El fiscal general ordena investigar posibles delitos de la Generalitat

Lejos de esforzarse por salir del entuerto y atribuirlo a un malentendido, nada más conocer la decisión del Ministerio Público, Vidal, presionado por ERC y la Generalitat, decidía dejar su cargo de senador comprometiéndose a seguir trabajando por la independencia. Mientras desde el Gobierno se aplaudía la «necesaria» investigación de la Fiscalía, desde el gobierno catalán se negaban de forma tajante las afirmaciones del juez.

La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña , que dirige José María Romero de Tejada, llegaba apenas unas horas después de que la Fiscalía General del Estado la anunciara a través de un comunicado. Se trata de unas diligencias de investigación, lo que implica que el asunto no pasará a manos de la justicia, y por tanto, no estará «judicializado» hasta que el Ministerio Público considere que hay verdaderos indicios de delito. Si tras practicar unas mínimas diligencias no se llegara a esa conclusión el caso quedaría archivado sin haber pasado por el juzgado.

Según la Fiscalía, las declaraciones de Vidal, suspendido por participar en la redacción de la «constitución catalana», «sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos». El apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal u otra índole por personas no autorizados supondría un delito de descubrimiento y revelación de secretos .

A juicio de la Fiscalía, las palabras de Vidal justifican «sobradamente» la apertura de esta investigación. En una de sus intervenciones, el polémico exsenador pronunció las siguientes palabras: « La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales . Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal».

Pero el Ministerio Público también quiere saber si se han llevado a cabo trabajos de campo o listas «sobre la afinidad ideológica» de los jueces y magistrados de Cataluña con los postulados del independentismo. Y ello porque «en caso de existir tales listas se habrían hecho conforme a datos obtenidos sin la debida autorización de sus titulares», lo que implicaría otro delito de revelación de secretos en su modalidad agravada. «Sabemos con qué jueces podemos contar», dijo Vidal en otra de sus conferencias.

La deriva judicial del «caso Vidal» es solo la espuma de la gran ola política que ayer batía sobre el proceso soberanista tras conocerse el contenido de las conferencias del locuaz senador. Entre las sospechas sobre la hipotética veracidad de algunas de sus afirmaciones, y la certeza de que otras se enmarcan en el terreno de la más desbocada fantasía, el escándalo fue mayúsculo, con consecuencias ciertas sobre el proceso.

La consecuencia más inmediata fue la dimisión de Santi Vidal, presionado por la propia ERC y el gobierno de la Generalitat, que ha visto como sus declaraciones golpeaban de lleno sobre el flanco más débil del proceso secesionista, el de su manifiesta ilegalidad, ahora ya no solo en cuanto a su objetivo último, sino en cuanto a su procedimiento . Toda la estrategia diseñada quedaba así en evidencia.

En una situación política insostenible, y cuando las peticiones de comparecencia alcanzaban ya prácticamente al gobierno Puigdemont en pleno, a primera hora de la mañana el juez Vidal comunicaba a ERC su renuncia, con objeto, según él mismo, de « no ser un obstáculo para el proceso ». «He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad no se ajustan a la realidad», reconocía el exjuez.

Tratando en vano de parar la vía de agua, la Generalitat salía en tromba desmintiendo las afirmaciones de Vidal. Por boca tanto de su portavoz como del propio presidente Puigdemont o del consejero de Interior Jané se aseguró que Vidal mintió, mientras que el departamento de Economía se brindaba a someterse a una auditoría para demostrar que no poseen datos obtenidos de manera ilegal.

Por su parte, informa Itziar Reyero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que la dimisión del senador de ERC era «inevitable» después de hacer públicas unas afirmaciones «absolutamente preocupantes». El jefe del Ejecutivo emplazó a la investigación abierta por la Fiscalía para aclarar su veracidad y, aunque no quiso adelantar acontecimientos, reconoció que «sería de una enorme gravedad » si se confirman. «Espero que la Fiscalía confirme que estas afirmaciones no son ciertas», abundó.

En todo caso, Rajoy dijo que el desmentido de la Generalitat le «tranquiliza» . Desde el Gobierno se evitó así echar más combustible al fuego abierto por el desafío independentista y se circunscribió el último episodio a la propia naturaleza polémica del juez. «Realmente es muy preocupante que en el siglo XXI se puedan oír esta suerte de cosas. La mesura y el diálogo sirven para resolver problemas, la exageración y el extremismo no conducen a nada», remachó el presidente del Gobierno.