Las diez claves de la Operación Lezo

La supuesta trama corrupta se forjó a través del Canal, empresa pública presidida por Ignacio González entre 2003 y 2012, año en el que pasó a ser presidente de la Comunidad de Madrid tras la primera dimisión de Esperanza Aguirre . González y los suyos aprovecharon la expansión del Canal en Iberoamérica (está presente en Brasil, Panamá, Ecuador, Colombia y República Dominicana, con un 20 por ciento de su cifra de negocio) para desviar fondos hacia sus bolsillos y, en menor medida, hacia las arcas del Partido Popular madrileño. Las compras de empresas se sobrevaloraban para quedarse con la diferencia, según las pesquisas de la causa, aún secreta.

Otra línea de investigación es la posible financiación irregular del PP de Madrid a través de estás prácticas. El juez sospecha que la constructora OHL abonó a González una comisión de 1,4 millones de euros a cambio de la adjudicación de las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero, parte de la cual pudo acabar en la caja del partido. Esta rama de la causa centra el tiro en la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), cuyo antiguo consejero delegado, José Martínez Nicolás, está imputado en la investigación. El juez acusa a González de pedir un millón de euros a Nicolás para «sanear» las cuentas del PP de Madrid, un dinero que habría llegado de las empresas Indra y PriceWaterHouse Coopers a través de contratos «inflados». Los pagos se abonaron en 2012.

Los investigadores tratan de cifrar el agujero generado en las arcas públicas madrileñas. Las adquisiciones de empresas en Iberoamérica se realizaron vulnerando las normas administrativas: para comprar más del 51 por ciento de una sociedad extranjera los gestores del Canal necesitaban la aprobación del Consejo de Gobierno de la empresa pública, presidido por Aguirre antes que por González. La investigación indaga si hubo connivencia política o la trama actuó sin las autorizaciones legales. Está por determinar el daño a las finanzas públicas, aunque el juez ya ha cifrado en 23,3 millones de euros el desvío de dinero público generado con la compra de la empresa Emissao en 2013 , con la que el Canal entró en el mercado brasileño. Esta es una de las operaciones en las que, según el juez, no hubo autorización de la Comunidad de Madrid. Otra irregularidad que pudo dañar las arcas públicas fue la construcción y adjudicación del Golf del Canal, en el distrito de Chamberí, bajo sospecha y en la que el hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid podrían haberse llevado comisiones por su mediación.

Para disfrutar del dinero obtenido de forma ilícita, un gran número de investigados se dedicó a blanquear los fondos, en complejas operativas que llegaron a países extranjeros, algunos considerados paraísos fiscales. Ignacio González y su familia utilizaron hasta guarderías para lavar su dinero y emplearon préstamos falsos, facturas ficticas y «dinerillo B». Martínez Nicolás habría tenido una cuenta en Liechtenstein y Rodríguez Sobrino habría comprado bienes en Colombia, Inglaterra, República Dominicana, a través de su hija, a demás de disponer de cuentas en la Isla de Jersey.

El primer «pelotazo» del Canal de Isabel II fue la adquisición de la firma colombiana Inassa, que se convirtió en la matriz de la empresa pública madrileña en Iberoamérica. Esta compra se produjo en el año 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón (quien no está siendo investigado por ahora) presidía la Comunidad de Madrid. Según los investigadores, Inassa fue adquirida con una sociedad interpuesta en una operación en la que hubo comisiones y con un coste muy por encima de su precio de mercado. Con los años, Ignacio González colocó a su hombre de confianza en la región, Rodríguez Sobrino, al frente de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), su principal filial americana.

Aunque el juez ha solicitado información y ha dictado medidas cautelares, como el bloqueo de cajas de seguridad, sobre casi 60 personas, por ahora son una treinta las que tienen la condiciónde investigados, la nueva denominación del imputado. Entre ellos está el empresario Juan Miguel Villar-Mir . El exministro Eduardo Zaplana no ha sido imputado todavía, aunque aparece vinculado a algunas operaciones sospechosas. De todos ellos, nueve durmieron en dependencias de la Guardia Civil hasta que fueron puestos a disposición del juez. El núcleo central de la trama pertenece al círculo íntimo de Ignacio González, entre amigos, compañeros profesionales y familiares. Su hermano, Pablo González, y su cuñado, Juan José Caballero, están imputados y en prisión.

La consecuencia política más inmediata de la operación Lezo ha sido la dimisión de Esperanza Aguirre como concejal del PP y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid , los últimos cargos que ostentaba la antaño poderosa presidenta de la región. Aguirre, que llegó a romper a llorar ante los medios «conmocionada» por las sospechas sobre González, asumió que no vigiló la corrupción como debía. Aguirre ha finalizado su carrera cercada por la sospecha ante la caída de todos sus antiguos hombres de confianza en el PP regional. Además de González, su otra mano derecha, Francisco Granados, lleva más de dos años en prisión preventiva por la Púnica .

La condición de consejero de «La Razón» del supuesto enlace de la trama en Iberoamerica, Edmundo Rodríguez, destapó una rama «mediática» en la causa. El juez imputó al presidente del periódico, Mauricio Casals, y al director, Francisco Marhuenda, por coaccionar a Cifuentes para frenar su denuncia sobre las «anomalías» en la gestión del Canal con González. Las sospechas surgieron por conversaciones ofensivas, que ellos explicaron como expresiones informales para tranquilar a Edmundo, «un amigo desesperado». Marhuenda y Casals negaron las coacciones en su declaracion, el juez les creyó y archivó esta rama de la causa.

La investigación ha puesto de manifiesto la tensión existente entre el recién nombrado jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y los fiscales de la casa . Moix ha tratado sin éxito de apartar a Carlos Iañez, uno de los fiscales del caso, y ha desvelado que se colocaron micrófonos en el despacho de González. Además, ha trascendido que una magistrada dio un chivatazo al expresidente regional a través del presidente de «La Razón» Mauricio Casals. El juez Velasco además eludió maniobras de González para que le recusara porque su mujer trabajó para la Comunidad de Madrid.

El nombre de la operación rinde homenaje al almirante español Blas de Lezo, quien protegió la ciudad colombiana de Cartagena de Indias de la invasión inglesa en 1741. El marino, nacido en Guipúzcoa, evitó el asedio británico contra una flota mucho más poderosa y salvó la ciudad que concentraba las riquezas de las colonias españolas. El vínculo con la causa contra la corrupción está en que Ignacio González fue visto en Cartagena de Indias en 2008 con bolsas de contenido desconocido, en un viaje por negocios del Canal.