El enredado horizonte judicial del caso Gali, entre Zaragoza y el Tribunal Supremo

En los cuatro meses que ya lleva investigando, el juez zaragozano Rafael Lasala ha dejado claro que está decidido a llegar hasta donde su competencia se lo permite. Es decir, hasta que los indicios de delito alcancen de lleno a algún miembro activo del Gobierno , cuya condición de aforado obliga a que toda causa penal pase a manos del Tribunal Supremo (TS).

Fuentes jurídicas consultadas reconocen, abiertamente, que en un asunto de este calado el Supremo podría resultar una instancia mucho menos incómoda que el ímpetu investigador demostrado por el juez Lasala. Las acusaciones del caso Gali lo saben. Por eso, han advertido que se opondrán de plano a una prematura elevación de la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena. Quieren que la instrucción siga en el juzgado de Zaragoza hasta que se produzca o sea irremediable la imputación de responsables gubernamentales en activo. El Gobierno sabe que, si se llega a ese extremo, políticamente ya será demasiado tarde , y jurídicamente resultará altamente comprometedor.

Este espinoso panorama plica que, de momento, la abogada del Estado designada por el Gobierno haya urgido al juez a que deje de investigar y dé carpetazo al procedimiento. Las acusaciones se oponen. La Fiscalía está por ver qué dice ante la petición de la Abogacía . Y el juez, a priori, no parece estar por la labor de cerrar ahora una investigación para la que sigue citando a cargos políticos relevantes.

Dado que todo apunta a que el juez Lasala va a seguir adelante, ahora la decisiva es la ministra Arancha González Laya, que declarará próximamente como imputada . Pedro Sánchez la desechó en su remodelación del Gobierno de julio. La sacrificó bruscamente. Ahora, tras aquella destitución trufada de desdén, el presidente del Gobierno está en manos de Laya por el caso Gali. Si ella opta por asumir en clusiva toda la responsabilidad de esa operación clandestina, será el cortafuegos que proteja al Gobierno en esta investigación judicial. Pero si la ministra apunta directamente a Sánchez o a otros ministros en activo, el caso le estallará al Ejecutivo. Hace escasos días, nada más conocer su imputación, el entorno de González Laya indicó a ABC que estaba considerando, firmemente, desvelar todas las implicaciones al más alto nivel. El que fue su jefe de gabinete, el también imputado Villarino, ya le ha dicho al juez Lasala que ella ni actuó ni lo decidió por su cuenta.

La Abogacía del Estado, con las alegaciones que presentó hace unos días ante el juez instructor, persigue un veloz carpetazo que evite la declaración de la ministra. Y es que, cuanto más avanza la investigación, más datos escabrosos para el Gobierno salen a la luz.

Ahora, ante ese más que improbable archivo inmediato de la causa, a la Abogacía del Estado le queda una segunda opción que, en el fondo, es todo un dardo envenenado: solicitar la elevación de la causa al TS, para retirar al juez Rafael Lasala y cerrar el paso a la comprometedora investigación que está llevando a cabo . Algunos ven cierta intencionalidad, en ese sentido, en las declaraciones realizadas hace escasos días por Pedro Sánchez desde Nueva York, cuando asumió genéricamente que «el Gobierno de España hizo lo que debía» al acoger furtivamente a Gali y hospitalizarlo en Logroño.

En cualquier caso, según advierten fuentes jurídicas consultadas por este periódico, esa opción de pedir la elevación de la causa al Supremo –por la que también podría optar la Fiscalía, llegado el caso–, es un dardo envenenado para el Gobierno: en la práctica, el mero hecho de pedir que el caso pase al TS es admitir, plícita o implícitamente, que hay gruesos indicios penales que alcanzan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, como toda pretensión procesal, se enfrenta a lo incierto del resultado.

La acusación ya ha avanzado a ABC que, si ese intento se produjera, se opondría frontalmente si no hay una indubitada causa de imputación, individualizada, de cargos gubernamentales. Dicen que, para elevar la instrucción de la causa al Supremo, la jurisprudencia deja claro que no basta con argumentar futuribles, tiene que haber certezas en el presente procesal en el que se produce o se pretende dicha elevación. En un procedimiento de este tipo, el paso de la causa al Tribunal Supremo puede ser solicitado por cualquiera de las partes, o ser promovido de oficio por el juez instructor.