Granados acusa sin pruebas a Aguirre y González, y trata de involucrar a Cifuentes en la Púnica

Por esa falta de documentación, él mismo se justificó ante los medios. «Yo salgo y entro de los sitios con lo puesto, no me llevo papeles», argumentó.

Cifuentes, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y un valor en alza en el PP nacional, anunció ayer mismo una querella por atentar contra su honor e imagen con falsedades.

Considerado el cabecilla de la trama Púnica, una red que amañó adjudicaciones públicas a cambio de comisiones, Granados trató ayer de defenderse de las acusaciones que le acorralan desde varios flancos. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de amañar adjudicaciones y blanquear las ganancias ilícitas; el juez ha advertido «tratos de corrupción» a favor de empresas amigas desde su cargo de consejero madrileño; y su antiguo socio, el constructor David Marjaliza, ha reconocido todas las irregularidades, en busca de un acuerdo con la Fiscalía.

Aunque señaló a otros altos cargos, Granados negó ayer haber cometido él cualquier irregularidad. «Mientras en el sumario no aparezca ni una sola prueba, excepto las declaraciones del señor Marjaliza, de una sola irregularidad en una contratación, en algo, mantendré esta opinión», aseguró a los medios a la salida de su comparecencia, que duró más de tres horas. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Manuel García Castellón, considera que Granados facilitó contratos a la red corrupta desde la Consejería de Transportes, en los años 2003 y 2004, y desde la Consejería de Presidencia, en la que estuvo al mando entre los años 2004 y 2011. Tres años después, el 31 de octubre de 2014, fue encarcelado de forma preventiva durante 31 meses para impedir que entorpeciera la causa.

A pesar de negar la mayor, Granados admitió ayer al juez que Esperanza Aguirre financió de forma irregular sus campañas electorales municipales y autonómicas en 2007 y 2011, según informaron a ABC fuentes jurídicas presentes en la declaración. Esta práctica, ya desvelada por la Guardia Civil, supondría que el PP de Madrid se saltó las normas para gastar más de lo permitido por el Tribunal de Cuentas en dichas campañas electorales. El antiguo secretario general de la formación regional definió esta financiación como «una campaña paralela, de refuerzo, para Esperanza Aguirre », que se manejó al margen del contable Beltrán Gutiérrez y del PP.

Según el exconsejero madrileño, esa financiación en B fue dirigida por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González , considerdo el cabecilla de otra red, la trama Lezo, que anidó en el Canal de Isabel II. Esta causa también aborda la supuesta contabilidad opaca del PP madrileño.

Granados explicó ayer al magistrado que los actos electorales irregulares se sufragaron a través de gastos de publicidad cargados a empresas públicas, como el propio Canal o la agencia de informática de la Comunidad, ICM, también implicada en Lezo, según fuentes presentes en la sala de vistas, abarrotada de abogados del caso.

Según su relato, el ex secretario general del PP de Madrid intuía esta práctica, era consciente de ella, pero no participó ni la denunció hasta ahora. Sus explicaciones no fueron claras, sostiene un letrado, que resta valor a la declaración de Granados. «Solo sirve para dar aroma al pastel, poco más».

El ex secretario general popular no aclaró si Aguirre participó o conocía la financiación irregular. Esa implicación se intuyó porque insistió en que la antigua todopoderosa presidenta madrileña controlaba todo, junto a González, y estaba detrás de los nombramientos de todos los implicados.

Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que el PP pagó con su contabilidad opaca 2.685.000 euros en 2007 ; 685.000 euros en 2008; y 1.546.000 euros en 2011, aproximadamente, lo que suman casi cinco millones de euros. Una de las empresas utilizadas fue la fundación Fundescam, creada por la expresidenta. Aguirre dimitió de su último cargo político, la portavocía del PP en el ayuntamiento, el 24 de abril del año pasado, tras la detención de González. La Justicia aún no le ha citado, pero ya le pisa los talones.

Al señalar a Cifuentes, Granados reveló que la presidenta de Madrid se encontraba en el «círculo de influencia» de González y en el equipo que controlaba la financiación irregular de las campañas de Aguirre. Ese rol de Cifuentes se cortó cuando finalizó la «relación sentimental» que mantuvo con González, declaró Granados. Ubicó en ese grupo al exconsejero Borja Sarasola y a la ex jefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego. Cifuentes tenía poder por su cargo de secretaria de política territorial del PP de Madrid, alegó el exconsejero.

Para defenderse, Granados justificó el dinero que ocultó en Suiza como ganancias de su carrera como inversor, previa a la política, y minusvaloró su influencia como secretario general. Se escudó en que en la práctica ese cargo era de González.

Granados respondió al reproche de la carencia de pruebas. «Lo que he dicho es exactamente como lo he dicho. No hace falta ningún papel», expresó el imputado, al que le esperan meses de instrucción en los que los investigadores buscan demostrar que se corrompió. Ellos van cargados de papeles: el sumario ocupa unas decenas de miles de folios.