Bárcenas declarará sobre la caja B después del 14-F

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han acordado este martes suspender las sesiones previstas esta semana en atención a que el también acusado y exgerente del partido Cristóbal Páez es positivo por coronavirus . Será así la próxima semana cuando se empiece a escuchar a los acusados y se resuelvan las peticiones de prueba y el resto de las cuestiones planteadas.

Esta segunda sesión de la vista oral, arrancaba con el debate de las partes precisamente sobre esas peticiones elevadas al tribunal el primer día. Sobre la mesa, aplicar la doctrina Botín al delito fiscal por el impuesto de Sociedades de 2008 del Partido Popular que sólo señalan las acusaciones populares; dar por prescritos dos delitos fiscales de la constructora que reformó la sede con una parte en dinero negro y pulir tanto los hechos objeto de juicio como la lista de testigos.

Y en este sentido, cobraba especial protagonismo el careo entre Mariano Rajoy y Bárcenas que dejó caer el letrado Gustavo Galván en su primera intervención. En esta sesión ha querido aclarar que «no se trata de realizar ningún castigo al PP» sino de la posible necesidad de confrontar las versiones si el expresidente niega que como dicen el auto de apertura del juicio oral y ahora, el extesorero, se pagaron sobresueldos a dirigentes con cargo a la caja B. «Que no se me malentienda y sobre todo, cuando he solicitado el careo, en qué condiciones y por qué motivo», ha alegado. La defensa del PP resume su interés en montar un circo.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, ha eludido pronunciarse sobre este asunto pues ve «prematuro» hablar de careo sin saber si quiera si habrá contradicción. En este sentido, ha incidido en que ese choque ha de producirse con consecuencias para los hechos que se juzgan «y no otros». Los sobresueldos con cargo a la Caja B están en el auto de apertura de juicio oral como parte del contexto que explica la mecánica de funcionamiento de aquella hucha, pero no son el objeto de enjuiciamiento.

El fiscal, que no se ha opuesto a la suspensión por la enfermedad de Páez, tampoco se ha querido pronunciar sobre los cuatro periodistas a los que Bárcenas ha pedido llamar para que atestigüen la existencia de una grabación de hace ocho años en la que el extesorero Álvaro Lapuerta contaba en una entrevista que había caja B y salpicaba a Mariano Rajoy. Romeral, que viene avisando de que no es lo mismo «una investigación periodística» que un conocimiento directo en los términos de prestar testimonio, ha dejado en manos del tribunal pronunciarse al respecto. Él, como la Abogacía, desconoce si esos testigos pueden o no aportar algo de interés.

En este asunto ha incidido especialmente el letrado de la acusación popular que ejerce Desc, Gonzalo Boye. Ha pedido al tribunal que «con carácter previo a la admisión de la prueba» se recabase de la defensa del extesorero «una aclaración sobre la condición de los testigos y dónde está la grabación» a la que viene haciendo referencia, por una cuestión de tiempo, para que «no ande dando vueltas al eje de si tiro o no tiro de la manta», y, sobre todo, porque entiende que a estas alturas, lo importante no es tanto lo que diga Bárcenas como lo que pueda probar. El tribunal lo ha hecho, sin que el letrado aportase nada nuevo a lo ya enunciado. Tampoco si aún es accesible esa grabación.

Tanto para la acusación que ejercen los socialistas valencianos como para la del PSM, no es momento ahora de hablar de ese careo, que los primeros interpretan «más como un gesto que como una propuesta real o seria» y los segundos condicionan a que Rajoy, en línea con lo que declaró como testigo en el juicio de la primera época de la trama Gurtel, siga sosteniendo que no había caja B ni sobresueldos. Entienden que en este caso, sí sería relevante que se confronte con la versión de Bárcenas al respecto.

Desde IU, Juan Moreno se ha pronunciado en términos de prudencia. Considera que «el careo es una cuestión provisional». «Si en su momento efectivamente entre el expresidente del PP y el extesorero del PP se exponen una serie de contradicciones evidentes, si se plantea o lo plantean las acusaciones se resolverá al respecto, pero vamos a esperar al momento procesal oportuno, cuando hayan declarado. Quizá pueda tener utilidad, pero vamos a esperar», ha señalado.

En cuanto a la delimitación de los hechos objeto del procedimiento, asunto que interesa especialmente a la defensa del PP pero que también ha reclamado la Fiscalía con adhesión de la Abogacía del Estado, todas las acusaciones populares están de acuerdo en que no se puede enjuiciar el pago de las obras o de unas acciones con cargo a la caja B sin analizar en la Sala qué era esa caja y cómo funcionaba. Es el relato que contiene el auto de apertura del juicio oral, más profuso en detalles sobre este asunto que el que acordó el procesamiento.

Para Boye, lo impensable sería aplicar un «cordón sanitario para que no se entienda ni de dónde venía el dinero ni cómo se pagaba ni quiénes eran los beneficiarios». Sobre todo, porque los autos que han llevado hasta este juicio son del año 2005 y desde entonces, se han instruido, enjuiciado y sentenciado otras piezas de la trama Gürtel que comparten contexto con esta de las obras y tocan colateralmente el asunto de la caja.

«En seis años ha corrido tanta agua bajo el puente que ya ni Luis es fuerte », ha comentado Boye en un momento de su alegato, para insistir en que no se puede eludir el contexto.

Parte del protagonismo en esta sesión se lo ha llevado la respuesta de las acusaciones populares a la deslegitimación que apuntó el lunes el abogado del PP, Luis Santos. En Sala pidió que retirasen sus escritos de acusación por «extralimitados», describió sus fines como espurios y políticos y denostó su actuación en el procedimiento.

Mientras el letrado de los socialistas valencianos, Virgilio Latorre, recordaba a Santos que el propio PP intentó acceder como acusación en la primera época de Gurtel «y fue expulsado por fraude de ley» y aplicó la misma estrategia sin éxito en la pieza que ahora se juzga, Boye y Moreno han recordado directamente que si hay juicio, es por la acusación popular. Fueron Desc e Izquierda Unida quienes presentaron las primeras querellas que llevaron a la judicialización del caso Gürtel. «Es una falta de respeto y un abuso de derecho (...) debería pedir disculpas», ha espetado al letrado del PP.