El fiscal cuestiona que Trapero tuviera un plan para detener tras la DUI a Puigdemont

Le recriminaba el representante del Ministerio Público a Trapero que hubiera esperado a testificar en el Supremo para desvelar ese supuesto plan, cuando antes ya había tenido la oportunidad de hacerlo durante la instrucción al declarar como imputado en la causa que ahora juzga la Audiencia Nacional. «¿Por qué no lo manifestó hasta que testificó en el Supremo?», le insistía Miguel Ángel Carballo.

El fiscal puso ayer en cuestión ese plan, al que aluden dos mandos de los Mossos en un informe posterior a los hechos al que ha tenido acceso ABC. Lo elaboraron a petición de la Audiencia Nacional -ya cuando Trapero estaba imputado- y en él justifican que no se plasmara «por escrito en ningún documento» con el fin de «evitar cualquier tipo de filtración y garantizar la máxima confidencialidad».

Si ese plan existía, lo que está claro es no hay constancia documental. Lo que sí existe es un correo que desde la Prefactura de los Mossos se envía a todos los comisarios, por orden de Trapero, en el que el 25 de octubre -dos días antes de la declaración de independencia- se comunica la previsión de «un dispositivo policial a ejecutar que asegure el cumplimiento de las órdenes judiciales que a tal efecto se puedan recibir». Ese dispositivo, que habría de estar en marcha desde el día anterior al posterior de la DUI, comprendería la activación de recursos como helicópteros, los Grupos Especiales de Intervención (GEI) de los Mossos -el equivalente a los GEO de la Policía Nacional- y medidas extraordinarias como el «cierre del parque» de la Ciutadella, donde está ubicado el Parlamento catalán, en el que se declararía la independencia.

Ese correo de Trapero a los comisarios , al que ha accedido este diario, no contenía mucha más información. Fue ya mucho después cuando los Mossos -con Trapero ya investigado- aportaron a la Audiencia Nacional el informe antes citado sobre ese supuesto plan. Ese informe asegura que el 24 de octubre Trapero había convocado una reunión con los comisarios Ferran López y Joan Carles Molinero para «valorar la situación que podría generarse» como consecuencia del anuncio del Govern de declarar la independencia en el Parlament tres días después.

En aquella reunión -siempre según dicho informe, elaborado a posteriori- Trapero encargó a estos dos mandos un dispositivo que contemplase «la operativa necesaria para poder dar cumplimiento a una posible orden judicial» por la que se encargase a los Mossos «la detención del presidente de la Generalitat y/o de los miembros de su gobierno». Ese encargo, contenía el mandato de Trapero de que el dispositivo se elaborara «con la máxima discreción». Ordenaba, además, que «dichas detenciones debían practicarse necesariamente por miembros de la escala superior del cuerpo de Mossos». Y ese dispositivo, siempre según este escrito, establecía la creación de binomios policiales formados por un comisario y un intendente, «asignándole a cada uno de ellos la detención de uno de los miembros del gobierno, si es que dicha medida se acordaba judicialmente».

Para ahondar en la disposición de Trapero a colaborar con la justicia, su abogada recordó ayer que el mayor justo después de la DUI telefoneó al presidente del TSJC y al fiscal superior de Cataluña y les envió sendos correos «poniéndose a su disposición». Así consta en sendas cartas, a las que ha tenido acceso ABC, en las que Trapero también dice al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal jefe catalán, José María Romero de Tejada, que «el cuerpo de Mossos d’Esquadra continuará garantizando la seguridad ciudadana y el orden público en Cataluña».

Con todo esto, Trapero intentaba desvincularse de los planes secesionistas del Govern, mientras el fiscal trataba de acorralarlo con una listado de correos que pondrían de manifiesto que el mayor estaba al tanto de la agenda del «procés».

El fiscal le fue desglosando uno a uno correos electrónicos que, entre otras cuestiones, aludían a «posicionamientos estratégicos» que sólo el Ejecutivo de Puigdemont conocía. En este sentido, Trapero negó conocer el calendario parlamentario cuando se le preguntó por un mail remitido por el comisario general de Información, Manel Castellví, en el que se especifican las fechas que tenía previstas el Govern para la tramitación legislativa de las resoluciones independentistas. «Usted tenía una información privilegiada sobre la tramitación legislativa que iba a llevar a cabo la Generalitat», le ha reprochado el fiscal. «Suponer que me leía todos los informes que me remitían es mucho suponer. Uno no tiene capacidad de leer todo lo que recibe en el correo», le contestó Trapero. En cualquier caso, «de los informes de la Comisaría General de Información es responsable el comisario general de Información, no yo», añadió. Y esa misma respuesta recibió Carballo cuando interrogó al acusado sobre la ampliación de atestados policiales en los que se habrían ocultado datos esenciales para la investigación.

El mayor de los Mossos negó estar al tanto de «posicionamientos estratégicos» del Ejecutivo de Puigdemont cuando el fiscal le sacó a colación un correo en el que se alude a una reunión en la que participó el secretario general de la Consejería de Interior César Puig, y en la que se abordó un «escenario con competencias plenas», entre ellas las aduanas. Trapero ubicó esa reunión en un intento de los miembros de la Generalitat de sonsacar información a la Policía autonómica. No era la primera vez que sucedía algo semejante, según explicó a preguntas del fiscal. Así, en otra ocasión, el Govern había intentando obtener una copia de la base de datos de los Mossos sobre los clientes registrados en hoteles y apartamentos en Cataluña. «Querían tener información de tipo fiscal por si los hoteles pagaban o no pagaban. Yo me negaba, me parecía una barbaridad», respondió Trapero.

Hubo otro intento del Govern, reveló, de sonsacar a los Mossos información que el mayor de la Policía catalana consideraba inapropiada. Querían datos sobre investigaciones judicializadas de fraude fiscal. «Les dije que si tenían interés en ello debían pedirlo a la autoridad judicial».

Trapero también arremetió contra el exdirector de Mossos Pere Soler, que se sienta junto a él en el banquillo de la Audiencia Nacional, y a quien atribuyó poner en marcha «iniciativas extravagantes», como una querella que suscribiría el consejero de Justicia Carles Mundó de los Mossos contra la Fiscalía por combatir el desafío independentista. «Ni se te ocurra querellarte en nombre de los Mossos, porque no tienes nada que decir», dice Trapero que le espetó a Soler.

Casi otras cuatro horas de interrogatorio no consiguieron arrojar más luz sobre el papel de los Mossos el 1-O. Por segundo día consecutivo el mayor defendió ante el tribunal el operativo policial autonómico el día del referéndum («hice mi trabajo lo mejor que pude») y la imposibilidad material de que 7.000 efectivos del Cuerpo autonómico -un número muy inferior al desplegado en convocatorias electorales ordinarias- fueran capaces de contener a unos electores que defendían las urnas «como si les fuera la vida en ello». Contrariamente a todos los informes de riesgos y a la propia advertencia que el 28 de septiembre hizo a Puigdemont sobre la violencia a la que estaba abocada esta convocatoria, Trapero esperaba que aquella fuera una jornada pacífica. Sobre todo porque «cualquier cerilla podía encender una hoguera importante».