La Fiscalía pedirá el archivo del 16% de las causas penales abiertas en España

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, a los que ha tenido acceso ABC, en el medio centenar de fiscalías en las que el Ministerio de Justicia ha establecido refuerzos los representantes del Ministerio Público han revisado entre enero y febrero 62.072 causas, un 16,7 por ciento del total . De ellas, un 68 por ciento se han clasificado como simples y el 32 por ciento como complejas. A su vez, del total de las revisadas hasta ahora solo se ha pedido el archivo en uno de cada diez casos (16 por ciento) por falta de autor conocido o porque no ha quedado acreditada la comisión del delito.

Estas 62.072 causas no son todas las examinadas, pues a ellas hay que añadir las que se están analizando y clasificando en las fiscalías que no han necesitado refuerzos, que son aquellas en las que el número de casos a estudiar por cada fiscal es inferior a 200. Esta es la cifra de procedimientos que se considera razonable para analizar en el tiempo del que se dispone. De estas últimas fiscalías de momento no hay datos porque la aplicación no tiene desarrollado un módulo estadístico que permita cuantificarlas.

No obstante, los mayores problemas estaban en las fiscalías que han sido objeto de refuerzo (en todas las comunidades autónomas), y con este avance de datos la Fiscalía General confía en que se puede llegar a junio con los deberes hechos. Eso sí, a costa del sobreesfuerzo de los fiscales, pues a los escasos medios de los que dispone para este nuevo cometido hay que añadir la dificultad de trabajar con múltiples aplicaciones de gestión procesal y el hecho de que los procedimientos que tiene que revisar no estén en sus despachos, sino en los juzgados correspondientes. Tampoco tienen un sistema informático en el que estén registrados los procedimientos de cada juzgado y en el que salten las alertas cuando una investigación esté a punto de caducar.

En este sentido, fuentes fiscales resaltan que la colaboración del juzgado con los representantes del Ministerio Público resulta esencial para llevar a cabo esta revisión, y en algunos casos no es tan estrecha como sería deseable, apuntan fuentes jurídicas. Recuerdan que la obligación de terminar las investigaciones en plazo también es responsabilidad de los jueces de instrucción y de los letrados de la administración de justicia (antes secretarios judiciales). En cualquier caso, los 2.473 fiscales que hay en España están trabajando a la vez en los cerca de 300.000 escritos de acusación que formulan cada año.

El órgano que dirige Consuelo Madrigal asegura que se están poniendo todos los medios para que con la clasificación que se está haciendo ninguna causa quede impune. Y es que, si para algo ha servido esta reforma legal, es para poner al día los juzgados españoles en lo que se refiere a las causas anteriores al 6 de diciembre: se ha constatado que había muchos procedimientos que estaban arrinconados a la espera de informes que nunca han llegado, causas sin autor conocido en las que se ha pedido el archivo para que no sigan corriendo los plazos o piezas que ha habido que impulsar porque estaban paralizadas.

Ahora, cuando se elimine el embudo que había en instrucción , hay cierta preocupación por que este pueda trasladarse a los juzgados de lo Penal, es decir, a los que tienen que juzgar la causa investigada. Entre el cierre de la investigación y la celebración del juicio en muchos casos ya se estaban fijando juicios a dos años vista, con lo que son previsibles las consecuencias que puede tener trasladar la pelota a otro tejado.

Pese a las suspicacias que generaba poner límites a la instrucción por la posible impunidad de investigados en distintos procedimientos, la realidad parece demostrar que ese riesgo es bajo. Y ello porque en esa revisión la Fiscalía directamente está clasificando como complejas aquellas causas en las que quedan diligencias pendientes y en las que no espera un desenlace en los dos meses que quedan para que las causas simples «caduquen». Las de corrupción, en particular, son las que menos preocupan a la Fiscalía, porque, al margen de que suelen ser siempre complejas (con lo cual se parte de 18 meses de instrucción), reconocen que el foco social y mediático también está muy puesto en ellas «y uno siempre las tiene en la cabeza».

No sucede lo mismo con otros procedimientos en los que un error en el control de los tiempos tendría unas consecuencias nefastas para el perjudicado, especialmente vulnerable: se trata de la siniestralidad laboral y seguridad vial. La particularidad de estas causas son los tiempos que se tarda en poder cuantificar una indemnización, pues es preciso conocer las secuelas del accidente en cuestión, lo que en la mayor parte de las ocasiones no se consigue en seis meses de instrucción. Los informes de Sanidad tardan más, igual que los dictámenes de la inspección de trabajo, que «nunca llegan al juzgado antes de seis o siete meses» , señalan las fuentes antes citadas. Recuerdan que si los informes de organismos públicos no se retrasaran tanto muchas investigaciones simples ya se habrían cerrado.

La mayor parte de las causas que han sido clasificadas como «simples» estaban pendientes de alguna diligencia cuya petición se ha reiterado o se ha solicitado por primera vez. En este sentido , la revisión está sirviendo para impulsar investigaciones que estaban «dormidas» a falta de una prueba de ADN o de una averiguación patrimonial (en el caso, por ejemplo, del sujeto que se niega a pagar la pensión a su ex).

Desde la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Frías y Álvaro García Ortiz critican que la reforma legal no haya dejado en manos del fiscal definitivamente la instrucción de las causas , pues es complicado llevar el control de procedimientos que están «fuera de tu casa». Ambos coinciden en que faltan medios para revisar miles de causas y sobre todo una aplicación informática única entre Fiscalía y juzgados. A la UPF le preocupa el destino de las causas posteriores al 6 de diciembre (las anteriores ya estarán revisadas). «No existe ningún control informático sobre ellas. El riesgo de que se nos escape alguna existe», dice.