La Fiscalía pide 118, 24 y 11 años de cárcel para Pineda, Bernad y López Negrete por el caso Manos Limpias

En su escrito de acusación, presentado este miércoles, el Ministerio Público también pide 11 años y 11 meses de prisión para la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete , la letrada que ejerció la acusación del pseudosindicato contra Doña Cristina como cooperadora necesaria, la única razón que sentó en el banquillo de los acusados a la Infanta. López Negrete actuó de forma «concertada y coordinada» con el líder de la trama, Pineda, y participó en las presiones a BBVA, a una de cuyas juntas de accionistas acudió para reventarla. El fiscal explica como Pineda y su equipo presionaron al entorno de la Infanta, una estrategia de la que era conocedora López Negrete, quien informaba del caso a Pineda y a Rosa Isabel Aparicio.

La relación entre Ausbanc y Manos Limpias comenzó a finales de 2012 y comienzos de 2013 y llegó al punto de que la entidad de Pineda financiaba al pseudosindicato «para utilizarlo en beneficio propio, es decir, con la finalidad de ejercer presión personándose como acusación popular contra determinadas entidaes o personas para lograr que éstas firmaran acuerdos de colaboración publicitaria o de otro tipo con Ausbanc», según el relato del Ministerio Público.

Al cerrar la investigación, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó a catorce personas, diferentes eslabones de la trama de extorsión liderada por Pineda con la ayuda de Bernad. A todos ellos el magistrado les atribuye los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La trama utilizó la bandera de la supuesta «defensa de los consumidores», una labor a la que en teoría se dedicaba Ausbanc.

El Ministerio Público, que acusa a once personas, también pide la disolución de todas las sociedades del grupo Ausbanc y de Manos Limpias, así como la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad por las mismas; y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para beneficiarse de incentivos fiscales durante quince años.

El grueso del dinero recaudado por la trama criminal no beneficiaba a la actividad oficial de Ausbanc , según la Fiscalía, sino que «se distraía entre las sociedades» creadas por los dirigentes de la entidad para ocultar el patrimonio generado por la vía delictiva. «Los movimientos de capital entre las distintas Ausbanc, y entre éstas y las sociedades vinculadas, eran constantes y buscaban aparentar una actividad comercial entre las sociedades del grupo».