Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo
Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo - ABC
EDITORIAL

En defensa del magistrado Llarena

Acierta el CGPJ en la férrea defensa del instructor de la causa contra los golpistas ante el «ataque planificado» de Puigdemont, y hace bien en implicar al Gobierno en su defensa

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El amparo que concedió ayer la Comisión Permanente del CGPJ al magistrado instructor del golpe de Estado en Cataluña, Pablo Llarena, tiene la contundencia que exige el caso. Al Poder Judicial no le cabía otra opción que amparar al juez, contra quien Puigdemont y cuatro exconsejeros huidos han presentado una demanda en Bélgica cuestionando su independencia e imparcialidad. El CGPJ no solo rechaza de plano la exigencia de un Juzgado de Bruselas de que Llarena comparezca el 4 de septiembre, sino que sostiene que esa demanda es fraudulenta y supralegal. De hecho, se trata de otra operación victimista del separatismo en su campaña para desprestigiar nuestro sistema judicial, desautorizar al Supremo y apartar a un magistrado que ha aplicado la ley a rajatabla, y con todo rigor, frente a quienes han intentado romper España. Por eso el CGPJ acierta al sostener que la demanda es «un ataque planificado» contra Llarena para «condicionar e influir» en las futuras resoluciones del caso. Se trata de una férrea defensa de Llarena, extensiva a todo el aparato de garantías constitucionales.

Habitualmente, cuando el CGPJ concede el amparo a un juez nunca se produce ningún tipo de consecuencia institucional, administrativa o penal para los causantes del desamparo, y este tipo de actuaciones quedan a título de inventario. En esta ocasión, ha modificado su tono habitual para denunciar la «flagrante y burda» vulneración de la independencia de un juez a manos del separatismo porque, además, esa estrategia lleva implícito un cuestionamiento de nuestro Estado de Derecho. La ocasión para una defensa radical de Llarena era idónea e inevitable, especialmente porque España no debe permitir un uso de la euroorden con fines extrajurídicos, anulando de facto ese instrumento de cooperación judicial como hace Bélgica, y contribuyendo a una infame campaña de manipulación. Sin duda, es inédito y abusivo que cualquier juez de otro país -se supone que amigo y socio- se inmiscuya de esta manera en la jurisdicción del Poder Judicial de otro Estado, y por eso el CGPJ insta a los Ministerios de Justicia y Exteriores a adoptar las medidas necesarias «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española» ante los tribunales belgas frente al fraude de ley de Puigdemnot.

No es permisible regalar más bazas al separatismo y permitir que otros jueces extranjeros politicen nuestra Justicia con falacias e interpretaciones grotescas de nuestras leyes. Es nuestro sistema de garantías lo que está en juego y el Gobierno de Sánchez debe tomar nota. Aunque no parece que tenga muchas ganas de hacerlo, al menos con el denuedo y convicción que reclama el Poder Judicial, porque la única vocal del CGPJ que ayer se opuso al atender la petición de amparo de Llarena, Concepción Sáez, acaba de ser fichada por la ministra de Justicia.