La continuidad de Segarra, amenazada tras fallar al Gobierno en el «procés»

Sin embargo, y p ese a ser un perfil que goza del respeto y consideración de sus compañeros , el Ejecutivo de Pedro Sánchez valora no contar con Segarra durante los próximos cuatro años. Su actuación en el caso del «procés», que en definitiva es lo que ha marcado la política judicial de los últimos meses, se ha caracterizado por la confianza plena en el criterio de los cuatro fiscales de Sala que llevaron el caso desde su inicio. Segarra no ha cedido un ápice ante las presiones, que en el caso de la Abogacía del Estado se tradujeron en el relevo de Edmundo Bal (hoy en Ciudadanos ) al negarse a modificar la calificación de los hechos y rebajar a sedición lo que durante toda la instrucción de la causa los servicios jurídicos del Estado habían considerado rebelión. Este relevo causó una crisis sin precedentes en la Abogacía.

Desde su llegada a la jefatura de la Fiscalía de la mano de la ministra de Justicia, Dolores Delgado , con la que hasta su nombramiento compartía asociación (Unión Progresista de Fiscales) y representación en el Consejo Fiscal, Segarra fue consciente de que cualquier «sugerencia» encaminada a suavizar la acusación contra los líderes del «procés» se iba a topar con la oposición de Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, cuatro fiscales que, además de la máxima categoría de la carrera, cuentan con el máximo prestigio entre sus compañeros. Es cierto que Segarra, fiscal-jefe de Sevilla durante la década anterior a su nombramiento, podría haber llevado el asunto a la junta de fiscales (el órgano que asiste al fiscal general en materia doctrinal y técnica), pero habría tenido un coste mayor y habría sido más difícil de explicar a la sociedad que el mantener las cosas como estaban, apuntan fuentes de la Fiscalía. Su propia comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, en junio del pasado año, fue toda una declaración de intenciones: «Al fiscal general no se le pueden dar órdenes de ningún tipo» . Lo hacía dos días después de que la Fiscalía hiciera público un comunicado para rechazar la propuesta del Ejecutivo de que la Abogacía del Estado se personara en todas las causas de agresión sexual.

Su mano dura contra el hoy presidente de la Generalitat, Joaquim Torra , lo que se ha traducido incluso en una querella por desobediencia (tras su negativa a retirar los lazos amarillos) o su previsible oposición ante la petición de un eventual indulto a los presos del «procés» -una medida de gracia que el expresidente Rodríguez Zapatero ve con buenos ojos- no hacen de Segarra el perfil más cómodo en un órgano que, aunque cuenta con autonomía funcional, suele tener al frente a un representante más receptivo y sensible a las propuestas del Gobierno. Una situación muy similar vivió la exfiscal general Consuelo Madrigal , cuando tras la formación del nuevo Ejecutivo con motivo de las elecciones de junio de 2016, Mariano Rajoy decidió no seguir contando con ella tras negarse a efectuar cambios importantes en las jefaturas de las fiscalías de la Audiencia Nacional y Anticorrupción. En este caso, el Gobierno no tendría difícil justificar la no renovación de Segarra al entender su destino unido al de Dolores Delgado, cuya vinculación con el comisario Villarejo la alejan de todas las quinielas para repetir en el cargo.

Por lo pronto, y ante la posible fulminación de Segarra, Dolores Delgado la ha intentado premiar con su adscripción al Tribunal Supremo una vez finalizado su mandato, una maniobra que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer por unanimidad al considerar que carece de cobertura legal. El informe del órgano de gobierno de los jueces, aunque preceptivo, no es vinculante para el Ministerio.

La modificación del artículo 62 del reglamento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal propuesto por la ministra señala los siguiente: «El fiscal general del Estado que, siendo miembro de la carrera fiscal, cese en sus funciones por alguna de las causas previstas en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en este caso el cese con el nuevo Gobierno), quedará adscrito, a su elección, a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las Fiscalías cuyo jefe pertenezca a la categoría primera, adquiriendo de forma automática los derechos, honores y tratamientos de fiscal de Sala del Tribunal Supremo hasta su provisión por el Gobierno de conformidad con los artículos 13 y 36 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

La redacción parece hecha «ad hoc» para Segarra , porque, según manifestaron a ABC fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la situación en la que se encuentra la actual fiscal general no es habitual en la Fiscalía, donde sus antecesores, a excepción de Jesús Cardenal , provenían ya del Supremo -bien como fiscal de Sala, bien como magistrado- y es allí dónde tenían reservada su plaza tras finalizar su mandato. Fue el caso de Cándido Conde-Pumpido, Eduardo Torres-Dulce, Consuelo Madrigal , el fallecido José Manuel Maza o Julián Sánchez Melgar , por poner solo algunos ejemplos. Sin embargo, María José Segarra era fiscal-jefe de Sevilla cuando fue nombrada fiscal general y su plaza la ocupa hoy Luis Fernández Arévalo .

La mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denunciaron las prisas de Delgado por sacar adelante esta reforma.