El Frente Polisario acusa a Moratinos de «justificar» la expulsión de Haidar

"El ministro Moratinos no puede respaldar la versión de la Policía de la ocupación marroquí sin incurrir en colaboración o connivencia", ha advertido Uld Salek en un comunicado oficial. Ayer, Moratinos aseguró que la admisión de Haidar el pasado sábado en Lanzarote es totalmente legal, ya que tiene tarjeta de residencia en vigor. Sin embargo, las autoridades marroquíes habían expulsado a la activista tras requisarle su pasaporte marroquí -imprescindible para entrar en España- alegando que se había negado a cumplimentar adecuadamente el formulario de ingreso marroquí el pasado viernes, cuando llegó a El Aaiún procedente de Las Palmas.

Con estas declaraciones, "Moratinos pretende justificar las inaceptables razones técnicas marroquíes para la expulsión" de Haidar, ha afirmado Uld Salek. "En primer lugar, Haidar rellenó completamente la tarjeta de desembarque del aeropuerto de El Aaiún de la misma manera que lo ha hecho siempre, declarándose ciudadana del Sahara Occidental", ha explicado.

"En segundo lugar, Marruecos, potencia ocupante, no puede obligar a los ciudadanos saharauis que residen en los territorios ocupados a firmar o declarar que son marroquíes o que el Sahara Occidental es marroquí", ha agregado. Así, Marruecos "está obligada, según las convenciones internacionales en vigor, a proporcionar documentación y papeles administrativos individuales a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción".

Uld Salek ha afirmado que Moratinos "sabe que (la expulsión) es un acto grave porque no tiene ningún derecho a expulsar a un ciudadano saharaui de su país". Haidar "fue expulsada por motivos políticos, por su compromiso permanente con la necesidad de respetar los Derechos Humanos violados sistemáticamente por la ocupación marroquí, dedefender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia", ha manifestado. Así, el ministro saharaui hace un llamamiento al Gobierno español a que permita a Haidar volver a su país y que pueda gozar de todos sus derechos, incluidos el de libertad de expresión y el de libre circulación.