El Gobierno revisará la venta que frenó de 400 bombas a Arabia Saudí

Después de regatear un par de veces a los periodistas, la ministra portavoz reconoció el problema. «No creo que exista una crisis diplomática con Arabia Saudí », consideró en primer término, para acto seguido admitir diferencias con el interlocutor árabe: «Puede haber un intercambio de opiniones y también puede haber alguna discrepancia».

Sólo así se entiende el amago de romper el millonario contrato por parte de Arabia Saudí, donde no agradó el gesto del Gobierno de frenar la venta de los 400 proyectiles de precisión, presumiblemente, para evitar que fueran empleados contra contra los rebeldes hutíes, de etnia chií en Yemen. Celaá quiso echar agua al fuego y aseguró que la idea del Ejecutivo socialista es mantenerse «firme en las relaciones de colaboración con Arabia Saudí y, obviamente, con los compromisos adquiridos por las partes». Cabe recordar que una de esas obligaciones es, precisamente, la venta de los misiles a cambio de 9,2 millones de euros que, además, el Reino saudí ya había pagado. El acuerdo se rubricó en 2015 y ahora la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo frenó.

La costumbre de anunciar sus medidas antes de tener cerrado el modo de ejecutarlas juega a favor, en este caso y paradójicamente, del Ejecutivo. Pese a que el Ministerio de Defensa ya había iniciado los trámites para congelar la entrega del armamento, no existe un documento firmado que haga oficialice la paralización. Fuentes de Moncloa no admiten abiertamente que el Gobierno vaya a recular, pero sí matizan que el anuncio que hizo Defensa responde a una «declaración de intenciones» política que todavía debe ratificarse. Esta brecha legal otorga margen de maniobra a la comisión interministerial que Celaá anunció que se reunirá en fechas próximas para revisar el caso.

Hay mucho en juego. Concretamente el acuerdo con Navantia para vender cinco corbetas a Arabia Saudí es el mayor contrato de exportación en la historia del astillero estatal, que pertenece al cien por cien a la SEPI. Así se lo recordó la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a Sánchez. «Hemos trasladado al Gobierno de España que, cuanto antes, tiene que encontrar una solución», avisó Díaz, perfecta conocedora del acuerdo comercial, que se hizo público el pasado 12 de julio. Entonces Navantia emitió un comunicado informando sobre la rúbrica del trato en el que destacó que el encargo supondría alrededor de siete millones de horas de trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz. El encargo también repercutiría a los astilleros de Ferrol, Cartagena y su industria auxiliar.

El programa de construcción de las embarcaciones militares se iba a extender, según la hoja de ruta inicial, hasta el año 2022 y, además, Navantia sería responsable del apoyo al ciclo de vida de las corbetas durante cinco años desde la entrega del primer buque. La carga de trabajo se repartía del siguiente modo: durante cinco años se iban a generar en cada ejercicio cerca de 6.000 empleos . De ellos, más de 1.100 serían directos, otros serían 1.800 empleados llegarían desde la industria auxiliar y el resto, más de 3.000 empleos, serían generados por otros suministradores.

«Los trabajadores pueden estar seguros de que este Gobierno está con ellos», intentó tranquilizar Celaá, cuyo Gobierno, por si faltara algún ingrediente a este caso, tendrá que explicarle la próxima semana su posicionamiento -ya sea vender armas o no- a uno de los enemigos diplomáticos de Arabia Saudí. Según confirmaron fuentes diplomáticas a ABC, el próximo jueves tendrá lugar la visita oficial a España de Mohamed bin Adulrahman al Thani, vicepresidente y ministro de Exteriores de Catar , Estado con el que el Reino saudí rompió relaciones.

Antes, el Gobierno tendrá que aclararse y calmar a los trabajadores de Navantia, que ayer no parecieron muy satisfechos con sus explicaciones. El malestar en el astillero de Cádiz quedó patente y en la factoría de Navantia de Ferrol, el presidente del comité de empresa restó credibilidad al mensaje de tranquilidad que lanzado por la portavoz del Gobierno. Según Javier Galán, el Ejecutivo ha actuado de manera «irresponsable» sin pensar en las consecuencias que acarrearían sus decisiones.

De fondo aparece el debate sobre la coherencia -al menos en la materia- de este Gobierno, que primero frena el envío de 400 bombas a Arabia Saudí, pero después, tras la amenaza del Reino árabe de romper un multimillonario acuerdo para la compra de barcos militares, revisará su primera determinación. Todo esto después de que Sánchez acordara el jueves con Podemos la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares.