La Guardia Civil detiene en Bogotá al presunto mayor estafador inmobiliario de Baleares

Cabe recordar que en agosto de 2018 la Guardia Civil había detenido ya a ocho personas — siete en Mallorca y una en Tarragona — en el marco de la macrooperación puesta en marcha poco después de que hubieran sido presentadas las primeras denuncias que vinculaban a Carlos G.R. con una supuesta estafa inmobiliaria millonaria. Se estimaba inicialmente que podría haber más de doscientas personas afectadas en este caso y que el dinero estafado superaría en total los cuatro millones de euros, pudiendo alcanzar incluso los siete millones de euros.

Al parecer, los integrantes de la presunta trama ofertaban viviendas aún no construidas a precios por debajo del mercado y exigían a los compradores que adelantasen diversas cantidades de dinero, que en algunos casos llegaron hasta los 200.000 euros . Las citadas viviendas, ofertadas en distintos municipios de Mallorca, no llegaron a construirse nunca. En algunos casos, además, los promotores ni siquiera disponían de los solares en los que supuestamente iban a edificar ni tramitaban las licencias municipales pertinentes. El dinero estafado habría sido «blanqueado» a través de una peluquería ubicada en Tarragona.

El origen de la presunta estafa se situó en la promotora Lujo Casa y en la inmobiliaria Mallorca Investment, situadas ambas en Palma de Mallorca. Los investigadores consideraban que el «cerebro» de la supuesta trama era el antiguo responsable de Lujo Casa, el citado Carlos G.R., contra quien había sido dictada una orden de busca y captura internacional desde su huida de España . Todo apuntaba a que habría huido el pasado mes de mayo, cuando empezó a ser citado en los tribunales a raíz de las primeras denuncias presentadas. Inicialmente, se atribuyeron a los integrantes de la trama los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La macroestafa se habría iniciado a mediados de 2016 y al parecer afectaba a una veintena de promociones situadas en los municipios mallorquines de Palma, Marratxí, Llucmajor, Algaida y Calviá . Las casas ofertadas en su momento fueron compradas sobre plano por parte de las víctimas, que solían aportar un 10 por ciento del valor de los futuros inmuebles. Las cantidades abonadas a modo de señal oscilaron entre los 10.000 y los 200.000 euros, si bien en la mayoría de los casos se situaron en torno a los 30.000 euros. Hasta el momento, ninguno de los estafados ha podido recuperar aún el dinero invertido.

Las primeras denuncias vinculadas a este caso se presentaron a principios del pasado año, después de que varias personas afectadas hubieran comprobado que no se estaban cumpliendo los plazos previstos para la entrega de sus respectivas viviendas. A raíz de las citadas denuncias, se puso en marcha la mencionada macrooperación de la Guardia Civil, denominada «Lloriguera» . Participaron en el dispositivo ejecutado en agosto agentes de la Policía Judicial de Algaida, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, el Equipo de Delitos Tecnológicos y también la Unidad Cinológica. Los registros fueron llevados a cabo en varias inmobiliarias y en un estudio de arquitectura que supuestamente también habría colaborado en la citada trama. La Guardia Civil se incautó entonces de varios miles de euros, material informático y diversa documentación.

Por lo que respecta a las víctimas de la estafa —entre ellas familias con hijos y personas jubiladas—, varias de ellas expresaron entonces públicamente su pesar o su indignación por lo ocurrido. Una de las circunstancias que causó un mayor enfado entre los afectados fue el elevado tren de vida que, al parecer, habría mantenido durante meses Carlos G.R. antes de huir de España. En ese contexto, diversos afectados emitieron en agosto un comunicado conjunto en el que señalaban que tras «estallar la estafa» lo único que les quedaba era «denunciar» y «rezar» para que el principal sospechoso no se hubiera gastado todo el dinero «en el casino, en hoteles de lujo y Moët Chandon».