Editorial de ABC: Acoso a la libertad de prensa

Es preocupante que la Fiscalía, emplazada por la Constitución a defender los derechos fundamentales y las libertades públicas, a proteger el principio de legalidad, haya ignorado en sus escritos la prioridad constitucional de la libertad de información como instrumento esencial de una sociedad democrática. La información de ABC se produjo cuando la investigación judicial sobre la operación Tarantela ya no era secreta y se refería a un hecho absolutamente cierto -una conversación telefónica que relacionaba a Luis Bárcenas con un grupo mafioso-, y no causó ningún perjuicio a la instrucción judicial. El asunto informativo era de interés general, afectaba a un personaje público y fue tratado con máxima diligencia profesional. ¿Dónde está el delito?

Para el fiscal, el secreto sumarial es preferente a la libertad de información. Se equivoca en este caso, porque su criterio contradice la doctrina del TC sobre la relación entre la prensa y las investigaciones judiciales. ABC ofreció a sus lectores una «información rectamente obtenida», utilizando los términos del TC, basada en una actuación profesional diligente, contrastando los datos y asegurando a nuestros lectores su veracidad. Para cuando un medio informa de una diligencia de investigación secreta, hace mucho que tal diligencia dejó de ser secreta, y no por obra de los periodistas, sino por quien la extrajo del proceso judicial. ABC no solo respalda la actuación de sus periodistas, quienes en ningún momento participaron en el descubrimiento de secretos ni conocían reserva o ilicitud alguna, sino que considera la acusación contra ellos como un acto de acoso al sistema de libertades democráticas, que no dejaremos de denunciar.