El juicio a la familia que «reinó» en Cataluña se sumará a otro otoño político caliente

Pocas semanas después de aquel 2014 del que ahora se cumplen cinco años, Manos Limpias -que renunció a la causa en 2017- se querellaba para que la Justicia investigara, entre otros aspectos, el origen del dinero por si, en lugar de una herencia, como defiende el clan, proviene del cobro de comisiones ilegales . Desde 2016, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, investiga la causa porque «la familia Pujol-Ferrusola ha venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos».

La instrucción avanza desde entonces a un ritmo lento pero firme. Se investiga una trama formada por nueve personas: el patriarca, «la madre superiora» -tal y como se autodefine Marta Ferrusola en una de las anotaciones dirigidas a los bancos andorranos- y los vástagos Mireia, Marta, Jordi («Júnior»), Oleguer, Josep, Oriol y Pere . En la Fiscalía Anticorrupción están convencidos de haber encontrado puntos débiles en la estrategia de defensa de la familia y confían en que para finales de septiembre -cuando vence el primer periodo de instrucción- se pueda dar por finalizada esta fase y se inicie el juicio oral. Están a la espera de algunas respuestas de Liechtenstein, Malta y Francia y siguen el rastro del dinero que podría haber empezado en Suiza, en sus inicios (800.000 euros) en los años ochenta del siglo XX, y haber pasado por Andorra (ocho millones en 2010).

Al rastro del dinero de la hipotética herencia hay que sumar las actividades de cada uno de los protagonistas. Dos de los hijos destacan por encima del resto: «Júnior» y Oleguer , el mayor y el menor, respectivamente. El primero está en fase procesal desde 2012, tras una denuncia de su exnovia Victoria Álvarez -que asegura haberle acompañado a Andorra para mover dinero-, y el segundo está implicado en posibles comisiones irregulares por la venta de unas 1.100 sucursales del Banco Santander . De la Mata centralizó todas las causas al considerar que entre los miembros del clan existían «coordinación de actividades», «asignación de roles» y «distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que recibían en las cuentas bancarias ocultas que mantenían en jurisdicciones extranjeras».

Con todo, la causa es de una enorme complejidad. La última pista que sigue el juez, tal y como informó ABC en marzo de este año, sería una gran operación inmobiliaria llevada a cabo en 1991 cuya relación directa conectaría con el escándalo de Grand Tibidabo, por el que fue condenado el empresario Javier de la Rosa .

Este vendió la sede de la empresa Consorcio Nacional del Leasing, en Barcelona, a la Generalitat por más de 25 millones de euros (4.185 millones de pesetas), de los que 1,51 millones de euros se «perdieron» por el camino : se ingresaron en una empresa fantasma por unos servicios ficticios. Alberto Freixa era el administrador de esta empresa que, en 1994, declaró que la operación se complicó porque se tuvo que pagar una comisión «a un hijo de Pujol». La mayoría de los 1,51 millones de euros «perdidos» acabaron en una sociedad de Lluís Prenafeta, entonces exconsejero de la Generalitat, y otro pico en otra empresa de Joan Anton Sánchez Carreté, asesor financiero de los Pujol.

La policía cruzó datos de esta operación con los de una cuenta en Andorra de «Júnior» y descubrieron que, dos días después del cobro de la comisión por parte de Sánchez Carreté, en 1991, el primogénito de los Pujol-Ferrusola ingresaba unos 50.000 euros (8,3 millones de pesetas). En su declaración ante De la Mata, el pasado 1 de abril, ni Prenafeta ni Sánchez Carreté recordaron nada. Y Freixa está muerto, como también lo están Delfí Mateu -compañero de aventuras de Jordi Pujol en Banca Catalana- y Joaquim Pujol i Figa -primo del patriarca-, que se encargaron de gestionar en un primer momento el dinero en el extranjero del abuelo.

La situación de investigados por delitos graves como los de blanqueo de capitales y fraude fiscal para los nueve miembros de la familia no ha llevado consigo su ingreso en la cárcel, salvo la de «Júnior», que estuvo en prisión preventiva durante ocho meses en 2017 -salió tras pagar medio millón de euros- porque, pese a su situación de investigado, movió dinero en el extranjero sin permiso ni control legal. Oleguer tampoco pisó la cárcel, pese a que la Fiscalía solicitó para él prisión sin fianza en enero de 2017 tras su declaración ante el juez. Los investigadores sospechan que ambos fueron los que manejaron el dinero que les legó Florenci y que lo lo hicieron en beneficio del resto de hermanos.

Del resto de hermanos, Oriol, que siguió los pasos de su padre en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), llegando a ser el número dos del partido, fue condenado hace un año por su implicación en el caso de las ITV tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Reconoció varios delitos a cambio de que su mujer fuera absuelta y fue condenado a dos años y medio de prisión. Ingresó en la cárcel en enero de 2019 y salió a los sesenta y cinco días. La Generalitat le aplicó, con apoyo judicial, el tercer grado penitenciario,

Tras la confesión de Jordi Pujol, el Parlamento de Cataluña llamó a declarar a los miembros del clan. La oposición recordó y criticó que Pere y Marta -ella, arquitecta, recibió el encargo directo de seis proyectos de la administración regional mientras su padre estuvo al frente- hubieran participado en viajes oficiales del patriarca en los años noventa del siglo XX. A Pere y Josep, además, De la Mata les imputó en 2015 blanqueo de capitales por su supuesta participación en más operaciones no regularizadas con «Júnior» y la exmujer de este, Mercè Gironès. Pere admitió que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar un dinero en Suiza. Josep, a su vez, fue señalado por la Sindicatura de Cuentas autonómica en 2002 por los contratos que su empresa Europraxis recibía de la Generalitat. Hasta donde se sabe, Mireia sería la única de la familia que, más allá de ser beneficiaria de la supuesta herencia, no habría estado envuelta en casos de corrupción.