El fiscal solicita 2,5 años de cárcel para dos periodistas de ABC por contar una escucha

El Ministerio Público señala que los dos redactores de ABC «con conocimiento de que persona desconocida se había apropiado de una conversación telefónica (...) y que dicha persona les había entregado el contenido íntegro de la misma, decidieron a sabiendas de su ilicitud plasmar el contenido de dicha conversación (...)». Sostiene en su escrito de acusación que la conversación entre los dos investigados por la operación Tarantela contra la mafia italiana en España se produjo en el marco de unas diligencias que «estaban declaradas secretas».

No obstante, en su anterior escrito para openerse al sobreseimiento de la causa (22 de julio de 2015) el fiscal Salto no tiene tan claro ese extremo: «Con independencia de que en ese momento las actuaciones judiciales siguieran declaradas secretas o ya se hubiera levantado el secreto» -dice-, para concluir: «Sin que la prensa o cualquier persona pueda revelar públicamente cualquier información obtenida en el seno de un procedimiento judicial».

El fiscal de Madrid yerra y sostiene en varios puntos que se acordaron escuchas a los periodistas: pero lo que ordenó el juez Fernando Andreu , instigador del procedimiento, fue el tráfico de llamadas y los titulares de los números, no escuchas. Aun así, la Fiscalía justifica la actuación en que el objetivo era «intentar averiguar la identidad de la persona que filtró el contenido de las conversaciones y se las suministró a los imputados», y no «atentar contra el derecho a informar» ni «vulnerar la intimidad» de Muñoz y Morcillo, como alega su defensa. «No se les considera autores, sino que se les ha utilizado como mecanismos para averiguar quiénes son los autores». Los autos de Andreu, origen de la investigación contra los periodistas, «solo contienen alusiones vagas respecto a una presunta violación de un secreto de sumario», explica la defensa en su recurso a la Audiencia de Madrid, que aún no se ha pronunciado. En el mismo pide la nulidad de las actuaciones y el archivo.

Bárcenas presentó una querella contra Muñoz y Morcillo en otro juzgado, el 18 de Madrid, por la misma causa. El magistrado acordó la no admisión y el archivo. «En dichas informaciones no se imputa ningún delito, pues no se dice que pertenezca a la Camorra, sino que se critica el hecho de mantener conversaciones con personas presuntamente relacionadas con dicha organización», dictaminó. Pese a que ese juez no accedió a la pretensión del extesorero del PP, sí lo hizo Andreu, por lo que Bárcenas ejerce la acusación en el procedimiento por revelación de secretos. En su escrito ha pedido que el jefe de la comisaría especial de la Audiencia Nacional ratifique el informe de rastreo de teléfonos.