El Supremo juzga por desobediencia a un diputado de la Mesa del Parlament que presidía Forcadell

Nuet está acusado de un delito continuado de desobediencia grave por haber votado como miembro de la Mesa del Parlament catalán –secretario tercero- a favor de la tramitación de diversas iniciativas parlamentarias , a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional para que se abstuviera de hacerlo y de los informes desfavorables de los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica. No se enfrenta a pena de prisión pero sí a la de multa e inhabilitación.

En su resolución, el Supremo rechazó que la competencia deba mantenerse en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , como reclamaba el aforado, que aludía a un acuerdo de Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 2 de diciembre de 2014, que estableció que en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado.

Tales alegaciones –aclara la Sala- no pueden ser estimadas porque dicho acuerdo «se refiere a los supuestos de pérdida de fuero procesal durante la tramitación de la causa, pero no a los casos de adquisición sobrevenida de un fuero procesal por quien hasta entonces careciera de uno o estuviera amparado por otro diferente».

El tribunal que juzgará a Nuet está formado por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, como presidente y ponente , Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Susana Polo y Eduardo de Porres.

Está previsto que el juicio dure dos días: en el primero, además del interrogatorio a Nuet, está previsto que declare como testigo la propia Carme Forcadell, así como miembros de la Mesa del Parlament, el secretario general de la Cámara autonómica y el letrado mayor del Parlament en la XI legislatura.

En octubre de 2020, el TSJC condenó a 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa a cuatro diputados de la Mesa del Parlament por desobedecer con «contumacia» al Tribunal Constitucional y permitir que se tramitaran aquellas resoluciones. Los jueces consideraron que los acusados realizaron un «cálculo estratégico» a sabiendas de que su actuación era ilegal.