desempleo porque la Junta dejó de financiar cursos desde 2011 al extenderse la mancha de las irregularidades. Éstos son los principales sumarios que hoy asedian al mayor monopolio de poder del PSOE.

Si existiera un Guinness Records de la corrupción española, el caso de los ERE falsos financiados por la Junta de Andalucía ocuparía el primer puesto, desbancando al «caso Malaya». Después de cinco años de pesquisas, la cifra de investigados llega a 276. El pasado lunes sumó uno más a la lista. Algunos han fallecido antes de sentarse en un banquillo porque juicio señalado no hay. Tirando del hilo de las grabaciones de dos directivos de Mercasevilla que exigían comisiones ilegales a empresarios a cambio de ayudas autonómicas de formación, la juez Mercedes Alaya -que en junio cambió el juzgado por la Audiencia de Sevilla- descubrió, casi por casualidad, a los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja hispalense financiado por la Administración regional y al conseguidor de las ayudas por antonomasia, Juan Lanzas. El exdirigente de UGT que tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con ellos», según espetó su madre a unos guardias civiles en un registro, comparte protagonismo con el exdirector general Francisco Javier Guerrero en la galería de personajes que ha dado esta trama.

Nueve aforados han tenido que declarar ante el Supremo y otros cuatro exconsejeros ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El caso ERE acabó con las carreras políticas de dos tótemes del PSOE, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán . Juntos han gobernado la Comunidad durante casi un cuarto de siglo. La sustituta de Alaya en el juzgado, María Núñez Bolaños, mantiene una causa troncal y ha desgajado seis piezas de ella. El juez de refuerzo Álvaro Martín investiga el procedimiento «ilegal» de concesión de ayudas (855 millones en total) que afecta a los expresidentes y a 49 ex altos cargos.

Hay 18 procedimientos abiertos por jueces andaluces por el fraude de formación, aunque el sumario de más enjundia mediática aguarda en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, del que es titular Núñez desde hace ocho meses. Alaya abrió diligencias en marzo de 2014 tras hallar vasos comunicantes entre las ayudas para formación y la trama de los ERE. Como personaje puente emerge Juan Lanzas. La Guardia Civil descubrió que dos empresas pantalla dedicadas a organizar cursos, proveedores de UGT Andalucía, fueron utilizadas por éste para aflorar las comisiones ilegales de los ERE. El caudal de ayudas bajo sospecha supera los 3.000 millones entre 2007 y 2013. Se ignora la cuantía defraudada.

Antes de cambiar de destino, Alaya había dado con «una red de clientelismo político» para destinar «ingentes fondos públicos para favorecer» a entidades y empresarios próximos al PSOE con la participación de «los responsables políticos de la Junta de Andalucía». Algunos cursos no se impartieron nunca. Hay tres exconsejeros de la Junta imputados, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, todos los que tuvieron la cartera de Empleo entre 2004 y 2013. También se investiga a otro empresario, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, quien, a juicio de Alaya y de la Policía, usó sus influencias para montar una red de empresas que captó 52,6 millones en ayudas entre 2008 y 2013. El círculo de investigados incluye a siete exdelegados de Empleo en provincias andaluzas, cuatro ex directores generales y tres directivos de los consorcios de formación financiados por la Junta, cargos nombrados por el Ejecutivo socialista entre 2008 y 2012. Núñez ha dividido esta macrocausa en nueve piezas.

El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas , investiga la presunta malversación de caudales públicos por parte de la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, un procedimiento que, con piezas separadas, suma una treintena de imputados de la cúpula de la sociedad y empresas como FIVA, Andalus, Fumapa, Juana Martín, EDM, Lolita Canalla, Sociedad Consultora para la Sostenibilidad integral S.L., y Kandor Graphics, a las que Invercaria inyectó hasta 60 millones de euros en 278 proyectos empresariales entre 2005 y 2009. Hay una decena de piezas por cada una de las sociedades a las que Invercaria inyectó capital público sin ningún control. El último informe de la Intervención General de la Junta detectó que la compañía pública se había podido financiar irregularmente con comisiones. Es el último capítulo de un escándalo que detonó en la campaña de las autonómicas de 2012 al salir a la luz una grabación donde se escuchaba a la que fuera directora general de Invercaria, Laura Gómiz, frases tan chocantes como ésta: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización».

