Génova asume que el margen del Gobierno para asegurar el castellano es limitado

En medio del desconcierto de las asociaciones que siempre han defendido el bilingüismo, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat , insistía ayer en la fórmula de la casilla, lo que obligó de nuevo al Ministerio de Educación a salir al paso para repetir en que la fórmula no está definida. En las asociaciones se tiene la sensación de que el Gobierno está improvisando y que en realidad se asiste al último episodio del combate entre el PP y Ciudadanos.

La batalla lingüística en regiones como Cataluña o el País Vasco es la crónica de una vieja frustración para el PP, que ayer anunció que volverá a presentar la enésima iniciativa en el Parlament para promover la libertad de elección de los padres. La propuesta será en balde porque los populares solo cuentan con cuatro escaños y el independentismo, soliviantado ante la posibilidad de que se toque su modelo educativo, goza de mayoría absoluta y lo tumbará. Pero los populares no abandonarán esa lucha, y menos ahora que Ciudadanos le disputa esa bandera política en todas las comunidades bilingües.

Los de Albert Rivera utilizarán este asunto como munición contra el Gobierno y este mismo miércoles cuestionarán al ministro Méndez de Vigo sobre «cómo piensa garantizar que el castellano sea lengua vehicular, junto al catalán a partir del próximo curso en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña». También Podemos inquirirá al Ejecutivo sobre este asunto, que los nacionalistas interpretan como un ataque a su modelo educativo.

En Génova reconocieron ayer que el margen de maniobra del Ejecutivo en Cataluña es limitado. El portavoz nacional, Pablo Casado, no pudo aclarar la estrategia que seguirá La Moncloa para garantizar ese derecho a escoger lengua en la educación. «El Gobierno con el 155 no puede legislar» , señaló Casado, asumiendo la dificultad para hacer cumplir la ley en Cataluña, algo por contra que Ciudadanos cuestiona, al entender que se podría hacer mucho más si, por ejemplo, se recuperasen para el Estado las funciones de inspección ahora en manos autonómicas.

Los tribunales, recuerda el PP, han fijado que como mínimo el 25 por ciento de las clases deben darse en castellano, y que esas sentencias del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «no se están cumpliendo». En todo caso, el portavoz del PP insistió en que el Gobierno asegurará «las cuestiones administrativas» para permitir elegir el español como lengua vehicular en Cataluña: «No sé si será con casilla, pero el Consejo de Ministros se ha comprometido a que los padres puedan pedir que sus hijos estudien en castellano».

El PP recriminó a la oposición, incluido Ciudadanos, que ataquen la vigente ley educativa (LOMCE) porque ésta garantiza que el castellano sea vehicular, aunque no se refleje en la práctica. «Sencillamente, queremos que una cuarta parte de las asignaturas troncales se puedan enseñar en castellano», insistió Casado tras el comité de dirección del partido.