El fiscal, sobre la Mesa del Parlament: «Las resoluciones judiciales no tienen que convencer, hay que cumplirlas»

«El TC se empeñó en que se le entendiera: 'adviértase de los deberes de la mesa de impedir o paralizar cualquier iniciativa material o jurídica que suponga eludir o ignorar los mandatos (...)' Les faltó poner: 'Ya está bien, por favor, paren'. Y pese a eso, hubo un contumaz y reiterado ejercicio de desobediencia», ha dicho Moreno, que la obligación de Nuet como miembro de esa Mesa era filtrar lo que se iba a debatir. Sin embargo, «puso su voluntad por encima de los mandatos del TC».

A su juicio, «no fue un buen augurio» cuando al día siguiente del arranque de la anterior legislatura se aprobara una resolución con la «crónica anunciada de una desobediencia». «Este Parlamento no se someterá a la autoridad del TC», decía. Lo que vino a continuación fue ya un «rosario» de actos de desobediencia, hasta el punto de que al final ya se dedujo testimonio contra tres miembros de la Mesa. «Se propició de modo sistemático la admisión a trámite una extramilitación continua y clara de las limitaciones del TC».

Moreno ha recordado que el acusado fue notificado «con carácter general y personal» y que fue advertido por los servicios jurídicos del Parlament de que la ilegalidad de los textos que iban a tramitar. Nuet dice que no sabía que esas iniciativas eran inconstitucionales. «El problema no es lo que usted cree, es que basta leer que es inconstitucional, no porque lo crea, porque lo dice quien tiene que decirlo», ha sentenciado. Tampoco sirve de excusa decir, ha señalado el fiscal, que no le daba tiempo a leer los textos que tramitaba la Mesa, algo que los diputados del PSC y de Cs que también son miembros de esa Mesa han desmentido en el juicio al admitir que las podían ver el día anterior. «¿A los que votaban en contra de la admisión si les daba tiempo?», ha preguntado Moreno con ironía.

«No es usted el que valora cuándo hay que cumplir las órdenes y esas órdenes estaban dadas desde el principio de la legislatura. Usted no es el Tribunal Constitucional, y para cumplir una resolución judicial no le tiene que convencer, hay que cumplirla. ¿O acaso convence (la decisión judicial) a quien le van a demoler un edificio?», ha espetado.

No está de acuerdo el Ministerio Fiscal en que el tribunal no aprecie delito continuado en esa desobediencia reiterada de las resoluciones del TC por parte de los miembros de la Mesa. Ni el tribunal del «procés» en el caso de Forcadell ni el TSJC en el de los tres miembros de la Mesa condenados por estos hechos lo han considerado así (el segundo aplicando la decisión que primero tomó el Alto Tribunal). «Creo que no debemos perpetuar el error y entender que esto no es un delito continuado (...). Aquí no hay una unidad de acción, sino hechos que por sí mismos son constitutivos de desobediencia porque son varios momentos (hasta ocho) en los que el TC ordena y muchos más en los que se desobedece». Moreno cree que ese año y cuatro meses de inhabilitación es lo justo, cuatro meses menos de los que el TSJC impuso a los tres miembros de la Mesa, porque «su continuidad delictiva es menor» (a partir de la ley de transitoriedad jurídica, Nuet votó ya con los diputados constitucionalistas).

También la Abogacía del Estado mantuvo su petición de pena, la misma que el fiscal. Recordó que a Nuet «se le notificaron todos y cada uno de los requerimientos», y que estas órdenes se remitieron a los miembros de la Mesa a título particular, por lo que Nuet o puede ampararse en su grupo parlamentario (entonces Catalunya Sí que es Pot). Ha resaltado la abogada del Estado, Rosa Seoane , que sus compañeros de Ciudadanos y el PSE , José María Espejo y David Pérez Ibáñez , que se sentaban también en esa Mesa agotaron todas las vías para la admisión a trámite de las iniciativas rupturistas, algo que, sin embargo, no hizo el procesado. «Ellos pidieron informes jurídicos», ha dicho. Si pese a las advertencias de los letrados, la admitían a trámite, ellos votaban en contra; cuando salía adelante pedían su reconsideración... «Nada de esto hizo el procesado» , ha dicho Seoane.

Previamente habían testificado el letrado mayor y el secretario general del Parlament, quienes han señalado que en todo momento advirtieron a los miembros de la Mesa de que los textos que iban a admitir a trámite contravenían el mandato del TC. El primero, Bayona ha dicho que antes de la primera advertencia del TC, en el Parlament «podía existir un debate sobre si las decisiones del TC tenían que proyectarse sobre la admisión o sobre el producto final». Pero luego ya no: «Las resoluciones del TC decían lo que decían y eran muy concretas en el sentido de deber de paralizar nuevas iniciativas que pudieran dejar sin efecto o contradecir decisiones del TC». «¿Entonces ustedes entendieron que ese deber de paralizar se refería a la admisión a trámite y no a la tramitación?», le preguntó el fiscal. «Sí, las providencias eran muy específicas y quisimos que la Mesa tuviera conciencia de que lo que decía el TC afectaba a la admisión a trámite».