Campo prevé tener listo su plan para dar la instrucción al fiscal antes de fin de año

Desde el minuto uno, Campo tendió la mano a los partidos en aras de conseguir consensos parlamentarios en reformas legislativas y renovaciones pendientes, como la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. Pero pese a su talante dialogante -no en vano está ahí para reconstruir las maltrechas relaciones con los operadores jurídicos- y a su amplio conocimiento sobre las necesidades de la justicia, se encontró ya desde ayer con la oposición frontal de PP, Vox y Ciudadanos , que cuestionan hasta los cimientos del edificio del sistema procesal que Campo está dispuesto a levantar, en forma de Anteproyecto de Ley, antes de que termine el año. Se trata de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé dejar la investigación de las causas penales en manos del fiscal en vez de en el juez de instrucción, como sucede ahora. En un momento en el que la elección de Delgado ha herido de muerte la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público, el plan de Campo -que ya intentó sacar adelante Francisco Caamaño cuando el hoy ministro era secretario de Estado-, no fue recibido ayer con demasiado entusiasmo.

Especialmente duro en su intervención fue el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Edmundo Bal , que calificó la elección de Delgado como una «anomalía democrática intolerable» y abogó por una reforma que desvincule definitivamente el nombramiento del fiscal general del Ejecutivo. En términos parecidos se expresó Luis Santamaría, quien se estrenó ayer muy dignamente como portavoz del PP en esta comisión. Garantizar la independencia de la justicia es incompatible, dijo, con el nombramiento de Delgado como fiscal general. «Es el mayor atentado a la independencia judicial que podamos imaginar. ¿Cree que Delgado tiene esa apariencia de imparcialidad que los tribunales europeos exigen?», interpeló Santamaría a Campo.

El ministro pidió contención a los presentes y les emplazó a que esperaran a la comparecencia de la exministra -este jueves- para decirle en persona lo que consideren oportuno. Con la misma naturalidad se había desentendido justo al inicio de su intervención -como si quisiera quitarse un peso de encima- de las posibles «discrepancias, malos entendidos o equivocaciones» que «hay y habrá» entre los miembros del Gobierno de coalición . «Si van ustedes a pedir una comparecencia ministerial cada vez que intuyan opiniones discordantes entre los componentes del Gobierno, vamos a perder todos mucho tiempo, y la ciudadanía mucho dinero», anunció Campo. Forman parte del «juego de la democracia».

No fue la elección de Delgado el único asunto sobre el que sobrevoló la sombra de la politización de la justicia. También en el nombramiento de los vocales de procedencia judicial del CGPJ que, según Ciudadanos, deberían ser elegidos por sus propios compañeros, jueces y magistrados.

Sobre Cataluña, Campos apenas quiso hablar. En su intervención inicial no lo hizo, y solo a instancias de las preguntas de los diputados -que insinuaron un trato de favor a los presos del «procés» por los permisos penitenciarios o posibles indultos-, se vio obligado a contestar. En el ambiente flotaba la reforma del delito de sedición anunciada por la vicepresidenta Carmen Calvo . Campo desvinculó esa posible modificación, como también la del delito de rebelión, de cualquier contrapartida a los independentistas, que con su apoyo facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. El ministro no cree en la inamovilidad del Código Penal y no ve impedimento alguno para que pueda tocarse, pero, eso sí, siempre con los informes preceptivos y en las cámaras, que es donde se legisla. No por la puerta de atrás.

«No hay compromiso con un partido en orden a modificar el Código, pero también es verdad que no hay ni una sola legislatura en la que no se haya modificado, porque los ataques a la convivencia vienen de muchos sitios», explicó. Recordó que la fundación Faes también analizó la reforma del delito de rebelión para considerar acreditado que «nadie duda de que hay que dar vueltas a ese tipo de delitos», pero no tampoco ahondó en cómo se hará.

Sobre la situación de la justicia en general, abogó por hacer un «diagnóstico» de esta administración, porque un análisis serio «no puede partir solo de datos». No se trata solo de asignar más profesionales o más inversión, sino «asignar recursos de forma más eficiente». «Estamos solo reparando grietas, pero debemos atender también a los cimientos, muy debilitados y claramente insuficientes para sostener el edificio de la Justicia». Y en ese edificio Campo quiso señalar como uno de sus pilares a la Abogacía General del Estado , que «no cambia de denominación ni de función», aclaró, en lo que pareció una alusión al cuestionado papel que los servicios jurídicos del Estado han tenido en los últimos meses en relación a Cataluña.

Otras de las prioridades de su Departamento serán las víctimas de los delitos, la protección de los niños y adolescentes y culminar reformas pendientes, como la implantación definitiva de la oficina judicial, un expediente judicial digital «seguro y accesible» o la integración de las plataformas de gestión procesal «para preservar la eficacia del sistema y la integración territorial».