El juez investiga malversación de Podemos en contratos de consultoría, reformas en la sede y la caja de solidaridad

La batería de citaciones se acordó en un auto del pasado 30 de julio, al que tuvo acceso ABC, y en el que Podemos ya figura como persona jurídica investigada. De hecho, la representación legal del partido ha presentado un escrito en el que solicita que se anule todo lo actuado, porque las diligencias se basan en la denuncia de un antiguo abogado de la formación a cuya declaración íntegra en sede judicial no han podido tener acceso por problemas técnicos.

Ese abogado es José Manuel Calvente . Fue despedido de forma fulminante el año pasado tras una denuncia interna de acoso presentada por su compañera Marta Flor. Él siempre atribuyó el cese a que había detectado diversas irregularidades contables en Podemos, algunas posiblemente constitutivas de delito, y querían quitárselo de encima. Estaba además, enfrentado a Flor. Ella era la abogada de Podemos en el caso Villarejo y alardeaba de tener una relación estrecha con uno de los fiscales de la causa. Calvente entendía que no eran formas de trabajar y la jefa de ambos, que entonces era Gloria Elizo, le dio la razón y la apartó del caso. Flor llevaría después la denuncia de acoso contra Calvente a los tribunales, pero se desestimó. Él está fuera del partido y ella ascendió: fue la encargada de representar a Pablo Iglesias nada menos que ante la Audiencia Nacional en el caso Dina.

Con estas mimbres, Calvente, una vez cesado, decidió poner en manos de la Guardia Civil todas las irregularidades que según él, motivaron su purga y la de su compañera Mónica Carmona. Tras analizar los 40 folios de hechos denunciados, los agentes dieron cuenta al juzgado de posibles delitos de malversación y administración desleal en Podemos. Ese fue el atestado que acabó llegando al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, el lugar donde se habrían cometido los hechos, y cuyo titular, Juan José Escalonilla, que ya ha dirigido el procedimiento contra Podemos por malversación, llama ahora a su cúpula económica.

El origen son tres asuntos: los movimientos de la «caja de solidaridad» del partido, la reforma de su sede en Madrid y los contratos de consultoría en la campaña electoral de 2019. De fondo, lo que sobrevuela es la acusación de que mediaron sobreprecios y comisiones irregulares, así como reintegros de gastos que no se computaban a efectos del compromiso con la caja solidaria.

Tras escuchar a Calvente el pasado 29 de julio durante algo más de tres horas y analizar la documentación que aportó en su denuncia, el juez ha ordenado diligencias para profundizar en cada una de estas tres patas en las que el letrado veía también otros delitos, como el de apropiación indebida.

En el caso de la caja de solidaridad, se trata de un fondo creado en Podemos al que, por compromiso, sus altos cargos y cuadros intermedios donan todo lo que cobren que exceda de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para revertirlo en iniciativas sociales. Sin embargo, Calvente encontró cantidades en reintegros que rompían ese tope prefijado y denunció además que de esa hucha habían salido 50.000 euros para una consultora -productora que tiene entre sus fines «revertir el sistema a través de la comunicación como proceso de empoderamiento». No sería una obra social. El juez ha pedido a la Policía Judicial que «examine la cuenta adscrita a la Caja de Solidaridad del Partido Podemos, comprobando si se llegó a pagar los 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encontrara detrás» de esa sociedad, #404 Comunicación Popular. Pero hay más empresas de consultoría en este asunto.

Uno de los requerimientos del juez consiste en averiguar si, efectivamente, entraron en territorio español a partir de febrero de 2019 cinco personas residentes en Brasil que trabajan para la empresa portuguesa ABD Europa LDA, una entidad especializada en «estudios de mercado y sondeos de opinión» con la que Podemos suscribió contratos de prestación de servicios en febrero y abril de aquel año. Solicita además los extractos bancarios de esa empresa para buscar los pagos del partido de Pablo Iglesias y de Podemos y reclama la «cuenta electoral», ya sea del partido o de la coalición parlamentaria, para identificar los pagos a esta empresa en aquellas generales.

Pero sin duda, el caso más llamativo es el de Neurona Comunidad S.L., una consultora constituida en España en marzo de 2019 y que está en el punto de mira de las autoridades bolivianas porque en su versión Neurona Consulting pudo recibir pagos no justificados del expresidente Evo Morales, según publicaron diversos medios. El juez no sólo imputa a Castejón como administrador de esta sociedad en la campaña de 2019, sino que requiere todos los movimientos bancarios de la cuenta de la empresa desde su contratación, documentación acreditativa de los servicios prestados, y, como en el caso de ABD Europa LDA, testimonio al Tribunal de Cuentas sobre los informes que tuviera de su contratación por parte de Unidas Podemos.

Hay una tercera línea de investigación y son posibles sobreprecios en las obras de remodelación de la sede. Escalonilla llama como testigos a distintos proveedores , como la empresa de ascensores o la de climatización, y reclama tanto el contrato de ejecución de las obras con el arquitecto que las dirigió como el contrato de licitación. Todo para esclarecer si como denunció Calvente, mediaron sobreprecios y/o comisiones ilegales.

En este sentido, cobra relevancia una diligencia más. Ordena que el Registro Mercantil Central informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, la persona a quien señaló el abogado purgado Calvente por llevarse mordidas en las relaciones con proveedores y en concreto, de Neurona. Si bien en este auto no le cita a declarar.

Aparece, colateralmente, otro peso pesado de la formación. Escalonilla ha pedido la hoja de registro de Cooperativa Kinema, la entidad fundada en teoría con fines sociales por el diputado Rafael Mayoral.

La instrucción no ha hecho más que empezar, pero desde Podemos ya se habla de causa general con fines espurios. «Con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada. Porque su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática (...) Son las reglas del (amañado) juego», decía ayer Pablo Echenique en Twitter.