La izquierda judicial también se rompe en bandos

Juan Carlos Campo siempre fue un «fontanero de las togas» curtido en las negociaciones pragmáticas con el Partido Popular . Gozaba de notable ascendencia e influencia ante Pedro Sánchez, y se forjó en los entresijos de la Justicia con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y antes incluso, como vocal del Consejo General del Poder Judicial durante los gobiernos del PP. Campo tiene un concepto de los consensos más utilitarista, y menos espectacular ante los focos de la política judicial , que otros ministros socialistas como Delgado, que ha sufrido un desgaste brutal personal en el empeño y ha pecado de enorme imprudencia institucional. Siempre a la sombra, Campo había tejido mucho de lo que Dolores Delgado terminó dinamitando cuando PP y PSOE pactaron renovar el CGPJ con el magistrado Manuel Marchena al frente.

A izquierda y derecha, Campo es un viejo conocido de esa élite de «urdidores judiciales» que trabaja en la sombra. Coincidió como vocal del órgano de gobierno de los jueces con Enrique López hace varias legislaturas y su grado de entendimiento mutuo siempre fue notable. Hoy también lo es. López es desde hace unos días el máximo responsable orgánico del PP en materia de Justicia, y a él le corresponderá negociar ahora con el PSOE en sustitución de Rafael Catalá; y Campo goza de cierto crédito, buena opinión, e incluso de sólidas amistades personales, en relevantes sectores conservadores de la judicatura.

Pero de momento, no hay nada que negociar. De modo muy mayoritario, el mundo de la justicia quedó desagradablemente sorprendido al escuchar el discurso de investidura de Pedro Sánchez, porque lejos de ser institucional y conciliador, resultó ofensivo para un amplio abanico de un poder independiente del Estado. Así se interpretó incluso en círculos progresistas, que lo consideraron un «exceso» orientado a tratar de imponer un férreo control sobre la justicia. La atmósfera no está solo enrarecida, sino tóxicamente viciada desde el primer minuto de la legislatura porque la advertencia contra la independencia de los jueces, magistrados y fiscales está lanzada. Por ese motivo, los clásicos consensos entre PSOE y PP están en peligro . Y hasta hace un año, nunca lo habían estado por más dificultades que atravesasen.

Ni siquiera el Gobierno socialista se ha puesto en contacto con el PP como simple declaración de intenciones, según ha denunciado Génova. Con los resultados electorales de noviembre, el PP se ha convertido en un partido esencial para que el Congreso logre la mayoría suficiente de 210 escaños que permita renovar órganos constitucionales. En abril con 66 escaños, no lo era, y eso ha fortalecido ahora la posición de Pablo Casado.

Más allá de que en la superficie de la pugna política y la influencia mediática PSOE y PP se culpen del bloqueo institucional, que podría perpetuar al TC y a este CGPJ –lleva ya un año en prórroga–, lo cierto es que antes o después ambos partidos están condenados a entenderse. No obstante, la propuesta de designar a Dolores Delgado nueva fiscal general ha intoxicado el aire tanto como la advertencia que hizo Pedro Sánchez durante su discurso de investidura de poner fin a la «deriva judicial» del «conflicto político» de Cataluña. El mensaje fue demoledor institucionalmente, y después ha sido reafirmado por Pablo Iglesias con palabras muy despectivas contra el Tribunal Supremo, del que dijo que está siendo humillado por Europa.

En este contexto, lo más novedoso no es la tradicional fractura en bloques ideológicos del espectro judicial y fiscal cuando hay un cambio de Gobierno. Ni siquiera la prudencia de la que ha hecho gala esta semana el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tratando de apaciguar los ánimos internos en la cúpula judicial e impedir una «guerra total» de la carrera contra Dolores Delgado.

Lo más novedoso es el malestar generado por Pedro Sánchez en algunos círculos moderados de la izquierda judicial y fiscal , que en etapas anteriores de poder socialista se mostraron más «disciplinados» en lo ideológico. Y ello, porque había más naturalidad y lógica en los relevos, porque se protegía de modo más decoroso la apariencia de imparcialidad en el Ministerio Público, y porque nunca se le habría ocurrido a un presidente del Gobierno lanzar andanadas contra el poder judicial desde la tribuna de oradores del Congreso.

