El juez imputa al administrador de Unidas Podemos por delito electoral en los pagos a Neurona

La resolución, fechada el 20 de octubre y a la que ha tenido acceso ABC, trae cuenta del auto dictado el pasado 10 de septiembre en el que Escalonilla relataba los indicios de delito que le han llevado a imputar a Podemos como persona jurídica, tal y como avanzó este diario.

Entre ellos consta un posible ilícito de financiación irregular así como delito electoral y falsedad en ese contrato de 363.000 euros con Neurona Comunidad, empresa constituida en España pocas semanas antes de la firma para las generales de abril de 2019 y cuyos servicios no pudo acreditar la coalición ante el Tribunal de Cuentas.

«Existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L. (...) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil con ocasión de las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral«, expone el juez.

Conforme relata en este nuevo auto, «consta indiciariamente acreditado» que los 363.000 euros para Neurona salieron de la cuenta electoral de Unidas Podemos, por lo que los hechos «resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral presuntamente constitutiva de un delito electoral«.

No obstante, se trata de un delito especial que no es imputable a la persona jurídica Podemos, sino a personas físicas y, en concreto, a los administradores generales y de las candidaturas así como las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales.

«En base a lo anterior, ostentando Carlos García Ramos la condición de administrador general con carácter mancomunado por la coalición electoral Unidas Podemos, constituida para las elecciones generales que se celebraron el 28 de abril de 2019, siendo desde la antedicha cuenta electoral de dicha coalición desde la que se realizaron tres transferencias bancarias para el pago del precio del contrato a Neurona Comunidad S.L., procede tomarle declaración en la presente causa en condición de investigado», dice el juez.

El otro administrador que figuraba en aquella convocatoria electoral era el tesorero del partido Daniel de Frutos , que ya ha sido citado como investigado pues se le atribuían distintos hechos presuntamente delictivos en la denuncia presentada por el exabogado del partido José Manuel Calvente que desencadenó la apertura del procedimiento. En su caso, está ya citado para el 20 de noviembre.

La causa se abrió el pasado mes de julio, cuando el juez tomó declaración a Calvente para ratificar su denuncia y ordenó una ingente batería de diligencias tendentes a esclarecer los distintos hechos denunciados y cuenta entre las acusaciones populares con Vox, la exenadora del partido Celia Cánovas, que ha promovido ampliación de la denuncia; y Aitor Guisasola del Movimiento de Regeneración Política de España.

Entre los delitos objeto de la causa estaba la posible distracción de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad de Podemos, una «hucha» que se destina a fines sociales, que el denunciante creía malversados por obra del alto cargo de Podemos Rafael Mayoral a través de la Asociación 404 Comunicación Popular, que había cursado solicitud del dinero.

En un segundo auto con fecha del 20 de octubre al que tuvo acceso este diario, Escalonilla descarta la administración desleal en ese asunto, aunque Podemos no haya colaborado en su esclarecimiento.  

Conforme explica, requirió al partido para que «aclarase si finalmente se había concedido dicha solicitud de 50.000 euros presentada por dicha Asociación ante el Fondo de Solidaridad de dicho partido» pero «no dio respuesta«. Sí lo hizo la entidad bancaria donde tiene sus cuentas la asociación y mostró tres transferencias desde Podemos a razón de 10.000 euros cada una «en fechas 5 de septiembre de 2.019. 20 de marzo de 2.020 y 15 de junio de 2020».

También ha acreditado vía informe de la Policía Judicial, que «la mayoría de las personas que forman parte de dicha asociación se trata de miembros del partido político Podemos , ostentando alguno de ellos cargos dentro de dicho partido».

Para el juez, «no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a Fundaciones o movimientos cercanos al Partido Político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad».

Concluye que « ningún indicio existe de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida , ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de «Podemos», pudiendo provenir de la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad», es decir, «no resultan indiciariamente expositivos de una presunta administración desleal« por parte de Rafael Mayoral. Archiva provisionalmente esta línea de investigación.

Quedan abiertas, además de la investigación sobre Neurona Comunidad, la adjudicación y ejecución de las obras de la sede del partido, sobre las que Calvente había denunciado irregularidades atendiendo al elevado sobreprecio que acabó pagando Podemos.

Sobre este asunto, la Fiscalía ya ha expresado posición: no ve indicios delictivos en el proceso, como tampoco aprecia indicios de financiación ilegal. Sí entiende que los habría de falsedad en documento mercantil y delito electoral atendiendo al contrato con Neurona, en línea con lo que ya apuntó la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, pero son tipos penales que sólo se pueden atribuir a personas físicas, no al partido como persona jurídica.