Los fiscales exigen reformas que impidan injerencias del Gobierno

En este caso la desconfianza es aún mayor, porque la fiscal general, Dolores Delgado, aterriza directamente desde el Gobierno . Por este motivo, y porque no hay precedentes de un caso similar desde el nombramiento de Javier Moscoso, desde la Asociación de Fiscales reconocen que «desde el punto de vista publicitario quizá no sea el mejor momento para vende esta reforma».

La presidenta y portavoz de esta asociación, Cristina Dexeus, sí está de acuerdo con que el fiscal asuma la investigación penal pero cree que es necesario reforzar su autonomía y ejecutar el plan con «sensatez y rigurosidad». «Buenas leyes, buenas plantillas y medios servirían para blindar la figura del fiscal general» , dice.

A su juicio, sólo con autonomía presupuestaria, autorregulación y formación en manos del Ministerio Fiscal (y no del Ministerio) se puede conseguir esa independencia y autonomía real. «Hay que cortar de una vez el cordón umbilical con Justicia» y que el mandato del fiscal general no sea de cuatro años, como el del Gobierno, porque entonces, argumenta, el destino de uno y otro está unido y esa imagen de independencia se ve mermada.

Aboga tanto por la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como por hacer un estudio real de las necesidades de este nuevo proyecto, en el que presumiblemente faltarán fiscales y sobrarán jueces de instrucción.

Desde la Unión Progresista de Fiscales, su presidenta, Teresa Peramato, está de acuerdo con el cambio de modelo en la instrucción penal para que se separe la investigación del enjuiciamiento «y que seamos nosotros los que tengamos que llevar las pruebas al juicio».

Sostiene que cuando Delgado tome posesión como fiscal general su actuación será completamente independiente» del Ejecutivo, que no puede dar órdenes al Ministerio Público.

Sin embargo, recuerda que «los tiempos son los que son» y que para poner en marcha ese nuevo modelo procesal -cuyo anteproyecto quiere tener listo el ministro antes de fin de año- es necesario un cambio estructural» en la Administración de Justicia y una modificación de la planta judicial y fiscal.

Quien no está de acuerdo con el cambio de modelo es la APM. Su presidente, Manuel Almenar, considera que el sistema actual de instrucción judicial «ha demostrado un funcionamiento independendiente y eficaz». «La prueba la tenemos en que cuando se han apreciado indicios racionales de criminalidad se han sentado en el banquillo desde el yerno del Rey hasta expresidentes de comunidades autónomas o exministros de España con independencia o al margen del color político». Si el sistema funciona bien no hay razón para modificarlo, dice.

En todo caso, añade, cualquier modificación en el sentido pretendido «pasaría por garantizar la absoluta independencia del Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción pena l, lo que supone un cambio muy relevante tanto en lo que se refiere a la forma de designación del fiscal general como en lo que concierne al principio de jerarquía que se recoge en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que debería suprimirse».

A su juicio, propuestas de nombramiento como la de Dolores Delgado «constituye la antítesis de la independencia que debe predicarse de un fiscal general y en particular en el caso de una Fiscalía a la que se pretende atribuir funciones de instrucción». Todo ello sin cuestionar, «en absoluto», la actuación que diariamente desempeñan todos y cada uno de los fiscales de nuestro país.