Rato pide que se archive parte de la investigación sobre su patrimonio

Además de todo esto, en un escrito al que ha accedido Efe, el exministro de Economía advierte a la Audiencia Provincial de Madrid de que la nueva pieza separada sobre la empresa COR , abierta en abril por el instructor del caso, surge a raíz de documentación incautada de forma ilegal durante el registro de su despacho.

A pesar de ello, la ONI, la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, le acusa de un presunto fraude fiscal de 179.458 euros en el ejercicio 2009, que habría prescrito en julio de 2015.

Sin embargo, la fiscal Elena Lorente consideró que, dada la complejidad de la investigación, procedía solicitar un nuevo informe sobre los ingresos de COR Comunicación , en concreto, aquellos procedentes por campañas de publicidad de Endesa (2009-2013), de Banco Santander (2009-2013) y CaixaBank.

Operaciones «de riesgo» que generaron «grandes beneficios» al exministro, según la ONIF, que en su informe del pasado mayo apuntó a los hermanos Rato Figaredo por explotar la sociedad «de forma caprichosa y contraria a la realidad registral y económica».

Ahora la defensa pide que se revoque la apertura de esta pieza no sólo porque el plazo para reclamar la presunta responsabilidad ha expirado, sino porque se abrió como consecuencia de que la ONIF se extralimitó durante el registro del domicilio y el despacho de Rato en abril de 2015.

Por esta razón, la documentación incautada de más "adolece de un vicio de nulidad radical y, por tanto, es inútil como prueba".

«Llama poderosamente la atención que el encargado de controlar, limitar y velar por la adecuación de la actividad no haya tomado medida alguna», reza el escrito sobre el juez, quien «acuerda la investigación de unos hechos de los que se ha tenido conocimiento en base a la documentación obtenida de manera ilícita ».

Además, señala a la ONIF por usar una «técnica falsaria» que «de manera fantasiosa y sin ninguna justificación» cuestiona los servicios prestados por COR Comunicación, y rechaza que todo beneficio de la empresa superior al 10% sea una renta de Rato «cuando no existe ni una sola cantidad que haya recibido nunca» .

«Resulta sorprendente creer que la subcontratación de proveedores es contraria al negocio de la publicidad», expone el escrito sobre el oficio en el que la Guardia Civil mencionaba las campañas suscritas con Endesa entre 2008 y 2013 por las que COR recibió 25,8 millones de euros de órdenes publicitarias , que luego trasladaba a los medios que emitían la publicidad.

Por todo ello, estima que Antifraude «vuelve a incurrir en numerosos errores y profiere afirmaciones sin realizar la más mínima labor de comprobación », y niega que el ex director gerente del FMI o su entorno hayan dado instrucciones en COR hasta 2014, cuando entró Kradonara 2001, epicentro de la red societaria de Rato.

Un hecho que, según la defensa, prueba que el caso es una «causa general» ya que la ONIF, un año después , sólo expande el objeto del análisis ignorando que los verdaderos motivos que alegó en una denuncia que «fue desde el inicio falsa o de acusaciones tributarias sin fundamento».