María Fernanda Richmond en imagen de archivo
María Fernanda Richmond en imagen de archivo - ABC
España

La exdirectora del Canal investigada en Lezo sale de prisión tras pagar la fianza

María Fernanda Richmond queda en libertad después dos meses y medio en prisión tras una rebaja de la fianza

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La exdirectora del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond ha quedado en libertad este viernes después de que el nuevo juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, le rebajara a 100.000 euros la fianza de 4 millones que le impuso el anterior instructor, Eloy Velasco, para poder abandonar la prisión.

En palabras de su abogado, Bernardo del Rosal, Richmond ha abandonado la prisión madrileña de Soto del Real en la que ha permanecido cerca de dos meses y medio tras abonar la nueva fianza.

García Castellón ha accedido a rebajarle la cantidad exigida para poder eludir la prisión provisional, en la que se encontraba desde el pasado 20 de abril, tras tomarle ayer declaración a petición de la propia Richmond, que pidió al magistrado poder defenderse «desde la libertad». Además, otros imputados en la causa que se encuentran en prisión han solicitado volver a declarar.

Con Richmond en libertad, son tres los imputados que permanecen en prisión: el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo González-al que Velasco también impuso una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión-, y Edmundo Rodríguez Sobrino, representante en Latinoamérica del Canal y considerado «hombre fuerte» en esa zona de Ignacio González.

Una nueva declaración

La exdirectora financiera del Canal pidió poder declarar ante García Castellón para poder aclarar ciertos aspectos de su gestión, ya que consideraba que no había podido detallarlos cuando fue detenida al no estar en condiciones para ello, dado que compareció ante el juez Eloy Velasco a las diez de la noche tras permanecer en calabozos desde las cuatro de la tarde.

Su intención con esta declaración, que se prolongó dos horas y media, fue la de concretar al juez las acciones en las que intervino con respecto a la compra irregular de la empresa brasileña Emissao, hechos por los que se le acusa de delitos de organización criminal, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

Por estos mismos hechos está acusado el exgerente del Canal Adrián Martín, quien quedó en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza, y en ello se apoyó el abogado de Richmond, que pidió para su clienta el mismo trato que se le había dado «a su jefe», para solicitar una rebaja de la fianza.

El pasado junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional de Richmond y no vio «desproporcionada» la fianza impuesta para eludir la cárcel, como defendía su defensa.

La Sala entendió que en su caso persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas al estar investigada por «desvíos de dinero público madrileño (25 millones de dólares) que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad» y de este modo enriquecía «a determinadas personas» a costa de la desaparición del patrimonio del Canal.