El Gobierno duda si defender a Llarena frente a Puigdemont

Según fuentes de Presidencia consultadas por ABC, la Abogacía del Estado está «estudiando todas las fórmulas jurídicas» antes de decidir si actuará en defensa de Llarena, que está llamado a declarar ante un tribunal belga el 4 de septiembre por una queja presentada ante un juez belga por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros huidos de la Justicia española.

Es decir, el Ejecutivo socialista reconocer no tener claro si se personará en la causa y defenderá al juez español. El CGPJ demandó la víspera a Sánchez que, a través de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, el Gobierno adopte las medidas necesarias para asegurar la «integridad e inmunidad» de la justicia española. La Moncloa se limitó ayer a dar acuse de recibo del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ.

«No existe aún ningún acuerdo al respecto ni se han contratado los servicios de ningún abogado en Bélgica», aseguró el Ministerio de Justicia en un comunicado tras asegurar Efe que España había contratado ya a un abogado para que ejerciera la defensa de Llarena en Bélgica. Desde la Presidencia del Gobierno también se matizó esa misma información, asegurando que «aún se está valorando cuál debe ser la actuación» de la Abogacía del Estado, es decir, si se personará o no en esta causa abierta contra el juez español. «Todavía no está decidido y, por tanto, no se ha contratado a ningún abogado en Bélgica», insistieron varios portavoces oficiales de Moncloa. Desde Justicia confirmaron que, en el caso de considerarse «necesaria» la intervención de la Abogacía del Estado ante el tribunal belga se contratará a un abogado, como marca la ley cuando se interviene ante un juzgado o tribunal de un país extranjero. El encargado de nombrarlo sería el embajador de España en el país en cuestión, en este caso Bélgica, informa Efe.

Precisamente, el Ejecutivo tiene pendiente nombrar a un nuevo embajador en Bruselas tras la renuncia de su titular, Cecilia Yuste, que en septiembre se incorporará al sector privado, en concreto, al Banco Santander. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha sido hasta ahora el único en recoger el guante y a mediados de julio trasladó ese mismo mensaje al Gobierno belga y a la embajada española en aquel país.

Desde el PPy Ciudadanos han reclamado en las últimas horas al Gobierno de Sánchez una respuesta contundente en defensa del magistrado Llarena frente al acoso del independentismo y su estrategia de desprestigio internacional. Los socialistas no se han pronunciado al respecto mientras que Podemos presiona en sentido contrario. «Espero que el Gobierno no permita esta barbaridad que exige un CGPJ desquiciado. Las interpretaciones de Llarena son su problema», escribió Alberto Garzón (IU) en Twitter.

Según fuentes de Presidencia consultadas por ABC, está «estudiando todas las fórmulas jurídicas» para actuar tras el procedimiento abierto contra el magistrado del Tribunal Supremo, que está llamado a declarar ante un tribunal belga el 4 de septiembre por una demanda civil presentada por Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros catalanes huidos de la Justicia española. Es decir, no ha decidido todavía si se personará en la causa.

Si finalmente el Gobierno tomara parte, sería la Abogacía del Estado la que se encargaría de ejercer la defensa de Llarena y, en ese caso, España contrataría a un abogado en Bélgica, como suele ser habitual cuando se abren casos de este tipo en el extranjero.

«Cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país pero aún se está valorando cuál debe ser la actuación de la Abogacía del Estado», explicaron esta tarde desde Presidencia, que remarcaron que esa decisión no está tomada.

El Consejo Geneal del Poder Judicial (CGPJ) reclamó ayer al Ministerio de Justicia y al de Asuntos Exteriores que protejan los intereses del país y defiendan la inmunidad del Estado español y de su jurisdicción , ante lo que consideran un «ataque planificado» del independentismo contra Llarena. El Gobierno no ha dado todavía una respuesta a esta petición.

Según el órgano de gobierno de los jueces, la demanda intenta «sin disimulo alguno someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero», desacreditar la instrucción ante la opinión pública internacional y condicionar futuros procesos.

Previsiblemente la defensa seguirá la línea trazada por el anterior juez decano de Madrid, Antonio Viejo, que rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y de su citación al considerar que no se trataba de una demanda civil, sino que se pretendía «cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales», informa EFE.

La Abogacía del Estado recoge en sus memorias anuales varios casos en los que se ha debido contratar a abogados en el extranjero ante la imposibilidad de personarse directamente en los tribunales de esos países, aunque son los abogados del Estado quienes se encargan de la «dirección y coordinación» de los pleitos.

Como ejemplo se destaca la demanda presentada en 2003 en Nueva York por el despacho estadounidense «Holland & Knight» en nombre de España contra la sociedad clasificadora del buque Prestige y la defensa en Londres en el procedimiento arbitral abierto por la asegurada del barco.

También se actuó en EEUU, en Tampa, para demandar a la empresa cazatesoros Odyssey Explorer cuando intentó apoderarse de los bienes hallados en el buque «Nuestra Señora de las Mercedes» ; o para defender a España de una demanda presentada en Los Ángeles en la que una familia judía que huyó del régimen nazi reclamaba un Pissarro expuesto en el Museo Thyssen .

El reglamento de la Abogacía General del Estado recoge la posibilidad de que Estado encomiende a una persona su representación y defensa «ante cualquier juez o tribunal extranjero», previo informe de este organismo y de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

El encargado de nombrarlo sería el embajador de España en el país en cuestión , en este caso Bélgica.

Tras la demanda de los fugados, sustentada en una supuesta falta de respeto a la presunción de inocencia por parte de Llarena, el Poder Judicial ha cerrado filas en torno al magistrado , a quien el CGPJ otorgó ayer amparo al estimar que la demanda es un «ataque planificado» a su independencia .

Este organismo prometió llevar a cabo «todas las medidas necesarias» para garantizar esa independencia, «incluidas las relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», que establece que no se puede presentar una demanda civil de forma directa a un juez en el ejercicio de sus funciones y que el Estado se hace cargo de posibles indemnizaciones.