Marchena confiesa la dificultad de encontrar jueces en el Supremo para juzgar a los huidos

Si hace un lustro Marchena se enfrentaba a dos rivales fuertes para ocupar este puesto - Miguel Colmenero y Cándido Conde-Pumpido -, ahora lo hacía en solitario: tras salir esta plaza a concurso y presentar Marchena su candidatura, no hubo ningún magistrado que se presentara como alternativa. La plaza, por lo tanto, volverá a ser suya.

La expectación para escuchar su plan de actuación en el salón de actos del CGPJ (a través de un plasma) era máxima, pese a que nadie esperaba que se refiriera de forma tan explícita a la causa del «procés».

Lo hizo en tres ocasiones: la primera, para destacar la sentencia como una de las resoluciones más importantes de las que ha sido ponente (citó también la del pederasta de Ciudad Lineal y la de Falciani ). La segunda, para aludir a la filtración del fallo de los magistrados dos días antes de su notificación; y la tercera, más referida a la causa del «procés» que a la sentencia en sí, para confesar la «situación difícil» en la que se va a encontrar la Sala Segunda ante una hipotética entrega de Puigdemont y de los huidos que fueron procesados en rebeldía y que lógicamente no pudieron ser juzgados como sí lo ha sido el resto del «Govern».

Sobre este último aspecto, Marchena reconoció que 13 de los 15 magistrados que integran la Sala Penal han tenido relación con este asunto en algún momento de la instrucción o en la fase de enjuiciamiento. Aunque, tal y como recordó el candidato, hay doctrina del Tribunal Constitucional que avalaría que los mismos siete magistrados que vieron la causa del 1-O pudiera enjuiciar a los rebeldes, es algo que llegado el momento habrá que estudiar. «En otro tipo de juicio quizá esto pueda resolverse, pero habrá que estudiarlo al tratarse en este caso de magistrados que han valorado a 500 testigos, 12 acusados, metros cúbicos de papel y que podría tener que volver a enjuiciar hechos similares con distintos protagonistas. Esto nos sitúa en una situación difícil», explicó Marchena, quien sostuvo que quizá la solución podría pasar por «sustituciones u otro modelo».

A los siete magistrados que ya han «tocado» el «procés» se suman el instructor, Pablo Llarena; los tres magistrados de la sala de recursos durante la instrucción; otro magistrado que sustituyó a uno de ellos que se puso enfermo y la juez Carmen Lamela -«contaminada», en su caso, porque instruyó la causa inicialmente contra estos condenados y contra el mayor Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional-.

En cuanto a la filtración de la sentencia, Marchena la lamentó «de corazón», y se comprometió a «hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder». Confesó que pese al celo que se puso desde la Sala para evitarla, era previsible que esto ocurriera porque, en términos cinematográficos, era «un oscuro objeto de deseo».

El magistrado eximió de cualquier responsabilidad a los periodistas -«sería «absurdo» pedirles que no difundieran una información de ese calado si acceden a ella», dijo-, e intentado quitar hierro a las filtraciones, señaló que le tranquiliza que la sentencia como tal, con su conjunto argumental, no se filtrara en ningún momento. A su juicio, lo que hubo en los medios primero fueron «pronósticos» y después «informaciones más correctas y exactas» elaboradas a partir de datos obtenidos de distintas fuentes, a veces de comunicaciones informales con terceras personas.

Recordó el aspirante a su renovación que durante meses de deliberaciones no hubo ninguna filtración e hizo hincapie en que no hay que olvidarse de que se trataba de un «macroproceso» «en el que han intervenido multitud de personas y en el que la sentencia se notificaba en tres centros penitenciarios distintos, al margen de los procuradores, por lo que todos los magistrados de la Sala estaban convencidos de que iba a haber filtraciones».

Puso como ejemplo del interés que esta sentencia suscitaba el hecho de que su correo personal fuera «hackeado» y recordó que hubo incursiones en los correos e historiales de navegación de magistrados de la Sala. También de los fiscales . No acabó su intervención sin lanzar un dardo contra quienes hoy critican «con dureza» la filtración y, sin embargo, aceptaron con «indiferencia» «que se pudiera fisgonear en cuentas de los magistrados».