Los jueces se plantan ante la corrupción

Abogan por su revisión, porque generan importantes retrasos en la tramitación de las causas cuando su «única justificación» es dar un tratamiento procesal especial a quienes ostentan un determinado cargo. Los decanos dicen que se debe evitar que el aforamiento en cuestión entorpezca la investigación facilitando la ocultación o destrucción de pruebas, «máxime cuando el aforamiento no es ninguna garantía, sino un privilegio procesal hoy carente de justificación» . En este sentido señalan que en muchas ocasiones el juez se ve obligado a «circunvalar» a la persona aforada y le impide adoptar medidas limitativas de derechos (entradas y registros, intervenciones telefónicas...), lo que dificulta notablemente las investigaciones. Además, se muestran partidarios de suprimir el requisito del suplicatorio a las cámaras parlamentarias , por que se clarifique la competencia en el caso de causas con múltiples imputados en los que unos son aforados y otros no y por la imposibilidad de cambiar de juez instructor o tribuinal una vez que la persona imoutada o acusada deje de estar aforada o viceversa.

Los jueces abogan por la reforma del sistema de indultos de forma que se posibilite su concesión solo cuando exista informe favorable del tribunal. Actualmente ni ese informe ni el del fiscal son vinculantes y la decisión última la tiene el Gobierno. Creen, además, que debe modificarse la regulación de la suspensión provisional de la ejecución de la pena cuando se solicita esta medida de gracia, porque «se hace un uso excesivo y a veces abusivo».

Supresión del listado de delitos competencia del jurado de los delitos cometidos por aforados, y en general los delitos relativos a la corrupción. La última encuesta del Consejo General del Poder Judicial revela que dos de cada tres jueces son partidarios de esta medida.

Los jueces decanos proponen el incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes (en España la ratio es de 11 por 100.000), 5.300 en total cuando deberíamos tener 9.660. Ese aumento de plantilla debería ir acompañada, dicen, de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, y de una mayor coordinación entre CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas.

Otra de las conclusiones de los jueces decanos se refiere a la necesidad de que se establezcan mecanismos de refuerzo inmediato en causas especialmente complejas y que se dote a las resoluciones del CGPJ de carácter vinculante. Hoy por hoy el lapso de tiempo que transcurre entre la solicitud de un refuerzo por parte de un juez y la efectividad del mismo es grande, de forma que «normalmente llega tarde, cuando el daño ya es irreparable». Los decanos valoran positivamente la creación, por parte del CGPJ, de la Unidad de Apoyo a Causas de Corrupción y reconocen que algo se han agilizado los trámites, pero es insuficiente.

Proponen la reforma del sistema de recursos contra resoluciones de mero trámite y que se prohíba recurrir ante órganos superiores durante la fase de instrucción, a menos que se refieran a medidas cautelares. «No es de recibo que las partes ùedan retrasar el proceso recurriendo hasta la última providencia irrelevante o que un auto rechazando una diligencia intrascendente o innecesaria pueda ser recurrido en apelación». Asimismo, abogan por la instauración de un sistema de costas procesales y sanciones que disuadan de pretensiones acusatorias temerarias. También quieren que se suprima el privilegio que se reconoce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a ciertas autoridades de efectuar declaraciones por escrito sin comparecer ante el juez.

Para los decanos, si en el futuro se decide dejar las investigaciones en manos de la Fiscalía habría que adoptar medidas que refuercen su independencia del Poder Ejecutivo. No habrá justicia ágil sin un incremento de medios personales y materiales en la Fiscalía Anticorrupción. Los jueces son partidarios de que como contrapeso al Ministerio Públicose mantenga la acusación popular, pero «estableciendo ciertos límites para evitar abusos».

Es indispensable, dicen, la formaciónm, incremento y modernización de los grupos especiales dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera. Además, proponen crear un grupo de peritos contables exclusivamente al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse ordinariamente por los jueces. «Se trata de una medida fundamental de asesoramientoa los jueces, expertos en Derecho, no en contabilidad o economía». Hay que fomentar también, dicen, la colaboración con Justicia de los inspectores de Hacienda, del Banco de España o de Patrimonio, y de los funcionarios de la Intervención General del Estado.

Algunas de las propuestas que plasmaron los jueces decanos en su reunión del pasado año han sido recogidas en la última reforma del Código Penal, como la despenalización de algunos delitos o la financiación irregular de un partido. Otras, como la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción o la introducción del delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, no se han escuchado, dicen.

Los decanos denuncian que las comisiones rogatorias retrasan notablemente los procesos, especialmente cuando se trata de países que quedan fuera de la UE, por lo que «es muy conveniente remover convenios para el auxilio judicial internacional y el intercambio de información directa entre jueces y fiscales».