La Guardia Civil detiene a siete personas en una operación contra la mayor estafa inmobiliaria de Baleares

El origen de la presunta estafa se situaría en la inmobiliaria Mallorca Investment, ubicada en la avenida Joan Miró de Palma, y también en la promotora Lujo Casa, situada igualmente en la capital balear. El «cabecilla» de la supuesta trama sería el responsable de Lujo Casa, Carlos G.R., de 46 años de edad y nacionalidad española, quien se encuentra huido en estos momentos, al parecer en Colombia. Ya ha sido dictada contra él una orden de busca y captura internacional. Entre los detenidos se encuentra el propietario de Mallorca Investment, Michele P., de nacionalidad italiana. Los investigadores atribuyen a los sospechosos los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La supuesta estafa se habría iniciado hace dos años y afectaría a una veintena de promociones situadas en los municipios mallorquines de Palma, Marratxí, Llucmajor y Calviá. Las casas fueron compradas sobre plano por parte de las víctimas de dicho fraude inmobiliario. Las cantidades abonadas a modo de señal oscilaron entre los 10.000 y los 200.000 euros. Las primeras denuncias se presentaron en marzo de este año, a través de un abogado, por parte de un grupo de unas 60 personas afectadas, después de que hubieran comprobado que no se estaban cumpliendo los plazos previstos para la entrega de sus respectivas viviendas. Hasta el momento, ninguno de los estafados ha podido recuperar el dinero invertido.

A raíz de las citadas denuncias, se puso en marcha la mencionada macrooperación de la Guardia Civil, denominada «Lloriguera», que culminó a lo largo de toda la jornada de ayer. Participaron en el dispositivo agentes de la Policía Judicial del municipio mallorquín de Algaida, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), el Equipo de Delitos Tecnológicos y también la Unidad Cinológica, a través de la colaboración de un perro especialista en buscar dinero, ‘Coco’, de raza teckel.

Los registros fueron llevados a cabo en varias inmobiliarias y en un estudio de arquitectura que supuestamente también habría colaborado en la citada trama. La Guardia Civil se incautó de varios miles de euros, material informático y diversa documentación.