El exfiscal del caso Villarejo carga contra Delgado por su «interés personal y directo» en la causa

En la reclamación, a la que tuvo acceso ABC, Stampa apunta «una multitud de acciones y omisiones» que han causado «graves perjuicios» en su «derecho a la carrera profesional» y su «prestigio e imagen pública». La primera, esa «falta de abstención» de Delgado «en el proceso de valoración, votación y propuesta de los candidatos que concurrieron a las plazas vacantes de carácter discrecional» en Anticorrupción que tuvo lugar en el Consejo Fiscal del 27 de octubre de 2020.

Afirma que Delgado no se abstuvo «a pesar de concurrir en ella un interés personal y directo que le impedía participar y mucho menos dirigir el proceso» de selección siendo él, fiscal del caso Villarejo, uno de los aspirantes. En este sentido, refiere que en una de las piezas separadas de esa macrocausa «hay anotaciones de los principales investigados sobre una eventual participación de la propia fiscal general del Estado en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional», pero también «indicios de la participación de su pareja sentimental», Baltasar Garzón.

Sobre él, recuerda que «constan multitud de anotaciones sobre contactos» con «los principales investigados en el procedimiento» , así como recuerda que es su despacho de abogados quien representa a tres de los policías implicados. Con uno de ellos, relata el escrito de Stampa, «consta la participación directa» de Garzón como letrado , pues fue quien le asistió en la entrada y registro de su domicilio en julio de 2018 y también quien hizo «declaraciones a medios de comunicación calificando de ilegal la detención de su cliente».

Añade que fue «la pareja sentimental de la fiscal general del Estado» quien denunció la filtración de los audios de Villarejo en los que aparecía ella, -la grabación en un restaurante en la que Delgado se refería despectivamente a Marlaska por su condición sexual-, denuncia que acabó investigando la misma Fiscalía y resultó «desacreditada de forma expresa y motivada».

Pero además, Stampa habla en su reclamación de «patente infracción del deber de imparcialidad y neutralidad» de Delgado pues dice que era la Fiscalía General y no la de Madrid quien realmente estaba al frente de la investigación interna por revelación de secretos que se había incoado contra él y su compañero Miguel Serrano por cuenta de la difusión en prensa de unos chats internos del equipo legal de Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso Villarejo.

Según afirma, Delgado, que «ocultó» esta situación a los miembros del Consejo Fiscal que votaban las plazas y estuvo «dictando órdenes con formato de supuestas 'sugerencias' para continuar las investigaciones» , que se acabaron focalizando en su persona sin justificación y «contra el criterio del legítimo instructor del procedimiento».

Se trataba del fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, «que llegó a rechazar expresamente» las pesquisas «por su carencia manifiesta de fundamento» y dictó dos decretos dando carpetazo al asunto, pese a lo cual, Delgado dio «órdenes e instrucciones» para que aquellas diligencias internas «no se archivaran antes de la sesión del Consejo Fiscal» que decidía las plazas. Asegura que ese fiscal fue cesado en el puesto «por haberse apartado del criterio» de la Fiscalía General en este asunto y eso, que el caso recayó sobre él cuando su número dos «se opuso alargar la investigación» .

El escrito añade que a él mismo se le ocultaron «todas las concretas órdenes e instrucciones» de la Fiscalía General y que después, «todos los documentos acreditativos» de las mismas fueron desglosados del expediente. Esto significa que «todas las comunicaciones remitidas por la Secretaría Técnica» del departamento que dirige Delgado a la Fiscalía de Madrid, un total de 14 folios, fueron extraídas del expediente de la investigación a Stampa y trasladadas a otro, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC.

En este sentido, explica que recurrió en alzada ante la propia Fiscalía para requerir la documentación completa de su caso pero le fue negada, motivo por el que ha presentado una demanda en el Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que aspira a que se le reconozca el derecho a tener acceso a las actuaciones en las que él se convirtió en objeto de la investigación. Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, la demanda fue admitida a trámite y el expediente requerido a la Fiscalía General. El proceso está en espera de informe de la Abogacía del Estado.

Para el fiscal, el colmo es que la Fiscalía General del Estado emitió tres notas de prensa, dice, «dirigidas a menoscabar su imagen profesional» y no dio difusión alguna al archivo de las diligencias de investigación que le afectaban, «con infracción del principio de transparencia».

Stampa se encontraba en una situación de interinidad en la Fiscalía Anticorrupción cuando en 2017, asumió la primera denuncia que desencadenó la macrocausa sobre Villarejo junto al también interino Miguel Serrano. Ambos aspiraban a una plaza fija en aquel Consejo Fiscal de octubre de 2020. La Asociación de Fiscales, a la que estaba adscrito, no le propuso para el puesto. Mientras, la Unión Progresista de Fiscales propuso a su compañero, que sí obtuvo la plaza.