Así está el caso Gürtel

El primer gran juicio a esta trama de corrupción comienza el 4 de octubre de 2016

MadridActualizado:

Las redes de la trama de corrupción Gürtel se extendieron durante varios años por diferentes puntos de España. Así se encuentran las investigaciones de las diferentes causas judiciales abiertas contra la red que creó el empresario Francisco Correa, quien comenzó como botones con 14 años. Todas las piezas coinciden: las sociedades de la trama utilizaron sus contactos políticos para conseguir adjudicaciones públicas de forma irregular a cambio de pagos.

Primer gran juicio en la Audiencia Nacional

El juicio de la primera época del caso Gürtel, que enjuciará todas las actividades de la trama de corrupción entre 1999 y 2005, comenzará el 4 de octubre de 2016 en la sede de San Fernando de la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz sentó en el banquillo de los acusados a 40 personas, entre ellas los tres extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, y los cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo. La Fiscalía solicita 125 años de cárcel para Correa, como líder, por un rosario de delitos.

En este caso también serán juzgados como partícipes a título lucrativo el propio Partido Popular y la ex ministra de Sanidad Ana Mato. El tribunal (formado por los jueces Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada) deberá concluir si se lucraron con el dinero de la trama, a pesar de desconocer el origen ilícito del dinero. En este juicio habrá 300 testigos, como Esperanza Aguirre.

La caja B del Partido Popular

El mismo tribunal juzgará si los extesoreros del PP Bárcenas y Lapuerta y el exgerente Cristobal Páez manejaron una caja B (una contabilidad opaca y paralela a la oficial) en el Partido Popular. Ruz abrió juicio oral contra los tres y contra tres empleados de la empresa Unifica, el estudio de arquitectura que reformó la sede madrileña del partido en la calle Génova, pagada en negro. Alos seis implicados el juez les atribuye los supuestos delitos de asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública.

Los tentáculos de Boadilla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José de la Mata que dé ya el paso de enviar a juicio (que transforme el caso en procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento) a 27 personas por las actividades de la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. El Ministerio Público considera que el PP también pudo lucrarse en este municipio, igual que en los de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, y pide que la formación política sea juzgada como partícipe a título lucrativo.

La conexión valenciana: Fitur y otras

El juicio por los contratos que amañó la trama Gúrtel en contratos de la Generalitat Valenciana para el expositor de la feria de Fitur entre 2005 y 2009 quedó visto para sentencia el pasado 19 de abril. Los responsables de las empresas de Correa y diferentes cargos políticos valencianos se sentaron en el banquillo de los acusados durante 64 sesiones.

Esta pieza es la única de las seis que investigan los lazos valencianos de la trama corrupta que se ha enjuiciado en Valencia: el resto siguen siendo investigadas en la Audiencia Nacional. En la causa por los contratos irregulares que la Generalitat otorgó a la trama de Correa, el magistrado también ha abierto juicio oral. 27 personas se sentarán en el banquillo de los acusados, entre miembros de la red corrupta y políticos, como tres exconsejeros de Francisco Camps.

A juicio, las causas de Jerez y AENA

También están pendiente de que se fije una fecha para la vista oral la causa que investigaron los contratos otorgados por el ayuntamiento de Jérez a la trama para la feria de Fitur en 2004 (por un precio total de 355.391 euros), que fue archivada la semana pasada contra la exalcaldesa de la localidad María José García-Pelayo. En el mismo estado se encuentra la causa por la que se enfrentan a 8 años de prisión dos exempleados de AENA. La Fiscalía atribuye a los dos antiguos trabajadores de la empresa pública que gestionar los aeropuertos los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones y cohecho.