La CUP exige cambios por 760 millones para apoyar los Presupuestos de la Generalitat

Las enmiendas presentadas por la CUP exigen el «rescate» de 760 millones de euros para fines sociales, que se conseguirían reduciendo o suprimiendo otras partidas, entre ellas, la externalización de servicios, la reducción en un 19% del sueldo de los altos cargos y personal de confianza o la eliminación de subvenciones a las escuelas concertadas o a la F1 en el Circuito de Montmeló.

Las exigencias de la CUP son claras; falta ahora por saber hasta qué punto la Consejería de Economía está dipuesta a moverse para lograr el apoyo de los antisistema, un voto que, a falta del acompañamiento de otros grupos, es imprescindible para aprobar las cuentas. La presión sobre la CUP tampoco es menor, en tanto que el gobierno de Carles Puigdemont ya ha advertido de que la aprobación de los Presupuestos es condición «sine qua non» para no disolver de manera anticipada la legislatura y, por tanto, para la celebración en otoño del pretendido referéndum de ruptura.

Aunque ayer desde la CUP se aseguró que no trabajan con «líneas rojas» , se asume que unos y otros comienzan ahora unas semanas de negociación para, al menos en el caso de los antisistema, poder presentar a la militancia un acuerdo que no se entienda como una cesión completa. La papeleta para los diputados «cuperos» no es fácil, en tanto que no serán ellos, sino el Consejo Político del partido -el mismo órgano que dictó la jubilación forzosa de Artur Mas- el que el 28 de enero decidirá qué se vota finalmente con respecto a los Presupuestos.

«Analizaremos el contenido definitivo, y si se garantiza la organización del referéndum y del proceso constituyente, la militancia de la CUP tomará una decisión», explicó ayer la diputada Eulàlia Reguant. Además de modificar partidas, una de las enmiendas de la CUP propone que la celebración del referéndum no se vincule a la existencia de un «marco legal vigente» -como se incluye ahora en el proyecto de ley-, sino que el mismo se realice en cualquier condición.

Por otra parte, el Parlamento catalán sacó ayer adelante una resolución en defensa de la «libertad de expresión» y de «apoyo pleno» a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, investigada por desobedecer al Tribunal Constitucional. El texto contó con el apoyo de Junts pel Sí, la CUP y de Catalunya Sí Que es Pot, partido este último que vuelve a sumarse al bloque soberanista.

En la resolución, el texto apunta que el único «límite» al que deben someterse los diputados del Parlament es el «ejercicio democrático, el respeto de la decisión mayoritaria y la garantía de lo derechos de las minorías». «Corresponde a los órganos de esta Cámara amparar el ejercicio de estos derechos, no coartarlos», se añade.