El juez propone juzgar a 37 personas, entre ellos 8 exalcaldes, por adjudicaciones irregulares en Púnica

En el auto en el que transforma en procedimiento abreviado la pieza separada 6 del caso Púnica, el magistrado considera que los hechos son constitutivos de un total de ocho delitos : organización criminal; cohecho para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraudes; cohecho del particular en concurso con prevaricación administrativa; fraudes del particular; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero; y delito de cohecho en persona jurídica.

De igual modo, acuerda el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de una treintena de personas y da un plazo a las acusaciones para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento.

En su resolución, el magistrado explica que esta pieza tiene como objeto exclusivo los hechos que afectan a David Marjaliza como «conseguidor» de contratos públicos para la multinacional Cofely y las actuaciones de esta sociedad, sus empleados y directivos, así como las de los cargos públicos, funcionarios y técnicos participantes en las adjudicaciones concertadas de los mismos.

La investigación afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de Torrejón de Velasco, Moraleja de En Medio, Parla Alcalá de Henares, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles y Serranillos del Valle; en total, 224 millones de euros. Entre los investigados se encuentran los exalcades de todos estos municipios.

El juez sostiene en su auto que entre marzo del 2012 y octubre del 2014 los investigados de Cofely y David Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron «como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos objeto de investigación en la pieza 6, pero con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban». "En esta tarea se involucraron hasta diez investigados entre organizadores y partícipes que ejecutaron varios roles que se desplegaban por esferas o círculos concéntricos, siguiendo una secuencia temporal continuada que iba más allá de ser hechos episódicos” , añade.

Para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el directivo de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial, a sabiendas de que lo que se esperaba de dicho investigado era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista.

El auto continúa relatando que la relación entre Cofely y Marjaliza se instrumentó a través de un contrato de asesoría comercial que fue suscrito el día 1 de mayo de 2012 por la mercantil Cofely. Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

“El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron”, según la resolución.

La dirección jerárquica la ejercía el director general de Cofely Maurice Didier Roger, quien apoyaba las ofertas, las negociaciones de corrupción, los pagos directos por transferencias a las sociedades de Marjaliza. En la siguiente esfera, el departamento comercial de Cofely dirigido por Constantino Álvarez, quien apoyaba las negociaciones de cohechos que instrumentaban Marjaliza y Pedro García Pérez, responsable de terciario de Mercado Publico del Departamento Comercial.

En otro círculo, apunta el juez, el mismo departamento Comercial con Gaela Hamon como responsable de la Oficina Técnica del Departamento Comercial -Back Office- quien, bien a la par, o tras las negociaciones de Marjaliza y Pedro García Pérez, “se infiltraba en los departamentos técnicos de los ayuntamientos, redactando los pliegos de la adjudicación, los informes de necesidad del contrato, los informes de valoración de las ofertas respecto a los criterios subjetivos dependientes de juicios de valor, el precio de las licitaciones, los plazos, la formula económica para limitar el impacto de las bajas en el rango de las puntuaciones, incluso el cambio de ofertas en las fases reservadas tras la presentación de las plicas por los licitadores.”

Otro círculo, explica el escrito, los formaban los negociadores Marjaliza y Pedro García en contacto directo con alcaldes , ediles y técnicos, “que se avinieron a adjudicar a Cofely los contratos de eficiencia energética a cambio de recibir comisiones”.

Los investigados diseñaron un plan para recuperar el gasto que realizaban con los pagos de comisiones , en perjuicio de los consistorios. El juez señala que dicho plan preveía el reembolso de las dádivas a costa de posibles sobreprecios en los contratos de eficiencia, inflados con facturaciones de prestaciones ficticias o inexistentes de las sociedades instrumentales de Marjaliza que enmascaraban como gastos del contrato, “lo que no era más que los fondos comprometidos como comisiones”.

Para ello, siguiendo los propios protocolos de actuación comercial fijados por Cofely, idearon que el importe de las comisiones o dádivas que les venía solicitado por cada Ayuntamiento se recogiese en el Plan de Negocio -Business Plan- como un gasto más del contrato y así pasasen a formar parte de la oferta que Cofely presentaba al Ayuntamiento concernido.

La resolución subraya que pese al esfuerzo de los investigados el plan no fue viable en casi ninguno de los ayuntamientos, ni siquiera en aquellos que se contó con el acuerdo de los alcaldes y ediles. Se frustró, explica, por la situación de insolvencia y severa morosidad de la mayoría de los consistorios y los reparos de algunos de los interventores de las instituciones implicadas.

Los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales de prestación efectiva por sus propios equipos de trabajo, como la compra de energía, mientras que los ayuntamientos que adjudicaron en 2014 se vieron afectados por la actuación del juzgado en la Operación Púnica, que “desactivó toda la organización criminal”, asegura el auto.