La iniciativa sobre libertad de expresión de Podemos está copiada de internet

El texto registrado no completa las siete páginas escritas por una cara y con espacios entre párrafos. Sin embargo, la formación hizo uso del «copia y pega» para tomar prestados dos fragmentos completos y parte de otro de un artículo periodístico publicado en «eldiario.es» -diario digital- el pasado 15 de febrero bajo el título «La mordaza penal: enaltecimiento terrorista» firmado por Isabel Ebal.

Los autores de la iniciativa ni siquiera cambiaron el tipo de letra de los párrafos copiados, que aparecen con una tipología diferente al resto del texto en la copia presentada ante el registro del Congreso. Además de estos, hay otros dos párrafos que cambian sospechosamente de letra aunque en este caso no se ha podido identificar su procedencia.

Fuentes de Podemos justificaron a ABC la copia señalando que al tratarse de «una redacción colaborativa, se coló un párrafo de la fase de documentación en el texto final». Al señalar este periódico que se trata de más de «un párrafo» las citadas fuentes se aferraron al mismo argumento. La proposición no de ley está firmada por los diputados Sara Carreño y Eduardo Santos como autores y también por Irene Montero pero ésta última en la calidad de portavoz.

Dejando a un lado este polémico uso del «copia y pega», Podemos solicita la supresión del artículo 578 del Código Penal que recoge el castigo por enaltecimiento del terrorismo. Se trata de un artículo que el Gobierno considera crucial para la salvaguarda de las víctimas del terrorismo.

Sin embargo, Podemos exige su retirada en un mes argumentando que la redacción es «tan falta de concreción» que está provocando que la Audiencia Nacional «juzgue a personas que nada tienen que ver con organizaciones terroristas por proferir manifestaciones que se engloban en el denominado «humor negro» y que si bien pueden ser de mal gusto o incluso ofensivas no pueden tildarse de actos terrorista».

Pertenecería a esta categoría, a ojos de Podemos, el polémico espéctaculo infantil realizado por dos titiriteros en Madrid que incluía un cartel de «gora ETA» y en el que un juez acaba siendo ahorcado. O el caso de Cassandra, la joven juzgada por reproducir chistes sobre el fallecimiento de Carrero Blanco.

Dos juicios que Podemos pone como ejemplo de que en España «la propia opinión puede ser castigada penalmente» e investigada «bajo el pretexto del agravio realizado».

La formación morada critica a lo largo de la iniciativa que el enaltecimiento terrorista existe en el Código Penal desde hace 16 años y que el Gobierno de Mariano Rajoy lo endureció de manera «inusitada» en 2015 tras los atentados de París, posibilitando una «sanción general».

Para justificarlo, asegura que Amnistía Internacional, Jueces para la Democracia e incluso la ONU alertan de los peligros de una normativa «ambigua» en este ámbito porque alberga el peligro de que la noción de terrorismo se amplíe a «actos que no lo constituyen» y se «conculquen muchos derechos».