De hecho, el complejo sistema de equilibrios en la izquierda judicial está alterado. Incluso, dividido en bandos dispares que se han creado con el discurrir del tiempo por criterios de empatía o por enemistades personales, por cuestiones de ego y trayectoria profesional, o por pura lucha interna en busca de ejercer influencia real.

Dolores Delgado siempre fue una ministra cercana a Carmen Calvo, cuya ascendencia sobre Sánchez es notoria, y en altas instancias jurídicas se da por hecho que fue Calvo quien ha «recuperado» a la exministra tras verse forzada por Sánchez a abandonar Justicia. En otro ámbito de influencia, diferente y paralelo, y más moderado y pragmático, se encuentran Margarita Robles o el propio Juan Carlos Campo, mucho más receptivos a alcanzar consensos con el PP en la medida en qu e el CGPJ está en prórroga desde hace trece meses, y en que los roces institucionales entre miembros del Consejo de Ministros y Carlos Lesmes vienen de largo.

Aparte quedan otros referentes tradicionales de la izquierda judicial no asociados a ninguna de estas sensibilidades políticas —desde el Tribunal Constitucional a la Fiscalía del Supremo, desde el CGPJ hasta la Audiencia Nacional, pasando por la Fiscalía Anticorrupción–, que también expresan en privado su extrañeza y disconformidad con la designación de Delgado. Unos, porque aspiraban legítimamente a entrar el «círculo de poder» de Sánchez, y otros porque objetivamente consideran a Delgado no idónea para el cargo que va a ocupar, o porque sencillamente va a condicionar procesos judiciales en marcha de los que ella tiene ya un criterio «contaminado». Sánchez ha pretendido repartir poderes entre distintas facciones del progresismo judicial , con toda la herencia que ello acarrea de rencores, tiranteces y facturas endogámicas al cobro, lo que augura una difícil habitabilidad no solo entre el PSOE y el PP, sino también en el propio espectro de la izquierda judicial.

A día de hoy, cualquier renovación pendiente está frenada en seco, y prácticamente nadie avanza un diagnóstico halagüeño: va a ser nombrada, con criterios de estética política muy mejorables, una fiscal general que técnicamente tendría que abstenerse en multitud de procesos judiciales en marcha, especialmente si afectan a los partidos políticos; el CGPJ ha paralizado nombramientos pendientes por estar en funciones desde hace un año , lo cual puede afectar especialmente a la crucial Sala de lo Penal del Supremo, que dispondrá de tres vacantes en breve ; el TC ha empezado a dividirse en resoluciones determinantes alusivas al proceso separatista de Cataluña ; y el «vuelco» a la Fiscalía que exige el separatismo catalán a cambio de los votos de investidura para Sánchez encontrará a buen seguro episodios de «rebeldía» interna que van a desgastar severamente a la institución. «No va a ser fácil que Lola lo afine todo», comentan irónicos en la Fiscalía.

En el ámbito del PP, el discurso oficial de las últimas semanas ha experimentado una leve variación. Donde se exponía con contundencia que el bloqueo para renovar instituciones de acuerdo con el PSOE se mantendría sine die mientras Sánchez no rectificara, por ejemplo el nombramiento de Delgado, ahora se matiza la idea para no perder la eterna «batalla del relato», y no aparecer ante la opinión pública como el «paralizador antidemocrático de las instituciones».

Génova empieza a abrir la puerta a lograr acuerdos solventes con el PSOE, pero basados en una lealtad que ahora parece imposible entre ambos partidos. Y basados también en una suavización del ambiente de indignación creado por Sánchez entre jueces y fiscales. Génova descarta, sin embargo, la pretensión de Sánchez de aplicar un «rodillo» en la medida en que con solo 120 escaños no puede imponer un vuelco ideológico drástico en el TC, o en el CGPJ. Sánchez dispone de una mayoría parlamentaria muy inestable y el PP no está dispuesto a que el poder judicial sea moneda de cambio de un proceso de «deconstrucción» de la justicia. Cualquier cambio, cualquier nombramiento, cualquier renovación, necesariamente deberán ser seriamente pactados. Pero las señales que emite Sánchez son en ese sentido muy contradictorias.