Los juicios de la primera época de Gürtel y las tarjetas black de Caja Madrid, hitos del otoño judicial

A la vez, los jueces seguirán investigando cómo amasó su fortuna la familia Pujol, indagarán si los líderes de Manos Limpias eran extorsionadores, buscarán una supuesta caja B en el Partido Popular madrileño y atarán los últimos cabos del fraude de los ERE de Andalucía. Además, los líderes del soberanismo catalán responderán por desobedecer al Tribunal Constitucional y en torno a la Navidad, una sentencia decidirá si la Infanta Cristina delinquió en Nóos. Un carrusel de noticias que podría coincidir, si España vuelve a las urnas, con intensos meses de campaña electoral.

El juicio por las llamadas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia juntará en el banquillo de la Audiencia Nacional a 66 políticos, banqueros, empresarios y sindicalistas, todos exconsejeros y exdirectivos de ambas entidades. El desfile de los acusados, en una vista oral que se desarrollará desde el 26 de septiembre a mediados de noviembre, desvelará los pecados de todo el abanico político: los implicados fueron propuestos para la caja por el PP, el PSOE, IU, la patronal y los sindicatos.

Rodrigo Rato -exvicepresidente del Gobierno que pudo suceder a José María Aznar al frente del PP y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional - se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para él, expresidente de Bankia entre 2010 y 2012, y seis años para Miguel Blesa, que estuvo al frente de Caja Madrid entre 1996 y 2010. Les señala como los responsables de las Visas opacas y les atribuye un delito de apropiación indebida.

Las acusaciones consideran que los consejeros pervirtieron el uso de unas tarjetas que debían emplearse para gastos de representación. Los acusados, que defienden que las Visas eran parte de su salario y podían emplearlas a su gusto, pagaron con ellas masajes, consumiciones en discotecas o regalos en tiendas de lencería, entre otros conceptos. En total, los 85 ex altos cargos que las utilizaron (algunos se han librado porque sus delitos han prescrito) gastaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012 ; y según la Fiscalía, de espaldas a Hacienda.

El juez que instruyó el caso concluyó que las Visas se crearon fuera del circuito ordinario, sin soporte legal. La Sala de lo Penal decidirá ahora si hubo delito: quedan por delante dos meses de jucio.

El otro gran juicio del nuevo año judicial buscará probar las actividades corruptas de la trama Gürtel desde 1999 hasta 2005 , en las regiones de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la localidad de Estepona. Esta trama anidó en administraciones del PP desde las que se adjudicaron contratos irregulares a empresarios afines. Francisco Correa, el cabecilla de la red, un empresario que comenzó como botones de un hotel con catorce años, se enfrenta a 125 años de prisión.

En este caso, la sección segunda de la Audiencia Nacional tendrá la última palabra sobre el horizonte penal de tres extesoreros del PP (Luis Bárcenas, Ángel Sanchis y Álvaro Lapuerta), exalcaldes como Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda, senadores, funcionarios y empresarios. Son 39 acusados. La Fiscalía solicita 42 años y medio para Bárcenas, 8 años para Sanchis y 3 para Lapuerta. Serán interrogados en las 31 sesiones previstas hasta marzo de 2017.

El morbo lo servirán, ya después de marzo, los trescientos testigos citados , obligados por ley a decir la verdad. Entre ellos, antiguos ministros y ex secretarios generales del PP: Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja . También testificará Esperanza Aguirre.

En esta vista oral también serán juzgados -no como acusados sino como partícipes a título lucrativo- la exministra de Sanidad Ana Mato y el propio PP. El juez concluyó que se beneficiaron del dinero de la trama sin conocer su origen delicitivo y podrían ser condenados a devolverlo. El partido se habría ahorrado 245.000 por el dinero que dejó de pagar en campañas electorales de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón sufragadas por la trama.

El cierre del verano también devolverá la actividad al Tribunal Supremo, en el que será interrogado como investigado el diputado de DiL (la antigua Convergència) Francesc Homs, ex consejero de Presidencia de la Generalitat , por su papel en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que el Gobierno catalán sacó adelante a pesar de la prohibición del TC.

Por los mismos hechos se sentarán en el banquillo, a falta de que se abra juicio, el expresidente de la Generalitat Artur Mas , la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, acusados de desobediencia y prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) concluyó que los tres siguieron impulsando la consulta desde sus cargos, una vez que el TC ya la había suspendido. La Fiscalía descartó el delito de malversación y no pedirá, por tanto, penas de prisión para ellos.

Al Alto Tribunal también tendrá que acudir en cualquier momento la senadora del PP Rita Barberá , a quien apuntan los indicios acumulados en una investigación por un supuesto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa.

La Fiscalía del Tribunal Supremo informó a favor de que Barberá sea imputada después de que el juez de Valencia señalara que la senadora era la superiora jerárquica de la persona que gestionaba las cuentas del consistorio, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, la principal imputada.

En los últimos meses del año, o incluso en enero del 2017, llegará la sentencia que resolverá la situación de la Infanta Cristina, juzgada por la Audiencia de Palma en el caso Nóos. Esta causa investigó los desmanes del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarin entre 2004 y 2007 que desvió fondos públicos. A Doña Cristina solo le acusa el sindicato Manos Limpias , que pide para ella ocho años de cárcel por cooperadora necesaria en dos delitos fiscales de Urdangarín . El primer caso que ha sentado en el banquillo a un miembro de la Familia Real.

En unas semanas el caso ERE volverá a la actualidad en Andalucía. Se espera que el juez Álvaro Martín presente en septiembre las calificaciones, con lo que el caso quedará listo para que se fije la fecha de una vista que, según fuentes juidiciales, no se celebraría hasta bien entrado el año 2017, informa Juan José Borrero. Esto devolverá a las portadas a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, y volverá a intranquilizar al Gobierno andaluz de Susana Díaz que, aunque ha marcado todas las distancias posibles con el caso, debe comparecer como Junta de Andalucía en calidad de perjudicada.

Por la cuantía del dinero desviado, el fraude de los cursos de formación supera al de los ERE. En este caso la expectación es menor por cuanto varias filtraciones han insistido en que la juez instructora María Núñez Bolaños está a punto de archivar esta segunda macrocausa. Mientras, juzgados de todas las provincias andaluzas instruyen causas referidas a este fraude multimillonario de ayudas en cursos de formación por falta de control.

A la vez, los jueces seguirán investigando cómo amasó su fortuna la familia Pujol, indagarán si los líderes de Manos Limpias eran una mafia, buscarán una supuesta caja B en el Partido Popular madrileño en la operación Púnica y cerrarán la investigación sobre la cuestionada salida a Bolsa de Bankia.