El extraño caso del informe de la Abogacía del Estado

Además, la Ministra de Hacienda se escudó para negar la financiación en un supuesto informe de la Abogacía del Estado. ¡Y dicho informe no existe, al menos por escrito! Cuando se pregunta a un ministro en sede parlamentaria sobre una cuestión de esta relevancia y la respuesta es que existe un informe, si después resulta que dicho informe no existe, lo menos que podemos decir es que ese ministro o ministra ha incurrido en falsedad y en incompetencia . Porque te van a pillar seguro. La Ministra Montero intentó justificarlo más tarde aduciendo que fueron consultas verbales, de esas que no se pueden ni probar, ni negar. ¿En un tema de esta importancia se da una respuesta con base en informes verbales? ¿Existiendo la petición de una comparecencia parlamentaria?

El miércoles, un día después de la sesión de la Diputación Permanente, apareció al fin el informe de 13 folios de la Abogacía del Estado … en el diario El País. Quizás en lugar de ineptitud es prepotencia, en el sentido de que cree la Ministra que no tiene que dar explicaciones al pueblo español. A lo mejor no existía el informe y se ha confeccionado a toda prisa. Igual se trata de una maniobra para presionar en favor de una investidura de Pedro Sánchez, ahogando financieramente a las comunidades autónomas para acelerar la formación de un Gobierno con competencias plenas que pueda desbloquear la financiación. Cuando se miente, cuando se oculta, es lícito plantear cualquier hipótesis como plausible.

El informe, al parecer, señala que el gobierno en funciones no puede actualizar las cantidades a transferir a las comunidades autónomas , porque ello comprometería futuros gobiernos. Esta conclusión resulta escalofriante. ¿Quiere ello decir que futuros gobiernos, por su pura voluntad, pueden decidir que no se financien adecuadamente desde el Estado los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas? ¿No es obligatorio por parte del Estado proporcionar la adecuada financiación de las comunidades autónomas de acuerdo con los parámetros que las Leyes disponen? La respuesta es evidente. Pero estamos ya acostumbrados en este país a que este aspecto de la financiación autonómica nunca se trate desde el punto de vista estrictamente técnico, sino desde el punto de vista político , y éste es el verdadero problema. Y así, si quiero tener contento al PNV, le subo el Cupo sin siquiera valorar el coste de los servicios que financia dicha transferencia del dinero de todos, o usando al servicio de un partido político los órganos del Estado para que justifiquen que el Cupo está bien calculado. Si quiero tener contentos a los independentistas catalanes, les prometo una riada de millones en el proyecto de presupuestos sin siquiera justificar por qué esos miles de millones no se invierten en el tren de Extremadura, en fomento del empleo, en esta o aquella autovía, en ayudas a la dependencia, a las familias, a los autónomos.

En fin, el martes asistimos a un espectáculo más de ineptitud o prepotencia por parte del gobierno de Sánchez . Se trate de una cosa u otra, o ambas, lo evidente es que la señora Montero no pueda seguir siendo Ministra de Hacienda.

* Edmundo Bal es diputado de Ciudadanos y abogado del Estado.