Los jueces censuran la ofensiva de Puigdemont y los políticos huidos usando un «Estado extranjero»

El acuerdo fue aprobado con el único voto en contra de Concepción Sáez , vocal del CGPJ a propuesta de Izquierda Unida. Votaron a favor Carlos Lesmes -presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial- y los vocales José Antonio Ballestero, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Pilar Sepúlveda.

Así, la Comisión Permanente acordó amparar al juez Llarena en su investigación del desafío secesionista ante lo que consideran «un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional». El órgano de gobierno de los jueces entiende que «el único fin» de Puigdemont y los suyos es « condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales».

La Comisión Permanente estudió la petición cursada por el magistrado del Tribunal Supremo el pasado 30 de julio, tras conocer que un tribunal belga lo citaba a comparecer el próximo 4 de septiembre. Puigdemont y los exconsejeros de la Generalitat Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig denunciaron al juez por una «vulneración flagrante» de su «presunción de inocencia y de la libertad de acción política».

Para el CGPJ, esta demanda formulada por los procesados independentistas es «una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado Pablo Llarena». «Se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español », sostiene la Comisión Permanente.

El órgano de gobierno de los jueces añade que los huidos, a los que insta al cese de sus actividades intimidatorias, están intentando «sin disimulo alguno someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero» y cuestionar «la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, atacándose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democrático».

Para garantizar la defensa del juez que investiga el proceso secesionista catalán, el CGPJ puso ayer su acuerdo en conocimiento de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores «para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».

La dirección del PP reclama al Gobierno de Sánchez que defienda con «contundencia» en Europa la figura de Llarena y la independencia del poder judicial. «El Gobierno debe reaccionar y contrarrestar la estrategia de los separatistas , que pretenden coaccionar al juez y generar ruido, pero no lo van a conseguir», afirmó un miembro de la ejecutiva de Pablo Casado a ABC. El portavoz popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons , precisó que se trata de defender «la soberanía nacional» y recordó que España planteará la defensa del juez ante el tribunal europeo si prosperase la denuncia contra Llarena en Bélgica.

El portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, exigió al Gobierno de Sánchez que «en vez de mirar para otro lado, debería promover en Europa la normativa que evite que presuntos delincuentes usen a jueces de otros países para atacar a los jueces».