Pujol trata de rehabilitar su figura cinco años después de su confesión

Hoy se cumple un lustro de la confesión de Pujol : «Mi padre Florenci Pujol dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero -diferente al comprometido en su testamento-, rendimiento de una actividad económica de la cual ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fuese destinado a mis siete hijos y mi esposa. (...) Lamentablemente, nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esta herencia».

Con estas palabras caía un mito político para media Cataluña y parte de España ; era el hombre que en los últimos años había callado mientras la reputación de su familia (Pujol-Ferrusola) se deshacía por los casos de presunta corrupción que implicaba a algunos de los vástagos, como Jordi Pujol hijo y Oriol Pujol, que a su vez había dimitido unos días antes de los cargos en Convergència Democràtica (CDC), partido que había fundado el patriarca y con el que gobernó la Generalitat durante 23 años.

La confesión de Pujol puso punto y final a las descalificaciones en contra de los que informaban de los casos de presunta corrupción que salpicaban a la familia Pujol-Ferrusola. Se acabaron las referencias a «es un ataque contra Cataluña», «es un intento de desacreditar el proceso secesionista» o «es para ensuciar el nombre de los Pujol».

A partir del verano de 2014, la Cataluña nacionalista, que construyó Pujol con detenimiento y complicidad durante dos décadas, le dio la espalda. Mas intentó cortar amarras con su icono y valedor político . Su partido se refundó (en 2016), ahora se llama Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) y la Generalitat le retiró inmediatamente los honores de expresidente autonómico. Pujol dejó de existir e incluso se cerró el centro de estudios que llevaba su nombre, pero legó el «pujolismo», que impregna a todas las formaciones independentistas del Parlamento de Cataluña.

Desde entonces, sus apariciones son a cuentagotas, si bien no falta a ninguno de los grandes acontecimientos independentistas. Así, por ejemplo, Pujol, acompañado de su mujer, votó en la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, solo tres meses después de la confesión, y también en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, junto a, entre otros, su hijo Oriol.

De la misma manera, aunque se mantiene fuera del primer plano mediático, sigue de cerca la actualidad política. Partidario del proceso separatista y de mantener el pulso al Estado de Derecho, n o deja de advertir a los que le quieren escuchar que, en este intento de romper la democracia española, «Cataluña tiene mucho que perder, si sale mal».

Hace menos de veinte días, visitó a los líderes del «procés» que están en prisión preventiva esperando la sentencia del Tribunal Supremo y forman parte del PDECat, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull. Y a finales de 2018 les envió un mensaje en un acto público: «No estáis solos».

En los últimos meses, apoyado por un grupo de excolaboradores durante su etapa al frente de la Generalitat, trata de rehabilitar su figura política . Lo hace desde la entidad creada para ello al poco de confesar su desfalco en marzo de 2015 y bajo el nombre de Associació Serviol, que él mismo ideó y preside con la finalidad del «fomento del pensamiento y conocimiento de la sociedad catalana» y con «la voluntad de difundir los escritos y pensamientos de quien la preside».

Aunque su impacto en la actualidad política es mínimo, sus prédicas siguen teniendo seguidores. Actos públicos de pequeño formato, como el del Ateneo Barcelonés en mayo de 2018 o los que organiza el grupo Tagamenent-Construir Catalunya, cuyo objetivo es «recopilar, glosar y difundir la obra de Jordi Pujol», le permiten ser protagonista y reivindicarse.

Recién cumplidos los 89 años y un lustro después de completar su biografía con la confesión de haber sido un evasor, P ujol sigue reflexionando sobre Cataluña y defendiendo el nacionalismo que puso en práctica durante los 23 en los que estuvo al frente de la Generalitat.