Este caso afecta también a las ayudas europeas concedidas por la Junta. El juzgado de instrucción 5 de Sevilla investiga si hubo irregularidades en la gestión de 185 millones con cargo al Fondo Jeremie, parte de los cuales se dedicaron a financiar operaciones fallidas durante la etapa de Susana Díaz . El caso se inició a raíz del cúmulo de irregularidades detalladas por la UDEF de la Policía Nacional en un informe elevado al juez del caso Invercaria

Se pagaron 40 millones de euros por unas obras que sólo se ejecutaron al 60 por ciento a través de certificaciones falsas. Y, además, esas facturas inflaron los precios hasta en doce millones de euros para poder cuadrar las partidas que la Unión Europea destinaba al proyecto de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Lebrija, en la provincia de Sevilla. La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Sevilla llegó a esta conclusión tras una concienzuda investigación, factura a factura, sobre la justificación de la subvención europea que gestionó la Junta de Andalucía. El juez de instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casilla, ha imputado ya a seis ex cargos públicos de la Consejería de Agricultura y a otros 16 regantes y representantes de las empresas que ganaron el concurso, supuestamente amañado, según las diligencias practicadas.

A principios de 2014, la juez Mercedes Alaya inició una nueva línea de investigación por la concesión de avales de la Agencia IDEA a empresas seleccionadas a discreción. En la causa está imputado por prevaricacion y malversación el exconsejero de Innovación, Martín Soler, y otros exaltos cargos de la consejería. La quiebra de empresas avaladas con fondos públicos ha empujado a la agencia IDEA a presentar un aluvión de demandas en los juzgados para intentar recuperar, hasta ahora con escaso éxito, parte de los 65,4 millones de euros perdidos en proyectos ruinosos.

Aprovechando la atmósfera de relajación en los controles de las subvenciones de formación que reinaba en la Junta de Andalucía, UGT Andalucía montó una contabilidad paralela a la oficial que fue «perfeccionando» año a año y que constituyó la «vía más importante de financiación» ilegal de la federación andaluza durante una década, según la Guardia Civil. Esta deriva del caso de formación está siendo investigada por el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y hay 18 imputados, entre ellos los anteriores secretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. La Junta le reclama 15,3 millones de euros mal justificados. La cuantía desviada está por definir. El dinero público se empleó en sostener la megaestructura del sindicato y costear mariscadas de sus dirigentes, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, karaokes en El Caribe, pancartas para las huelgas y hasta maletines falsificados en China que se regalaron a los delegados de un congreso. También utilizaba empresas para autoalquilarse aulas y justificar así ayudas.

El juez de instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón, junto a cuatro jueces más de Córdoba, Almería, Jaén y Granada, investiga por fraude y prevaricación a siete ex altos cargos autonómicos por las subvenciones millonarias repartidas sin «bases reguladoras» entre 94 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), consorcios convenidos por la Junta y corporaciones locales que servían para asesorar a emprendedores. Entre los investigados por prevaricación y fraude en subvenciones está el exconsejero Antonio Ávila, imputado en los casos de formación y ERE , por firmar una resolución en 2012 por la que concedía subvenciones extraordinarias a estos consorcios para pagar los despidos de sus trabajadores.

El juzgado de instrucción 4 de Cádiz indaga desde 2011 en un plan estrella del Gobierno andaluz para las elecciones autonómicas de 2008 que se definió entonces como el gran programa incentivador para frenar el paro en la provincia con el índice más alto de toda España (33,9%). Más de 21 millones de euros en ayudas del Estado gestionadas por una oficina creada por la Junta se gastaron en proyectos empresariales que no realizaron nunca y el dinero acabó en paraísos fiscales. El caso acumula cerca de 40 imputados, entre los que se encuentran la exdelegada de Innovación en Cádiz Angelines Ortiz y ex cargos de la Diputación y del Ministerio de Industria en aquella etapa.