Garzón se enreda en dos millones de documentos

POR PEDRO CORRAL. |
MADRID Actualizado:

La última providencia dictada por el juez Garzón en relación con sus diligencias previas sobre las personas desaparecidas en la Guerra Civil y la Dictadura, suma nuevas sorpresas y perplejidades a las que ya suscitó su anterior escrito del pasado agosto. Si este último convocó la unanimidad de las asociaciones de jueces en torno a las fallas y contradicciones procesales de la actuación de Garzón, a la que se opone también la Fiscalía, la nueva providencia llama la atención por los errores históricos y las graves lagunas sobre la Guerra Civil que demuestra el juez de la Audiencia Nacional.

La primera sorpresa del último escrito de Garzón es que haya solicitado datos de los tribunales republicanos que funcionaron en Madrid durante la contienda, a saber: el Jurado de Urgencia, el Juzgado Especial de la Rebelión Militar, el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y los Tribunales y Juzgados Populares. Aunque se ha interpretado como una voluntad del juez por ampliar sus diligencias a las víctimas de la represión republicana, lo cierto es que su petición se circunscribe exclusivamente a una parte de dicha represión, la focalizada en la capital de España.

Sin conocer el propósito

Los tribunales que menciona Garzón funcionaron en toda la zona republicana a lo largo de todo el conflicto, lo que impide conocer el verdadero propósito del juez a la hora de limitarse a los tribunales de Madrid. No hay que descartar que Garzón haya pensado en extraer de tal documentación los elementos que le permitan comparar la Justicia republicana y la del bando sublevado, para subrayar el carácter «legal» de la actuación de los Tribunales del Gobierno del Frente Popular frente a la «ilegalidad» que pudieron representar los tribunales del bando franquista. Sobre esta cuestión los historiadores se han pronunciado ya al asegurar que, tanto en una como otra zona, se empleó el aparato judicial como un arma de guerra contra los considerados desafectos, con similares arbitrariedades y carencias de imparcialidad. En esta misma línea, Garzón no puede ignorar que la creación de los tribunales republicanos, formados por jueces populares elegidos directamente por los partidos y sindicatos del Frente Popular, no logró frenar las ejecuciones extrajudiciales en el frente y retaguardia republicanos, ni siquiera entre sus propias filas.

La segunda sorpresa para cualquier conocedor del funcionamiento de la Justicia republicana después del 18 de julio de 1936 es la frase textual que Garzón utiliza en su providencia, al asegurar que estos tribunales fueron «creados durante la defensa de la capital de España en la Guerra Civil». Afirmación que carece de todo fundamento histórico, salvo que el juez Baltasar Garzón se refiera a la defensa «interna» de la capital ante la amenaza de la «quinta columna», contra la que la República empleó medios más expeditivos que los procesales.

Lo cierto es que la mayoría de estos tribunales republicanos fueron creados entre agosto y octubre de 1936, mientras que la defensa de Madrid como tal se inició en noviembre del mismo año, cuando las tropas de Franco llegaron a las puertas de la capital. En agosto se crearon los Tribunales Populares, que en el mes siguiente extenderían su jurisdicción a los delitos militares cometidos por las propias tropas afectas a la República, como la deserción o la automutilación. En el mismo mes de agosto se pone en marcha en Madrid el Juzgado Especial de la Rebelión Militar, que pronto se extendió a todas las provincias bajo el poder de la República. En octubre se establecieron los Juzgados de Urgencia.

A pesar de la actuación de estos tribunales, que funcionaban antes de que las tropas de Franco pusieran cerco a Madrid, salvo el de Espionaje y Alta Traición, creado en el verano de 1937, en la capital se produjeron los hechos sangrientos de todo el mundo conocidos, como las matanzas de Paracuellos o la proliferación de las «checas» de partidos y sindicatos.

Si bien el juez ha solicitado los datos de estos tribunales al Archivo General de la Administración, lo cierto es se encuentran conservados en el Archivo Histórico Nacional desde 1980, como parte del fondo de la Causa General promovida en 1940 por el bando franquista para conocer los delitos cometidos en la zona republicana. Es decir, que los vencedores emplearon para su labor represiva los mismos documentos que ahora solicita Garzón, lo que ha causado la lógica estupefacción de quienes solicitan al juez que instruya la «inquisitio generalis» de la represión franquista.

Dos millones de documentos

Sólo desde este desconocimiento de la realidad de los fondos documentales de la Guerra Civil, ha podido reclamar Garzón a un archivo militar como el de Ávila la información de las bajas que aparecen en los partes de las unidades que lucharon en la contienda. Si contamos al batallón como unidad básica de ambos ejércitos, los eficaces archiveros de Ávila tienen ante sí esta colosal tarea: cribar los expedientes, día a día, de los más de mil que duró la guerra, de nada menos que 1.780 batallones, lo que podría suponer examinar más de 2 millones de documentos, en un cálculo por lo bajo, y sin la seguridad de que en todos ellos figuren las identidades de los soldados muertos, heridos, desertores o prisioneros, aunque los archiveros tendrán al menos el consuelo de figurar en el Guinness.